Electoras, votadas y no elegidas en Brasil, por Débora Thomé
En octubre Brasil vivirá una elección presidencial que se perfila como una de las más disputadas de su historia, tras dos comicios que ya dividieron al país, en 2018 y 2022. Lula, cuenta hoy con ventaja en las encuestas, sobre todo en las últimas semanas tras el más reciente escándalo de corrupción que salpicó al candidato de la familia Bolsonaro.
Sin embargo, la campaña aún no está y a pesar de indicadores económicos muy positivos, el presidente Lula sigue enfrentando una baja popularidad. Jair Bolsonaro, el expresidente, está inhabilitado para competir y cumple arresto domiciliario; por lo que designó a su hijo como candidato.
En medio de una disputa presidencial protagonizada exclusivamente por hombres, hay un actor político visiblemente ausente: por primera vez en veinte años, ninguna mujer disputará la presidencia.
Las mujeres son consideradas un electorado decisivo en estas elecciones. Conviene recordar que, el mismo día en que Brasil elija a su nuevo presidente, también se renovarán las cámaras de diputados/as estaduales y federales, se elegirán gobernadores/as y dos tercios del Senado.
Como en la mayoría de los países, las mujeres son mayoría en el electorado y, no por casualidad, en una disputa tan reñida sus votos son especialmente codiciados. Brasil, sin embargo, carga con una particularidad bastante vergonzosa: es el segundo peor país de América Latina en materia de representación política de las mujeres.
La importancia del voto femenino quedó especialmente en evidencia en las últimas elecciones presidenciales. En 2022, con la pandemia todavía fresca y el temor a que Bolsonaro continuara en el poder tras haber desalentado el uso y la producción de vacunas, las mujeres votaron mayoritariamente por Lula.
Así lo sugieren la mayoría de las encuestas, que apuntan a una lectura pragmática vinculada con la protección de la salud. Lo que ya se sabe, en todo caso, es que las mujeres tienden a votar desde una perspectiva del cuidado, lo que incluye la preocupación por la calidad de la educación y la inflación de los alimentos.
Ahora, sin la pandemia como marco de urgencia y con un gobierno que no ha logrado entusiasmar plenamente a ese electorado, la disputa por el voto femenino vuelve a abrirse.
En ambos lados existe una preocupación por conquistar ese voto que se refleja en los esfuerzos para endurecer las penas por feminicidio, una acción apoyada por ambos grupos políticos.
Aunque son actos que llaman la atención, es curioso notar que, detrás de esas estrategias persiste una lectura bastante simplista: la de que las mujeres tienen preferencias políticas similares por el solo hecho de ser mujeres.
Sin embargo, si la disputa por el voto femenino ocupa buena parte del debate, en estas elecciones del 2026 mucho menos se discute, dentro de los grandes partidos, el lugar de las mujeres como representantes.
Así quedó en evidencia el 24 de junio, cuando Michelle Bolsonaro, precandidata a algún puesto, publicó un video en el que denunciaba a su hijastro y compañero de partido, Flávio Bolsonaro.
Actualmente, Brasil ocupa el puesto 135 en el ranking de la Unión Interparlamentaria sobre presencia femenina en los parlamentos: la segunda peor marca entre los países latinoamericanos, superado únicamente por Belice.
Solo el 13% de los municipios tiene una alcaldesa; 18% de las diputadas federales son mujeres (la mayoría de ellas blancas y de partidos de derecha) y en casi 20% de las ciudades brasileñas no hay una sola concejala.
Treinta años después de la ley de cuotas de género, el porcentaje de mujeres electas sigue siendo escaso y los avances han llegado a paso de tortuga.
En gran medida, esto se debe al sistema electoral brasileño, combinado con prácticas partidarias profundamente masculinizadas, que operan como un filtro y reducen sistemáticamente las posibilidades de las candidatas antes de que el electorado llegue siquiera a ver sus nombres en la urna.
Las cuotas que obligan a los partidos a incluir al menos un 30% de mujeres en las listas existen desde fines de los años noventa. Sin embargo, en un sistema de lista abierta, garantizan solamente la candidatura, no que esta mujer tenga visibilidad.
En un sistema como tal, donde cada candidata compite individualmente por hacerse conocer, el acceso al financiamiento resulta determinante. Y los recursos públicos de campaña siguen fluyendo de manera desproporcionada hacia los hombres, sobre todo hacia quienes ya ocupan cargos y controlan las estructuras partidarias.
Pero el problema va más allá. Como aumentar la presencia de mujeres implica necesariamente reducir el espacio de algunos hombres, lo que predomina es la preservación del status quo. A ello se suman las barreras informales.
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En una investigación reciente, publicada en la revista Electoral Studies y desarrollada junto a Thiago Fonseca y João Victor Guedes Neto, identificamos que, tras los cambios legales destinados a promover candidaturas de mujeres y de personas negras, los partidos incrementaron el número de candidatas, pero principalmente de aquellas con escasas posibilidades de ser electas, garantizando apenas que aportaran más votos a sus respectivas siglas.
Muchas veces, aun cuando existen mujeres dispuestas a competir, aquellas que podrían ser candidatas potencialmente competitivas no llegan a serlo porque el partido no las financia, no las apoya y no las proyecta.
Y cuando el electorado no las conoce, simplemente no puede votarlas. A estas barreras se suma, además, la persistente violencia política de género, que en estas elecciones se ha vuelto visible, alejando a muchas mujeres de la disputa electoral.
El resultado es un sistema que necesita el voto de las mujeres, pero que sigue dificultando su acceso al poder.
Las reglas que estructuran el juego político en Brasil fueron hechas, históricamente, por hombres y para hombres, y continúan reproduciendo una representación profundamente desigual.
En 2026, mientras Lula y el hijo de Bolsonaro – o quien finalmente dispute la presidencia – compiten por el voto del grupo mayoritario del electorado, las mujeres, que siguen siendo indispensables para decidir quién gobierna, continúan lejos de ocupar, en la misma proporción, los espacios donde se ejerce el poder.
Débora Thomé es doctora en Ciencia Política, profesora del Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e integrante de la Red de Politólogas.
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