¿Elecciones sindicales con Lista Tascón-Maisanta?, por Gregorio Salazar
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Nadie se atrevería a refutar la gran verdad que acaba de expresar Dinorah Figuera, hoy al frente de la comisión negociadora que debate una agenda reformadora con Jorge Rodríguez: «En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos». Inobjetable, pero no dejemos fuera de foco el que en nuestro país en materia de DDHH lo afectado es todo su ámbito de acción y todas sus expresiones, por ello su recuperación debe ser tan amplia y plena como lo demanda la salvación de Venezuela.
El arrase de los derechos humanos desde la hora primera de los gobiernos chavistas fue y sigue siendo la causa primigenia y consecuencial de esta gran tragedia social que desde hace décadas impresionó a la comunidad internacional.
El ex primer ministro español, Felipe González, dejó una frase para la historia: «A mis 76 años, no he visto una destrucción tan grande, tan rápida y tan profunda como la de Venezuela sin que haya mediado una guerra».
Para resumir esa devastación de todo el ecosistema de los DDHH, bastaría contrastar el poético Preámbulo de la Constitución del 99 con la realidad. Y luego exigirle a quienes todavía siguen gobernando supuestamente en nombre de «la doctrina y el legado de Chávez» –general González, ministro de la Defensa, dixit– qué hicieron de «los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley» que llegaron ofreciendo «para refundar la Patria».
Eso, unido al derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación es lo que debería garantizar, según el mismo preámbulo, la vigencia «universal e indivisible de los derechos humanos». Expresión, información, participación política, etc. Y como marco general, ¿adónde fue a parar el famoso Estado de justicia, federal y descentralizado que prometieron? Nada, pulverizaron el Estado de Derecho.
Aunque no se mencione, el derecho al trabajo, a la cultura y a la educación es también la puerta franca hacia la prosperidad, una de las aspiraciones más humanas que existe y cuya vía para su retorno no termina de abrirse entre nosotros.
Pero ahora que el excandidato presidencial, Enrique Márquez, inopinadamente ha planteado comenzar la reinstitucionalización –que depende de lo electoral– realizando primero que todo las elecciones gremiales y sindicales, vale la pena traer a colación las informaciones que circulan en los campos petroleros donde estuve hace poco en contacto con amigos, familiares, gente que trabaja o aspira a trabajar en el Complejo Refinador de Paraguaná. Allí campea la discriminación y la exclusión.
No fue una sorpresa encontrarme con que para la contratación de personal en las refinerías de Amuay y Cardón y en las contratistas que las asisten son execrados todos quienes por propia convicción firmaron el referéndum revocatorio contra Chávez ¡hace 22 años!, humildes padres de familia que ven una y otra vez cómo se rechazan sus planillas de solicitud de empleo por estar incluidos en las ignominiosas listas Tascón-Maisanta, mediante un código muy particular ampliamente conocido en la zona.
Se aplica un círculo gris a quienes inducidos por el personal de la compañía firmaron una carta de «arrepentimiento». No obstante, permanecen luego en una especie de purgatorio a la espera de que quizá algún jefazo se conduela y algún día les dé ingreso.
Asimismo, el círculo negro se coloca en la lista a aquellos que no se han «arrepentido» de su «graherejía» al firmar para pedir el revocatorio al caudillo, pero no se les ha negado la posibilidad de «arrepentimiento». Y el círculo rojo es para aquellos que, hagan lo que hagan, jamás podrán entrar a la industria petrolera venezolana. Son los tildados de terroristas y traición a la patria. No me diga…
Eso se vincula y afecta tremendamente el derecho al trabajo, pero también al derecho a la asociación previsto en la Constitución y en los acuerdos internacionales de la OIT, y que se ejerce mediante la pertenencia a una organización sindical de la industria y, por lo tanto, con derecho a elegir y ser elegido.
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¿A cuántos han privado de ese derecho y siguen privados de él no solo en la industria petrolera, sino también en la administración pública? Entonces, elecciones de sindicatos con discriminación y segregación no pueden proceder.
A partir de las palabras de Márquez, en su alocución del jueves en predios dominados por el Gran Tutelaje, también podemos entender lo nefasto que ha resultado para los trabajadores y sus organizaciones el artículo 293, numeral 6, de la CRBV, que le dio facultades al CNE para «organizar» las elecciones de gremios y sindicatos. Son miles las organizaciones que no han podido renovar sus directivas desde hace décadas, con el consabido desgaste y desarticulación de sus estructuras.
Fusionar en un mismo amasijo las elecciones nacionales con colegios, gremios y sindicatos expuso a esas organizaciones a los avatares políticos de un país dividido hasta la polarización y con frecuentes convulsiones sociales que escalaron la calle.
Ese 293 será uno de los primeros artículos que debe desaparecer cuando tengamos una nueva Constitución Nacional para que gremios y sindicatos recuperen su autonomía e independencia electoral.
Finalmente, con su propuesta Márquez también está diciendo cómo es el orden de las elecciones por venir. Cuando el pueblo exige las presidenciales, el régimen y no sabemos si también Trump quiere regionales. ¿Y ahora también sindicales?
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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