El protectorado invisible, por Jipson Briceño Domínguez
La extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores del Fuerte Tiuna el 3 de enero de 2026 no fue un episodio aislado en la tormentosa historia venezolana. Fue el acto fundacional de una nueva arquitectura de poder que pocos se atreven a nombrar: un protectorado corporativo con apariencia de diálogo. Un escenario donde la democracia es una tramoya y el petróleo, el verdadero dios de un culto corporativo universal.
Venezuela, aquel país al que el Washington de Trump etiquetó como «narcoestado» y «amenaza a la seguridad hemisférica», es hoy, paradójicamente, un aliado estratégico de Estados Unidos. Las razones que justificaron la intervención –el narcotráfico, la violación sistemática de derechos humanos, el asilo a terroristas– han expirado. Nadie las menciona; son el cadáver sepultado al que ya se le rindió el duelo y que la diplomacia de Nueva York prefirió olvidar.
Aunque los pretextos morales han muerto, el interinato tutelado de Delcy Rodríguez continúa con mejor respiración. Las razones reales nunca fueron las declaradas. El objetivo siempre ha sido el mismo: las reservas de petróleo más grandes del mundo, los minerales estratégicos y múltiples industrias.
Corporaciones globales ven ahora el chance de acceder a ellos más fácilmente que nunca, gracias a una tutela que no ganó elecciones y a una Asamblea Nacional resucitada de entre los muertos y el olvido.
La Asamblea Nacional de 2015, aquella que nació del tsunami opositor de la era Guaidó y expiró legalmente en 2021, ha sido reanimada por un decreto no escrito de la administración Trump. Dinorah Figuera y los otros diputados que nadie recordaba –aquellos que ocuparon escaños cuando el chavismo todavía temblaba ante la fuerza popular– han vuelto a la luz pública. No regresaron por voluntad popular, sino por el diseño de un poder extranjero.
No se trata de un gobierno paralelo identificable. Es algo más sutil, perverso y peligroso: un seguro institucional. Una póliza que Trump contrató para garantizar que, si Delcy Rodríguez falla, si se negara a firmar los contratos petroleros que Chevron y ExxonMobil esperan, o si intenta jugar su propia carta, se ejecute un relevo inmediato.
La Asamblea de 2015 no gobierna; firma. Su función es notarial, no legislativa. Convalida acuerdos y otorga legitimidad internacional a concesiones que, de otro modo, serían impugnadas en las cortes de La Haya o Nueva York.
Es la vieja estrategia británica en Egipto y Nigeria, adaptada al siglo XXI: un gobernante local con apariencia de soberanía y una estructura paralela que, en realidad, detenta el poder decisorio.
Delcy Rodríguez sabe que su permanencia en el Palacio de Miraflores no depende del Tribunal Supremo que la designó ni de la FANB que la sostiene. Depende de una sola variable: su utilidad para el arquitecto del protectorado, para el catire que gobierna el Norte.
Por eso, la mesa técnica y política que se instaló no es un diálogo de iguales. Es una jaula. La llamada «paritaria» –esa palabra que evoca equidad y representación– es en realidad un instrumento de presión.
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Delcy y Jorge Rodríguez se sientan frente a los diputados de la AN de 2015 sabiendo que ellos tienen el respaldo de Washington. Saben que pueden declarar nulos sus decretos o, en cualquier momento, reclamar la jefatura del Estado bajo el argumento de que ella no ganó elecciones mientras Edmundo González sí. Esta es la amenaza silenciosa que garantiza la sumisión del oficialismo al ingeniero Trump.
María Corina Machado, la líder que arrasó en las primarias opositoras con más del 90% de los votos y la única figura con verdadero respaldo popular, ha sido sistemáticamente excluida de esta mesa. No por casualidad, sino por diseño.
Machado no es dócil. No firmaría los contratos que Trump necesita para continuar más allá de la presidencia actual en EEUU, ni avalaría un protectorado disfrazado de transición. Ella representa la única amenaza real al orden que se está construyendo: una democracia efectiva, con elecciones libres, soberanía energética y renegociación de la deuda. Justo lo que las corporaciones estadounidenses no quieren. Excluirla no es un accidente táctico; es la condición de posibilidad del protectorado.
Mientras todo esto ocurre, las reuniones en La Carlota –base militar que fue el corazón del chavismo– se suceden sin que los medios oficiales las registren. La FANB, sostén real de Delcy, es también su talón de Aquiles. Los generales saben que Trump puede ofrecerles algo que ella no puede garantizar: inmunidad total, y la mesa paritaria es la prueba de ello.
Venezuela no es hoy un país soberano en el sentido clásico del término. Es un protectorado corporativo donde el poder real no reside en el Palacio de Misia Jacinta, ni en la Asamblea Nacional, ni siquiera en Fuerte Tiuna. Reside en las oficinas de Chevron en Houston, en los despachos de la Trump Tower o Mar-a-Lago, y en una mesa de negociaciones que nadie eligió, pero todos aceptan.
La democracia, ese viejo anhelo que encarnó Machado en las calles, ha sido reemplazada por una tecnocracia de la transacción: contratos a 30 años, legitimidad notarial, amenaza militar latente y exclusión programada de los verdaderos líderes populares.
El fin de Maduro no trajo libertad. Trajo un nuevo amo con corbata y contrato de arrendamiento. Y mientras la Asamblea de 2015 firma papeles y Delcy intenta sobrevivir, Venezuela asiste muda al espectáculo de su propia desposesión.
Se escribe una nueva era en el comportamiento humano y en las relaciones comunicacionales. Hoy la democracia es solo un vehículo fácil para obtener el poder y luego desecharla como un estorbo, para sustituirla por el algoritmo corporativo que impone una nueva forma de hacerse con el control.
Jipson Briceño Domínguez es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Magister Scientiarum en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo
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