El riesgo de fracasar de nuevo como país, por Rosana Sosa García y Arturo Araujo Martínez
El 13 de mayo el gobierno Interino de Venezuela anunció la reestructuración formal de su deuda soberana. El País lleva casi una década en default y ahora tiene sobre la mesa la primera oportunidad real de salir. Los bonos subieron. Los mercados lo leyeron como buena noticia. Y en cierta medida lo es: que el proceso haya comenzado importa.
Este proceso tiene dos graves problemas de fondo que no son detalles técnicos ni burocracia financiera. Son el tipo de problemas que convierten un acuerdo firmado en papel mojado, y que cuando se materializan, no los paga ningún fondo de inversión. La pagan Venezuela y los venezolanos más humildes reduciendo sus posibilidades de salir del fondo del pozo en que se encuentran.
Resaltamos, en primer lugar, que ninguna institución reconocida e independiente, con un mínimo de prestigio internacionalmente ha verificado el origen lícito de los bonos que se van a canjear, este en sí mismo es todo un tema para despejar.
En segundo lugar, no se conoce un canje de deuda creíble legalmente sin la emisión de una licencia que expide la Oficina de Control de Activos Extranjeros, (conocida como OFAC por sus siglas en ingles), agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales a personas, instituciones y países.
En el caso venezolano, Esta agencia ha emitido sanciones a lo largo de los años contra más de 150 individuos, empresas y organismos públicos vinculados al gobierno de Venezuela bajo múltiples Órdenes Ejecutivas.
Hasta la fecha este organismo no ha dado una licencia de reestructuración de deuda soberana a ningún país, sin un análisis económico-financiero de sostenibilidad de deuda emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que por mandato expreso del régimen que gobierna Venezuela, no participa del proceso de reestructuración. Esta ausencia generará dudas e incomodas preguntas en los mercados internacionales de deuda.
Los bonos tienen historia. Y esa historia está en los tribunales internacionales.
Hay algo que distingue a la deuda venezolana de cualquier otra reestructuración soberana reciente: una parte de los bonos que hoy circulan en el mercado fue, en algún momento, instrumento de un robo al Estado que ya tiene condena judicial firme. No es opinión. No es narrativa periodística. Son seis sentencias dictadas por jueces federales en los Estados Unidos.
Lo que juzgaron esos tribunales fue el mecanismo más escandaloso que produjo el chavismo en el plano financiero: dos Tesoreros Nacionales cobraron sobornos millonarios para que altos jerarcas boli chicos y su red pudieran comprar bonos del Tesoro venezolano pagando bolívares al tipo oficial – artificialmente barato por el control cambiario – y revenderlos en el mercado internacional a la tasa de cambio del mercado libre o paralelo.
La diferencia entre un tipo de cambio y otro llegó a superar el escandaloso margen del mil por ciento de ganancias. Cada operación era, en la práctica, extraer divisas del Estado venezolano en favor de un particular cercano o vinculado al gobierno. Y eso ocurrió durante años, con la firma de quienes custodiaban el dinero de todos los venezolanos.
Esas sentencias Judiciales no desaparecen porque ahora haya un proceso de reestructuración. Reposan en el registro público de los mismos tribunales de Nueva York que rigen el 87% de los bonos de la República.
Si Venezuela hace el canje sin haber determinado cuáles bonos tienen esa historia detrás comprometida, cualquier parte interesada puede impugnarlo ante esos mismos jueces. Y el juez no necesita probar de nuevo que hubo blanqueo: solo tiene que establecer si el proceso ignoró deliberadamente evidencia que era pública, firme y accesible.
Un canje impugnado en Nueva York no es un problemalegal manejable. Es el colapso de todo el proceso.
A lo anterior se suma que desde julio del año pasado la Unión Europea clasificó a Venezuela como jurisdicción de alto riesgo de blanqueo de capitales. Eso obliga por ley a los bancos europeos a verificar el origen de cualquier activo venezolano antes de procesarlo.
Sin esa verificación, la liquidación del canje puede bloquearse en Euroclear, que es la plataforma por la que físicamente se liquidan los pagos de bonos en Europa.
Sin el FMI, el número del acuerdo lo pone el que tiene el incentivo equivocado.
La reestructuración necesita determinar cuánto puede pagar Venezuela razonablemente. Eso se llama análisis de sostenibilidad de la deuda, y el que lo produce importa tanto como el número en sí.
Centerview Partners, es el asesor contratado por el gobierno venezolano y cabe preguntarse ¿para qué intereses trabaja?. Las proyecciones que haga tienen un incentivo natural hacia un optimismo que favorezca los intereses de quienes lo contratan con compromisos de pago con cifras que pueden sobrepasar más de 150-170 millones de dólares.
Cuanto mejor luzcan las perspectivas de pago de la deuda, menor es la quita que hay que conceder, y una quita menor es más fácil de vender a los distintos intereses políticos y económicos que representa el gobierno y sus asociados, bonistas incluidos.
El 14 de mayo de este año el propio FMI confirmó públicamente que no había participado en el anuncio de la reestructuración ni en el análisis de sostenibilidad que el gobierno de Venezuela prometió presentar en junio. Eso lo dice todo sobre el estado actual del proceso y los riesgos implícitos que aquí estamos advirtiendo.
El único análisis que los acreedores institucionales serios – fondos de pensiones, gestores de largo plazo, las instituciones que Venezuela necesita en la mesa para que el acuerdo tenga futuro, son las que aceptan, por creíbles, los números que estén avalados por Fondo Monetario Internacional, no por protocolo: es porque son los únicos que pueden llevar y defender como no sesgados ante sus propias juntas directivas.
Sin ese aval del FMI, quienes van a sentarse a negociar la deuda son los fondos especulativos que compraron bonos a quince centavos y aceptarán cualquier cosa que les dé ganancia, y se irán a realizar sus ganancias tan pronto firmen.
Hay un elemento más, la Licencia General 58 que la OFAC firmó el 5 de mayo solo autoriza la etapa preparatoria: contratar asesores, preparar documentos, o la reestructuración real, la transferencia ni la liquidación de los bonos o deudas, ni transacciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China.
Para ejecutar el canje validez legal bajo el derecho americano que gobierna esos bonos se necesita una licencia ampliatoria. Esa licencia ampliada en toda la historia reciente de las sanciones de Estados Unidos, nunca ha sido emitida para un país sancionado sin que haya habido antes algún tipo de acuerdo con el FMI.
No es una regla escrita en ningún reglamento. Es lo que ocurre en la práctica porque el Departamento del Tesoro americano no abre esa puerta sin una contraparte institucional que garantice que la nueva deuda no regresa al mismo ciclo de impagos y renegociaciones.
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Sin FMI no hay análisis de sostenibilidad creíble. Sin ese análisis no hay acuerdo serio. Y sin acuerdo con el FMI no hay licencia para ejecutar el canje legalmente.
Lo que esto significa una reestructuración fallida o una mala reestructuración para el venezolano de carne y hueso.
Conviene dejar de hablar en abstracto y decir exactamente qué ocurre si este proceso falla.
Si el canje es impugnado en los tribunales de Nueva York, los nuevos bonos quedan suspendidos mientras dura el litigio. Venezuela no puede emitir nueva deuda.
No podrá acceder al financiamiento multilateral para financiar los necesarios programas sociales que favorezcan a los sectores más vulnerables de la población venezolana hospitales, medicamentos, salarios decentes de los empleados públicos o pensiones que les permitan vivir con dignidad a nuestros mayores.
El país entra en un limbo jurídico que puede durar años. Argentina lo vivió después de 2001 y tardó más de una década en salir de ese drama.
Venezuela llegaría a ese escenario con las reservas internacionales agotadas, la infraestructura social y productiva destrozada, y más de ocho millones de personas afuera del país esperando que haya razones para volver.
Si el acuerdo se cierra con una quita insuficiente porque no hubo análisis del FMI que la calibrara bien, el servicio de esa deuda va a competir año tras año con el presupuesto de salud, de educación, de inversión en infraestructura, con los recursos necesarios para la recuperación económica y social . Sin una quita insuficiente, el país no podrá pagar y reconstruirse simultáneamente con el espacio fiscal que dejaría.
Y cuando la deuda vuelva a ser impagable – porque lo será, si no se cumplen los pasos necesarios para hacerla razonablemente bien y viable en el tiempo – Venezuela llegará a una segunda reestructuración sin la ventana política que existe hoy, sin acreedores dispuestos a creer en sus compromisos, y con una sociedad que ya habrá pagado dos veces el costo de algo que pudo hacerse bien la primera vez.
Quien paga en cualquiera de esos escenarios no es el fondo que compró bonos depreciados y saldrá con ganancia de cualquier resultado.Quien paga es el venezolano que todavía espera que el país funcione.
El que necesita que su sueldo le alcance hasta final de mes, que haya medicamentos en el hospital que le queda cerca, que sus hijos tengan clases, que la luz no se corte. Esa persona no participó en ninguna decisión sobre esta deuda.
No recibió nada de los miles de millones de dólares que se extrajeron del Tesoro con bonos truncados, esa gente que lleva años pagando las consecuencias de lo que otroshicieron mal es la que pagará una reestructuración mal hecha.
El país, el venezolano de a pie, merece que esta vez las decisiones se tomen pensando en ellos, en un país con capacidad financiera para crecer y recuperarse.
Esta ventana existe. Es real y es única. Pero no estará abierta siempre, y entrar por ella sin las condiciones mínimas no es aprovecharla: es desperdiciarla de la peor manera posible, con consecuencias que duran décadas.
Rosana Sosa García es economista y especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Riskoff España-Europa.
Arturo Araujo Martínez es economista, exdocente de Economía de la UCV y empresario en activo. Fue director de Planificación Estratégica de Alimentos Polar; director de Industrias PMC.
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