El terror como instrumento de poder, por José Rafael López P.
El término Sippenhaft, traducido como «culpabilidad por asociación familiar,» tiene sus raíces en la Alemania nazi, donde se utilizaba para castigar a los familiares de quienes eran considerados enemigos del régimen. Este concepto jurídico, implementado durante el Tercer Reich, establecía que la responsabilidad penal de una persona acusada de crímenes contra el Estado se extendía automáticamente a sus familiares. Estos eran considerados igualmente culpables, arrestados e incluso, en algunos casos, condenados a muerte por los actos cometidos por su pariente acusado.
Este adefesio jurídico, asociado a los horrores del nazismo bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, jefe máximo de las SS, ha trascendido su contexto histórico original y resurgido como una herramienta de coerción en diversos regímenes represivos contemporáneos.
En los últimos tiempos, la represión en Venezuela, no se ha limitado únicamente a los individuos que se posiciona como disidente del régimen. Víctimas de la barbarie que suelen ser deshumanizadas y etiquetadas como «traidores» o «enemigos de la patria». La misma se ha extendido a los familiares de opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos o incluso miembros de la Fuerza Armada quienes han sido blanco de amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias e incluso tortura.
Múltiples han sido los casos en los que organismos de seguridad del Estado, como el Sebin, la Policía Nacional y la Dgcim, han detenido y torturado a familiares de militares o políticos opositores, bajo la acusación de «cómplices» o como represalia directa por las acciones de sus parientes. Esta práctica ha tenido un doble propósito: chantajear emocionalmente al detenido y sembrar miedo y terror entre sus familiares.
Vale acotar que la lógica forma parte parte del terrorismo de Estado, concebido dentro de la aberrante doctrina de seguridad nacional bolivariana. Doctrina en los cuales conceptos como territorialidad, soberanía, enemigo interno y externo, así como el desarrollo de la nación, fueron redefinidos en función de los objetivos geopolíticos del proyecto autoritario bolivariano.
El uso del Sippenhaft por parte de los organismos represivos del Estado no solo constituye una violación de derechos humanos fundamentales, sino que también infringe principios básicos del derecho internacional, como el derecho a la presunción de inocencia y la prohibición de castigos colectivos. Estas acciones pueden ser analizadas desde la perspectiva de crímenes de lesa humanidad, tal como lo ha señalado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
La implementación de prácticas similares al Sippenhaft en Venezuela pone de manifiesto la desesperación de un régimen que, ante la pérdida de apoyo popular y de legitimidad, busca aferrarse al poder a toda costa, incluso a través de la represión indiscriminada.
El castigo colectivo, lejos de ser una herramienta eficaz de control, revela las fracturas internas de un sistema que, al desmoronarse, recurre al miedo como su último recurso para intentar someter a la población. Estas prácticas no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino que también evidencian la fragilidad de un régimen facho que, incapaz de garantizar la justicia, recurre a la violencia para intentar asegurar su permanencia.
La historia ha demostrado una y otra vez que, aunque los regímenes autoritarios puedan sembrar el terror y someter a los pueblos a través de tácticas de represión brutal, no pueden suprimir indefinidamente el anhelo de libertad y justicia que late en el corazón de las naciones. «Los pueblos siempre encuentran el camino hacia la libertad.»
José Rafael López Padrino es Médico cirujano en la UNAM. Doctorado de la Clínica Mayo-Minnesota University.
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