El Salvador: un sistema de posguerra colapsado, por Antonio Rando Casermeiro
¿Cómo llegó El Salvador a precipitarse por las simas del autoritarismo y la erosión del Estado de derecho actuales? ¿Justifica el feudo de la violencia y la behetría política tal resultado? En honor a la verdad, el país nunca fue un remanso de paz.
Desde su independencia de España (mediados del siglo XIX), la violencia endémica es parte de su ADN: golpes de estado, represiones militares, levantamientos campesinos y masacres a cargo del Estado.
Los ingredientes, pues, ya flotaban en la sopa primigenia que nos lleva al turbulento siglo XX y al XXI: la desigualdad social y la debilidad de los organismos del Estado coadyuvaron en el ensamblaje de las bases que sintetizaron el gen de la ubicua violencia, siendo la conflagración civil iniciada en 1980 una de las consecuencias.
Tras los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador entró en una posguerra que debía materializarlos. El país fue gobernado por Arena (1989–2009) y el FMLN (2009–2019). Las metas —desmilitarización, elecciones libres y libertad de expresión— fracasaron: persistieron la impunidad, la desigualdad y la debilidad del poder.
No es de extrañar, por consiguiente, que la violencia de las maras, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones minaran la fe en la democracia. En este sumidero de credibilidad y justicia emergió el ahora presidente Nayib Bukele, símbolo del agotamiento del sistema de posguerra.
Bukele: «outsider, ma non troppo»
Aunque Bukele se presenta como un recién llegado ajeno a la casta política, un hombre moderno, del pueblo, hiperactivo en redes —troll humano a ratos—, lo cierto es que navegó cómodamente en la política tradicional: fue alcalde por el FMLN (nada menos que de la capital) gracias a los vínculos y recursos de su acomodada familia.
Su expulsión del partido fue una huida hacia adelante para reinventarse como antisistema, pero en realidad es un hombre del sistema. Bukele ha sabido usar de forma magistral la fachada de independiente para consolidar su poder, con sus propias redes de privilegio, corrupción y clientelismo que han hecho enriquecerse a su familia desde que maneja las riendas del país.
Hoy ejerce ese control mediante el sometimiento del poder judicial y la opacidad en el uso de fondos públicos y/o del bitcoin, motivo por el cual ha sido sancionado por EEUU. Después llegó Donald Trump.
El bukelismo, a la búsqueda de etiquetas
Su modelo tiene componentes de lo que llamo el orbanismo (en su vertiente tropical), en referencia a Viktor Orbán, presidente de Hungría, que usa su victoria electoral como una especie de revolución querida por el pueblo, que le da carta blanca para la concentración del poder y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática.
Esto se logra mediante el control del poder judicial y legislativo, sin tocar el sistema en sí mismo. A esto se suma el punitivismo, basado en la represión y la mano dura contra las pandillas para ganar popularidad, aparentando eficacia en seguridad mientras se mantienen redes de privilegio y se erosionan las libertades civiles.
La victoria del bukelismo reside en imponer la dicotomía derechos humanos contra seguridad, presentándola como un hecho consumado, fuera de toda discusión. La fórmula contiene, del mismo modo, un autoritarismo consistente en regímenes de excepción permanente que justifican masivas y/o arbitrarias detenciones y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
También se ha dado al bukelismo el apelativo de autoritarismo popular, que enlaza con una tradición de caudillismo que echó raíces y prosperó en la región: votar por él no es algo nuevo.
Unos «logros» con trampa
Bukele presume de haber reducido la violencia con su «mano dura». Con todo, no es ni original: ya existieron los planes Mano Dura y Súper Mano Dura a principios de siglo. Pero, en realidad, se trata de una mano bajo cuerda, izquierda y blanda: la simple negociación con las maras MS-13 y Barrio 18.
Dos de sus líderes afirmaron que, desde 2014, Bukele pactó con ellos ofreciendo beneficios penitenciarios y dinero a cambio de apoyo electoral, que se materializó mediante el control territorial de las pandillas para coaccionar el voto y reducir temporalmente homicidios, mejorando así la imagen del entonces candidato.
De agentes y Constituciones: la profundización de Bukele en el autoritarismo
Dos hitos han marcado el 2025, un año fecundo en el capítulo del desguace paulatino de las instituciones democráticas: la reforma de la Constitución y la Ley de Agentes Extranjeros. En cuanto a la reforma constitucional, ya ha sido un recurso habitual en Perú, Colombia, Nicaragua, Venezuela o Hungría, que suponen una tendencia a confundir Constitución con programa electoral.
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma exprés de la Constitución con tintes muy orbanianos; a saber: uso la de amplia mayoría de Nuevas Ideas ―el partido de Bukele― en el Parlamento como apisonadora, sustrayendo todo debate a la oposición y confundiendo intencionadamente una carta magna con un programa electoral.
La «Constitución de Bukele» despliega los siguientes jalones: 1) permite la reelección presidencial indefinida; 2) amplía el período presidencial de cinco a seis años; 3) elimina la segunda vuelta electoral; 3) se adelanta en dos años el inicio del próximo mandato para sincronizar las elecciones generales con las de 2027.
La reforma supone la virtual fundación de un sistema político nuevo, un golpismo callado que pone en solfa los principios de alternancia y limitación del poder fijados en la Constitución de 1983.
El otro acontecimiento jurídico decisivo de 2025 es la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada vía decreto nº 308. La huella de Vladimir Putin es tenaz, con sus leyes de 2012. La ley georgiana de 2023 prácticamente calca a la rusa y a buen seguro inspiró a Trump a golpe de órdenes ejecutivas.
La ley salvadoreña se llama igual que la rusa y la norma se aprobó el 30 de mayo de 2025. Es palmario que las dos coinciden en los mismos objetivos: controlar y estigmatizar a organizaciones que reciben financiamiento extranjero, con la diferencia de que la ley salvadoreña es más agresiva aún en sanciones económicas.
*Lea también: Anatomía del colapso electoral hondureño, por Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda
La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador (2025) establece varias medidas que arrasan todo patrón democrático: 1) obliga a registrarse como «agentes extranjeros»; 2) grava con un impuesto del 30% dichos fondos; 3) estipula fuertes sanciones; 4) usa una redacción ambigua; 5) estigmatiza a las organizaciones de derechos humanos.
La consecuencia inmediata es que importantes ONG como Cristosal ya no operan desde El Salvador. Los otros grandes perjudicados son los medios de información. Así, la vieja APES (Asociación de Periodistas de El Salvador) o diarios como El Faro han adoptado similares medidas.
La Ley de Agentes Extranjeros ha suscitado una honda preocupación internacional, con la ONU instando a garantizar un entorno seguro. De igual modo, la CIDH o la Unión Europea (UE) criticaron la ley salvadoreña, lo que provocó la ira de Bukele.
En su línea a golpe de (antiguo) tweet, el líder salvadoreño reprocha a la UE ser un bloque envejecido y burocrático que se permite aún dar lecciones al mundo. Es un buen final para este artículo: resume perfectamente el modus operandi discursivo de Bukele.
Antonio Rando Casermeiro es historiador y doctor en Ciencias jurídicas y sociales con especialidad en Balcanes por la Universidad de Málaga. Máster en Historia por la Universidad de Granada.
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