El mayor acuerdo petrolero, o el precio del poder, por Samuel J. Pérez Hermida
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El anuncio hecho público el pasado 28 de agosto, tanto por el presidente de los Estados Unidos como por la presidenta encargada de Venezuela, relativo a un «acuerdo» petrolero entre Washington y el gobierno encargado de Caracas, calificado por Trump como «el mayor acuerdo petrolero de la historia», nos hizo conocer una operación que aparentemente involucraría 65.000 millones de barriles de reservas probadas en campos venezolanos, constituyendo sin duda un punto de inflexión en la coyuntura venezolana actual.
Mientras la Casa Blanca lo presentó como una importante alianza estratégica orientada a garantizar la seguridad energética de su país y de todo el hemisferio, en Venezuela resurgen interrogantes críticas sobre la soberanía y el control de nuestro principal recurso nacional.
Los términos conocidos hasta el momento sobre dicho «acuerdo» entran claramente en conflicto con la tradición venezolana de propiedad estatal sobre los recursos del subsuelo, aplicada al petróleo y el gas natural desde la nacionalización de 1976, e históricamente basada en los decretos de Simón Bolívar sobre la propiedad de la tierra.
Recordemos que el Libertador siempre defendió la idea de que las riquezas naturales del suelo y del subsuelo debían pertenecer a la Nación, y por ello, en 1829, decretó que las minas de cualquier clase eran propiedad de la República, sentando así para nuestro país el principio de propiedad estatal sobre los recursos estratégicos.
La participación de empresas transnacionales estadounidenses en la extracción de más del 20% de las reservas probadas de Venezuela, con financiamiento proveniente incluso del presupuesto del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, implica una ruptura radical con ese principio de control nacional.
Sin embargo, todo parece indicar que para el triunvirato Rodríguez-Cabello el «acuerdo» representa una especie de reconocimiento político internacional y un blindaje táctico de mediano plazo, aun a costa de sentar un precedente de pérdida de soberanía.
Desde un punto de vista pragmático, es cierto que, tras años de desinversión estatal, sanciones y contracción productiva, Pdvsa ha dado muestras de carecer de la capacidad necesaria para recuperarse por sí sola, razón por la cual la posible llegada de 100.000 millones de dólares en capital y tecnología es vista como un salvavidas indispensable para elevar la producción petrolera en el mediano plazo.
No obstante, la dependencia de decisiones corporativas externas podría limitar la capacidad del Estado para fijar cuotas de exportación y destinos comerciales en el largo plazo.
¿Es tal pérdida de soberanía motivo de auténtica preocupación para los venezolanos de a pie? Durante los últimos años en Venezuela, para el promedio de la población, la noción de soberanía se ha visto fuertemente cuestionada ante la urgencia de sobrevivir.
Por ello, es casi seguro que la pérdida de control nacional sobre el petróleo pasaría a un segundo plano si el potencial nuevo flujo de divisas permitiese efectivamente incrementar el salario real, recuperar la calidad de los servicios públicos y eliminar la necesidad de emigrar.
El riesgo, sin embargo, es el de consolidar un modelo de enclave económico donde la riqueza no se traduzca realmente en desarrollo social.
En definitiva, no cabe duda de que este «acuerdo» marca un punto de inflexión que redefine la soberanía venezolana.
Ciertamente, Venezuela podría acceder a una vía de reconstrucción económica rápida, pero a costa de ceder el timón de su principal recurso estratégico en favor de los intereses energéticos y de seguridad de la superpotencia del norte.
La operación en marcha no puede entenderse en toda su dimensión real al margen de la geopolítica global, marcada por el prolongado conflicto en Oriente Medio y la invasión rusa a Ucrania.
La coyuntura ha generado una importante reducción de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, presionando al alza el precio de los combustibles, justo en el año de las elecciones de medio término.
Con el «acuerdo» en Venezuela, la administración Trump busca blindar el control sobre lo que considera como su patio trasero energético, reducir su vulnerabilidad ante shocks externos, desplazar la influencia de sus competidores globales en el hemisferio y, finalmente, mostrar logros que puedan mejorar sus posibilidades en las urnas.
Si se analiza lo anunciado estrictamente desde el punto de vista de nuestra política interna, emerge uno de los mayores riesgos, quizá el más importante, del «acuerdo».
Podemos estar en presencia de la consolidación de un pacto de estabilización transaccional que posponga la democratización plena de Venezuela.
Aunque no podamos asegurar que estén recibiendo garantías de conservar indefinidamente el poder, en lo inmediato el «acuerdo» parece otorgar a las facciones encabezadas por los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello un blindaje táctico de mediano plazo.
Mientras el poder fáctico local garantice a los intereses estadounidenses seguridad jurídica para sus inversiones y suficiente control del territorio venezolano, la presión externa por un cambio de régimen será significativamente menor.
La proyección de ingresos fiscales esperados podría proporcionar el margen de maniobra necesario para arbitrar disputas internas, cohesionar a las élites militares y desactivar amenazas de fragmentación interna.
La democratización no desaparecerá del discurso internacional, pero los plazos para un eventual proceso de sustitución del poder perderán urgencia, siendo desplazados por un ritmo lento y gradual.
Si se produce una reactivación económica suficiente para atenuar el malestar social actual, la oposición al chavismo sobreviviente podría perder la posibilidad de marcar la agenda política y continuará relegada al rol de actor secundario.
Pese a todo, el panorama no luce completamente despejado para la peligrosa amistad surgida entre Trump y el triunvirato encargado.
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Aunque en el derecho internacional la efectividad del control de facto permite en ocasiones concretar acuerdos bilaterales, la validez jurídica del «acuerdo» siempre será cuestionable.
A pesar de su efectividad práctica inmediata, en el futuro podría ser denunciado por un eventual nuevo gobierno, declarando su nulidad por haber sido suscrito por una autoridad de facto sin contrapeso legislativo y con el periodo de encargaduría vencido. El principio de ex injuria jus non oritur sostiene que un gobierno sin legitimidad democrática no puede representar legalmente a la Nación.
La evidente fragilidad jurídica del «acuerdo» hace que su futuro dependa sin duda de cómo se gestionen las contradicciones entre pragmatismo económico y soberanía nacional.
Samuel José Pérez Hermida es sociólogo. Profesor UCV. Jefe (E) del Departamento de Análisis Histórico Social de la Escuela de Sociología.
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