El silencio de Hipócrates: deontología médica y DDHH, por Gustavo J. Villasmil Prieto
Un nuevo crimen, el de Víctor Hugo Quero Navas, replantea un debate ético que la comunidad médica internacional creyó haber saldado hace muchos años escribiendo códigos, juramentos y declaraciones universales: el de la claudicación de la moral médica frente al poder de los aparatos de coacción estatal.
Víctor Hugo Quero Navas muere bajo custodia del Estado venezolano. Tras meses de búsqueda y de clamor por una fe de vida, su madre tuvo como respuesta una tumba. ¿Cuándo y dónde murió? ¿De qué?
Cuando la pérdida de una vida ocurre bajo la tutela del Estado, el análisis no puede reducirse al ámbito de lo meramente clínico, jurídico o administrativo, desvinculándolo del deber superior que imponen la ética y su rigurosa observancia a todo profesional a cargo de la evaluación, certificación o mitigación del daño a las personas, sobre todo en entornos de privación de libertad.
Sirva una vez más la experiencia de los juicios de Nuremberg para recordárnoslo. Casos como el de Karl Brandt, médico personal de Adolf Hitler, Comisionado del Reich para la Sanidad y la Higiene y máximo responsable del programa de eutanasia forzada conocido como Acción T4, no fueron escasos.
Otro muy notorio fue el de Karl Gebhardt, médico personal de Heinrich Himmler y, vergonzosamente, presidente de la Cruz Roja Alemana para la época. Dirigió personalmente experimentos quirúrgicos brutales en prisioneras en el campo de concentración de Ravensbrück. Hubo muchos más. Tan pronto el poder que los protegía cesó, a todos se les hizo justicia; justicia que no los perdonó.
El principio fundacional del ejercicio médico –el de la preservación de la dignidad humana y el alivio del sufrimiento sin distingo de la condición civil o jurídica del sujeto– no admite zonas grises ni eximentes de responsabilidad fundadas en la obediencia debida, la lealtad política, la seguridad nacional y patrañas por el estilo.
Evoco muy especialmente la Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial de 1975. El mandato en ella contenido es tajante: el médico tiene prohibición absoluta de participar, consentir o presenciar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
No obstante, la historia de la medicina está llena de ejemplos en los que la frontera deontológica cedió ante la institucionalización del secreto médico o la adulteración de informes de defunción con el fin de enmascarar daños corporales deliberadamente infligidos. No se diga tampoco que el tema nos es extraño.
El ensayo testimonial de quien fuera mi maestro de Histología en la Escuela Vargas de Medicina, el profesor Ildemaro Torres, lo puso en claro hace 50 años. Dicho ensayo, titulado «Chile, de Allende a la Junta Militar» (1974), recoge y denuncia sin reserva alguna la tragedia de la degradación deontológica de la práctica médica bajo los totalitarismos coercitivos como el de Augusto Pinochet.
Escrito desde la perspectiva del observador médico y del académico, el texto del doctor Torres expuso con rigor cómo los aparatos de represión del Estado chileno coaccionaron e instrumentalizaron el conocimiento científico de profesionales de la salud para monitorizar los límites del dolor en los sometidos a tortura, certificar falsos diagnósticos clínicos y encubrir muertes bajo custodia.
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En su riguroso trabajo de investigación, el maestro Torres desglosó con precisión académica la participación de profesionales de la medicina en actos de tortura en Chile durante la dictadura militar.
Su obra no solo constituyó un documento de denuncia criminal sino todo un tratado de patología ética, demostrando que la degradación moral de un sistema no solo requiere de ejecutores materiales sino de avalistas científicos que validen la impunidad mediante el lenguaje de la patología forense. La Alemania nazi fue también un claro ejemplo de ello.
La lección que nos lega la investigación del maestro Torres, aplicable a cualquier latitud jurídica contemporánea, es que el acto médico clínico o forense no es un mero trámite burocrático.
La alteración de un hallazgo, la omisión intencionada del diagnóstico de una fractura, amputación, herida o hematoma o la firma precipitada y sin previa verificación de hallazgos de un acta de defunción en casos de muertes bajo custodia estatal, constituye una violación directa de los mandatos más elementales de la ética médica.
La bioética moderna cataloga estas acciones no como mala praxis, sino como complicidad técnica en crímenes contra la humanidad. Ante casos que, como este, conmocionan a la opinión pública, la respuesta de las corporaciones médicas y académicas venezolanas debe ser unánime, sin sesgos de cualquier tipo y, sobre todo, de una contundencia ejemplarizante en los términos que señalan de los protocolos internacionales suscritos en Tokio.
Para que así la ciencia que cultivamos se manifieste siempre en lo más esencial de su mandado –hacer el bien y jamás el mal– guardándose de nunca ser degradada a medio para infligir deliberado ni sufrimiento a nadie ni para el ocultamiento de delito alguno.
La memoria histórica del profesor Ildemaro Torres y el estremecedor precedente de los juicios de Núremberg nos demuestran que la ciencia médica jamás puede declararse neutral ante el dolor infligido por el poder: o actúa como el escudo inquebrantable de la dignidad humana o se convierte en escribana técnica de la impunidad.
Ante este hecho, la deontología médica no puede reducirse a catálogo de sugerencias filosóficas a tomar discrecionalmente en tiempos de «paz institucional» y de «normalización»; muy por el contrario, debe erigirse en estatuto de resistencia científica y cívica ante los excesos del poder y en mandato inexorable para todo aquel que ejerza nuestra profesión.
En Venezuela hoy, toda claudicación del «deón» médico –del deber ser– no será tenida ya como mera inobservancia a la norma, sino como una traición absoluta al más sagrado de todos nuestros juramentos. Aquí no hay espacio para neutralidades acomodaticias.
Estamos emplazados: en el caso de Víctor Hugo Quero Navas, ¿hubo algún colega que pasó, vio e hizo? ¿O que pasó y vio, pero no hizo nada debiendo haberlo hecho? La Venezuela médica exige saberlo. Y el país entero también.
Gustavo Villasmil-Prieto es médico, politólogo y profesor universitario.
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