El miserable tema de las inhabilitaciones, por Beltrán Vallejo
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En sociedades atrasadas, tribales y sin futuro es común que aparezcan temas ignominiosos como el de las inhabilitaciones.
Precisamente hace unos días un gorilete que es estrella de un programa de la televisión y que es propio de la prehistoria política, y que es trasmitido por el canal del PSUV, hizo fiesta con el tema de las inhabilitaciones usando el discurso de un macarra: antier habló de que un Capriles está inhabilitado y que parece que éste no saca la cuenta bien de esa pestilente «sanción»; y posteriormente, en ánimo de vieja mete casquillo, a sabiendas de algunas patologías chismorroides de un sector de la oposición, tiró por ahí la añagaza de que Primero Justicia se reunió con él para pedirle la inhabilitación de María Corina; y lo que es más penoso sobre esto último, ahora hay gente opositora que le cree a ese personaje de la política y repite como un loro esta mayor miseria. Es decir, ese tipeje es el hombre con «mayor credibilidad en Venezuela», hasta para los opositores.
Pero este asunto va más allá de que si Capriles está inhabilitado o si María Corina tiene o no tiene sanción. Se trata de que lo que se denomina inhabilitación es un miserable atropello del poder que desde la época de aquel contralor Russian ha estado manchando la cotidianidad política precisamente cuando se avecinan o están en desarrollo procesos electorales. Se le recuerda al país que hasta el 2017, según el analista Eugenio Martínez, más de 1.400 personas han sufrido inhabilitaciones de distinta magnitud, y adivinen a qué filiación política pertenecen.
Desde esta perspectiva, donde se le priva a ciertos dirigentes sus derechos políticos de participar en procesos electorales con el alegato de estar incursos en irregularidades con el manejo de la cosa pública, pero sin existir sentencia firme de un tribunal que establezca culpabilidad y pena, siendo la inhabilitación una sanción accesoria al castigo penal, se puede decir que todo el que esté en política contra el régimen está expuesto a una posible inhabilitación si ha pasado por la administración pública.
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Por ejemplo, las elecciones de Barinas, las que repitieron en el 2022, fue todo un espectáculo de como eso de las inhabilitaciones es una penosa herramienta de los neofascistas para ganar elecciones a lo Juan Charrasqueado. Ahí inhabilitaron a Superlano después que participó y les ganó, y casi en la misma semana inhabilitan de manera «exprés» a su esposa que lo iba a sustituir en la candidatura, y en pocos días inhabilitan también «exprés» al diputado Julio César Reyes que iba a sustituir a los dos.
Con todos estos antecedentes, sectores de oposición o demócratas de verdad no pueden utilizar también esa bochornosa figura como argucia política, como instrumento para salpicar la diatriba política dentro de la misma oposición con la finalidad de dirimir aspiraciones fútiles y con el propósito de darle vileza al debate político precisamente en una clase política que se caracteriza por su canibalismo y que no ha querido ponerse a la altura de lo que significa el reto de enfrentar a la autocracia en Venezuela.
El hecho es que la vigencia de las inhabilitaciones como guillotina política significa que no se puede distraer la acción dirigida a luchar en pro de «civilizar» ese torneo electoral presidencial del 2024. Desde esa condición, parece que vamos a un matadero. Está bien que nos enrumbemos a las primarias, está bien que aparezcan candidaturas, pero no olvidemos que no estamos en democracia y que enfrentamos a los hijos de «Putin», a los imitadores de Daniel Ortega; enfrentamos a tiranos.
El demócrata lucha por más libertades civiles y políticas, no por más limitaciones y restricciones.
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