El rechazo al «Plan B» de la reforma electoral mexicana, por Ernesto Hernández Norzagaray
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La noche del 15 de diciembre de 2022 los representantes de Morena y sus aliados votaron de forma apresurada en el Senado de la República un conjunto de reformas reglamentarias en materia electoral que ha sido conocido como el “Plan B”. Se trató de una iniciativa de reforma constitucional que requería una mayoría calificada que no tenía el oficialismo. El atropello fue tal que incluso Ricardo Monreal, el líder de la fracción morenista en el Senado, votó en contra del plan y argumentó que “las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales”.
Dado el forzamiento del proceso legislativo, la oposición interpuso acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Luego de casi cinco meses, los ministros de la Corte han desechado esta semana la primera parte del Plan B con nueve votos a favor y dos en contra, y han dado la razón jurídica a la oposición.
De hecho, la Corte ni siquiera discutió el fondo constitucional de las reformas por su notoria improcedencia, ya que el plan establece que los cargos electos en funciones de gobierno pudieran participar libremente en las campañas electorales, lo que es considerado una aberración y está prohibido.
Esto ha causado una andanada de ataques desde la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, el partido Morena y, sorprendentemente, del mismísimo líder del Senado, quien en la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, amenaza a los ministros de la Corte. “El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no las hemos ejercido…”, dijo recientemente.
Esta situación ha generado molestia, y mucha, en el Palacio Nacional y en el morenismo. En sus recientes conferencias mañaneras, se ha podido ver a López Obrador irritado y lanzando, un día sí y otro también, ataques contra los ministros de la Corte y la oposición. Y esta actitud se repite entre secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, y alcaldes morenistas.
Ante la incapacidad de cambiar la decisión de la Corte (seguramente se completará cuando se revise la segunda parte del Plan B), ya que presenta las mismas fallas de la primera parte, el presidente López Obrador ha lanzado el llamado “Plan C”, que se definiría en las urnas en 2024 cuando estará en juego la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.
El plan busca, entre otras cosas, que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por los votos. Es decir, las campañas políticas ya no serían para escoger partidos, sino también a ministros, magistrados y jueces.
Más allá de esta propuesta a la mexicana, los resultados en los comicios federales de 2021, las consultas ciudadanas y las encuestas de intención de voto no dan para pensar que el tsunami obradorista de 2018 vaya a repetirse en 2024. Primero, porque se debe pasar antes por una nominación del candidato oficialista, sin rupturas, lo que parece improbable. Ya, al menos, Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, se ha pronunciado para que el método para elegir al candidato o candidata sea transparente. En otros términos, esto significa que se opone a reproducir en filas del morenismo el viejo “dedazo priista” para escoger candidatos.
Por otro lado, la oposición, que se ha movido con cautela, dando juego a todos los que aspiran a la nominación presidencial o a la reintegración de consolación en caso de éxito electoral, juega con el calendario electoral.
Sus líderes saben que la alianza Va por México (integrada por los partidos PAN, PRI y PRD) en 2021 solo perdió dos millones de los votos obtenidos en 2018, mientras que los partidos de la alianza Juntos Hacemos Historia perdieron ocho millones de sufragios. Otro dato relevante es que, a las consultas ciudadanas para presuntamente juzgar a los expresidentes neoliberales y la revocación de mandato del presidente en funciones, Morena solo logró movilizar siete y dieciocho millones, respectivamente, de un padrón de 95 millones de votantes.
Ante los riesgos de una competencia cerrada, López Obrador se metió en la carrera por la sucesión presidencial y ha reforzado la política clientelar en los programas sociales, las cuotas de votos que seguramente se les asignarán a gobernadores y alcaldes, e incluso, como sucedió en 2021, podría poner en marcha mecanismos de contención de los operadores electorales de la oposición.
En definitiva, la confrontación del presidente López Obrador con los ministros de la Corte indica el malestar que le causa su independencia, los contrapesos normales de cualquier democracia representativa y una eventual derrota en las urnas.
Ernesto Hernández Norzagaray es profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología, por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.
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