El poder de castigar y el castigo del poder, por Luis Ernesto Aparicio M.
Para la gran mayoría de nosotros, resulta evidente que dos de los grandes enemigos de la democracia liberal, tal como la conocemos, son el abuso de poder y la corrupción, esa sempiterna campeona del resquebrajamiento institucional. En casi todos los estudios de opinión levantados recientemente, al menos uno de estos dos males aparece entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Si ese es el caso, podría suponerse que el castigo por estos delitos también contaría con un amplio respaldo en la opinión pública. Es decir, si cualquier integrante de un Poder Ejecutivo u otra representación de elección popular incurriera en alguno de ellos, se esperaría que la justicia actuara con todo el rigor de la ley. Y, en teoría, eso demostraría que los contrapesos democráticos funcionan y que las instituciones operan de manera objetiva.
Sin embargo, conviene revisar más de cerca esa administración de justicia que, según los juristas, debe regirse por el debido proceso para garantizar que las sanciones respondan a la ley y no al poder. Todo ello satisface a quienes aspiramos a una democracia funcional, con un marco jurídico respetado por todos. Pero el hecho de que se castigue a los culpables no siempre es prueba del fortalecimiento democrático.
Y volvemos de nuevo. Latinoamérica podría considerarse, en muchos sentidos, un laboratorio donde se experimenta cómo la justicia puede servir tanto al fortalecimiento como al debilitamiento de la democracia. Cuando se procesan y encarcelan expresidentes, ¿estamos ante una demostración de madurez institucional o ante una señal de instituciones vulnerables, usadas como instrumentos de revancha política o de intereses personales? Los juicios a exmandatarios ocurridos durante 2025 invitan precisamente a esa reflexión: ¿son excepciones o se han convertido en la regla?
Dejando de lado el caso venezolano, donde la administración de justicia carece de independencia y autonomía, vale detenerse en uno de los ejemplos más contundentes: Perú. ¿Qué ha ocurrido allí en los últimos años?
Con la orden de prisión preventiva dictada contra Martín Vizcarra, el país cuenta hoy con cuatro expresidentes presos al mismo tiempo y en la misma cárcel. Alejandro Toledo y Ollanta Humala enfrentan cargos por corrupción; Pedro Castillo fue acusado de rebelión e intento de golpe de Estado; y el propio Vizcarra fue procesado por recibir sobornos. La lista pudo ser aún más larga, de no haber muerto Alberto Fujimori y de no haberse suicidado Alan García en 2019 antes de ser detenido por presunta corrupción, aunque en lista de espera pudiera estar la recién removida Dina Boluarte.
Pero estos hechos no se limitan a nuestra región. Hace apenas unos días, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita, y Mohamed Ould Abdel Aziz, de Mauritania, recibió una condena por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito durante su mandato.
A simple vista, esta secuencia de procesos podría interpretarse como un signo de salud institucional: las democracias castigan incluso a sus más altos dirigentes. Sin embargo, también podría revelar el lado opuesto: la incapacidad de los sistemas para prevenir estos delitos y, en muchos casos, la manipulación política del sistema judicial para la venganza.
El número de expresidentes encarcelados o sentados en el banquillo de los acusados evidencia la debilidad de los mecanismos de control institucional. En la mayoría de los casos, la ausencia de autonomía del poder judicial frente al Ejecutivo convierte a este último en un poder casi absoluto, capaz de influir sobre todo el aparato estatal.
Si a ello sumamos una creciente cultura política que tiende al caudillismo o al presidencialismo extremo, junto con partidos debilitados y sin capacidad de contrapeso, el resultado puede ser devastador.
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En definitiva, cuando la justicia se convierte en un instrumento para judicializar la política, el Estado de derecho comienza a deteriorarse y las instituciones pierden su esencia. La politización del poder judicial no solo debilita la confianza ciudadana en la justicia, sino que también erosiona los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la democracia liberal: la independencia de poderes, el equilibrio institucional y la igualdad ante la ley. En ese punto, ya no se castiga para defender la democracia, sino que se la hiere en nombre de la justicia.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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