El sentenciado Copei, por Carolina Gómez-Ávila
En julio de 2015, la Sala Constitucional del TSJ dictó medidas cautelares y nombró una junta directiva ad hoc de Copei, en respuesta a la solicitud de amparo que 7 dirigentes regionales habían interpuesto ante ese tribunal.
No había pasado una semana, cuando el entonces Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, anunciaba que estaban expulsados de la alianza a fin de evitar “que la larga mano del régimen utilice a Copei como puerta de entrada para dinamitar la unidad”. [1]
El martes pasado, el mismo tribunal puso punto final al caso, confirmando a la directiva que quedó registrada en la sentencia N° 0323-2019. [2]
He dicho el mismo tribunal, pero ¿realmente lo es?, ¿está ahora, como entonces, configurado según ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?, ¿mantuvo su legitimidad de desempeño?, ¿no cometió actos –contra el Poder Legislativo y contra los representantes legítimos del pueblo en la Asamblea Nacional– que revirtieron el orden republicano y cortaron el hilo constitucional?
El caso es que es este tribunal el que ha dispuesto que en la nueva directiva estén, como vocales, dos de los que introdujeron aquel amparo y también Pedro Pablo Fernández y Carlos Melo, quien ocupó el cargo de Secretario General de Avanzada Progresista y, en 2016, siendo miembro de la directiva de ese partido, fue preso político del mismo régimen que ahora lo valida como vocal suplente de Copei.
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Nadie se sorprenda. Todos cambiamos de opinión en la vida, algunos lo hacen varias veces, especialmente si hay aspiraciones políticas de por medio. El problema no es el individuo sino el daño que hace al sistema de partidos múltiples y, en consecuencia, a la democracia. Un daño del que la sociedad es cómplice, si no aplica un costo.
Si tienen éxito quienes van y vienen de un partido a otro, se entenderá que no es necesario tener compromiso ideológico ni doctrinario con la política para llegar al poder, bastaría una relación oportunista o quizás crematística. Y eso es lo que define a la antipolítica.
Quien se muda con frecuencia de convicciones, en realidad no tiene ninguna. Por lo general, cuando uno de esos es descubierto como antipolítico, lo niega con un retrechero y populista: “mi compromiso es con el pueblo”.
Me parece que esa es la esencia de este sentenciado Copei. Está hecho de gente que dirá poco del humanismo cristiano cuando haga gira por los medios cuyos apoyos ya están garantizado. Gente de la que leeremos, a los de siempre, halagarles, incluso, la altura del capirote.
Parece obvio que ser reconocidos como propietarios de la tarjeta verde tendrá precio: someterse a cualquier convocatoria electoral. No les importará si es írrita, no les importará si el liderazgo opositor –al que están tan ajenos– requiere la abstención en su estrategia, mucho menos les importará si su participación sólo sirve humillarlos públicamente.
Me pregunto si queda base copeyana con formación ideológica y doctrinaria que asuma su compromiso histórico con la democracia y, por convicción y disciplina, acaten la línea que dicte la coalición democrática, llegado el momento. Una forma de revertir la deshonra que representa esta sentencia.
