El trapo rojo de Jaqueline Faría, por Carlos Rodríguez
Twitter: @EdilcarlosR_Ccs
Sorpresivamente, si se quiere, una de las primeras voceras del madurismo anunció la propuesta para que los municipios Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo del estado Miranda pasaran a ser absorbidos por el Distrito Capital. Si fue una “declaración” para trasladar el centro del debate que se está dando en el Área Metropolitana —sobre la grave crisis de los servicios públicos, la infame calidad de vida que soportan sus habitantes, la poca movilidad de los costosos servicios de transporte, la mala y casi inexistente educación pública—, creo que, en parte, la antes llamada “princesa del Guaire” logró la tarea que se planteó.
Una sociedad –aún democrática– en vez de estar exigiendo este tipo de declaraciones infelices, más bien está ávida de que se supere la opacidad de lo ocurrido con la “masacre de La Vega”. Así la llaman ya expertos criminólogos y medios internacionales. Murieron más de 30 de sus habitantes, de los cuales no todos eran maleantes o delincuentes como los han calificado los voceros de las FAES y del Ministerio del Interior.
Deberá tomarse como referente la valiente denuncia que hizo sobre este lamentable e impune hecho de sangre, el conocido y respetado párroco de La Vega, Alfredo Infante, quien afirmó –por denuncia de sus feligreses– que más de cinco de los asesinados eran gente honesta y querida de la barriada; por lo tanto, no eran miembros de bandas ni aguantadores sino, simplemente, habitantes de esta humilde y populosa parroquia.
Al parecer, su “crimen” fue vivir en este espacio geográfico, en esta supuesta “zona de paz” donde la ley no impera, no existe.
Una consecuencia positiva –derivada del absurdo anuncio de la impuesta jefa de gobierno del Distrito Capital– ha sido las declaraciones de los alcaldes —electos democráticamente— de los municipios Chacao (Gustavo Duque), Baruta (Darwin González), El Hatillo (Elías Sayegh), así como del alcalde del Municipio Los Salías (Josy Fernández), quienes unidos han rechazado la pretensión de desmembrar el territorio del estado Miranda. Por el contrario, con apoyo de los vecinos —han convocado foros y asambleas públicas— exigen se recupere el Distrito Metropolitano de Caracas, con su alcalde y Cabildo.
Esa es la solución constitucional y legal aprobada por la Constituyente de 1999 para la coordinación de políticas públicas, en el espacio urbano del valle de Caracas, con gobierno municipales a dos niveles, alternativa válida, democrática, que fue alterada por el brutal decreto de la ilegal Constituyente, en 2018, que lo eliminó, poniendo en la calle a más de sus 50 mil trabajadores caraqueños.
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En hora buena la justa reacción de nuestros queridos alcaldes de los municipios del Área Metropolitana de Caracas.
Estamos de nuevo ante una auspiciosa lid por los derechos democráticos para alcanzar alternativas de un gobierno metropolitano en consulta con los vecinos y otros actores: iglesia, empresarios, trabajadores, expertos urbanistas y juristas constitucionalistas, historiadores y cronistas municipales; que abra camino al territorio del “valle de los toromainas”, a nuestro hermoso y vital espacio territorial donde habitamos más de seis millones de venezolanos.
Al terminar estas reflexiones, fui informado de la destitución de Jaqueline Faría. Al parecer, sus destempladas declaraciones no fueron consultadas con la cúpula del gobierno madurista. Debemos seguir discutiendo sobre tan significativo tema. La propuesta de la “zarina” fue a parar al Guaire, tradicional río caraqueño.
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