El informe Provea 2023 y otros documentos recientes, por Gioconda Cunto de San Blas
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Con pocas semanas de diferencia, dos instituciones sólidas dedicadas a temas de derechos humanos dieron a conocer sus respectivos informes de avance sobre la situación de Venezuela en ese contexto.
El primero de ellos, el 20 de marzo, recoge los resultados de la Actualización oral de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela en la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos; el segundo, Informe Anual Provea 2023, dado a conocer a fines de abril por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presenta la vulneración de los derechos humanos, civiles y políticos en Venezuela durante ese año, en un documento de 148 páginas, dividido en dos grandes secciones: (1) derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y (2) derechos civiles y políticos, respaldado en cifras propias o de fuentes alternas.
Esta sección, en particular, se complementa con la posición asumida en el primero de los documentos aquí señalados, en cuanto a la violación continua de derechos civiles y políticos de los ciudadanos, por parte del Estado venezolano. Dos documentos que deberían ser de lectura obligatoria para cualquier ciudadano, porque sus contenidos nos hacen pisar tierra a las duras razones cotidianas que sustentan la urgencia de luchar por los ideales de libertad y democracia.
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Los datos detallados en el informe de Provea indican una vez más que los trabajadores del sector público reciben un salario mínimo que los condena a la sobrevivencia. La pobreza por ingreso se ubicó en 82,8%, lo que significa que 8 de cada 10 venezolanos tienen un salario mínimo (US$ 3,40 mensual) que no compra siquiera 1% de la Canasta Básica Alimentaria (US$ 554 mensual, marzo 2024). En consecuencia, solo 16% de los hogares consumen una cantidad suficiente de alimentos; 51% dedican casi todo su presupuesto a alimentos; 45% de la población está en inseguridad alimentaria; un resultado devastador cuyos efectos persistirán en los años por venir.
A esto se suma el deterioro palpable de los servicios públicos: 69% de la población sufre restricciones en acceso al agua potable; 62% enfrenta graves fallas en electricidad; 72% de las personas necesitadas de servicios de salud no logran acceder a ellos; 49% tiene escaso acceso a servicios de transporte; 35% de los niños inscritos en el sistema educativo asisten a clase tres días a la semana o menos porque sus maestros no pueden asistir a su trabajo diariamente por causa de los bajos salarios; de los niños y jóvenes entre 3 y 17 años, 51% asisten en forma irregular y 18% no asiste, con las consecuencias que esto tendrá en los alcances formativos de la población futura.
Por estas razones y muchas otras, durante 2023 los trabajadores venezolanos protestaron en 4.100 ocasiones exigiendo salarios dignos y respeto a las convenciones colectivas.
Frente a este panorama social, la política de represión se ha mantenido orientada contra los dirigentes laborales y sociales. Como ejemplo, Provea trae a colación las protestas ocurridas en junio de 2023 en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), por las cuales fueron detenidos tres dirigentes sindicales. Ese mismo año seis dirigentes sindicales detenidos en 2022 fueron condenados a 16 años de prisión y aunque fueron liberados más tarde, siguen con medidas cautelares de presentación en tribunales y prohibición de salida del país. Graves violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, son delitos que se acumulan en estos informes.
Vivimos en un espacio cívico cercado y amenazado, que ahora se avizora más amenazante por el proyecto de Ley de Fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) aprobado en primera discusión, y una ley contra el «fascismo», dirigidas a amedrentar, perseguir a la disidencia, y minar el campo electoral desestimulando el espíritu de protesta y denuncia.
Todo esto y mucho más está documentado en los dos informes que hoy reseñamos. El de Provea anexa además un informe especial titulado: «Maduro: una década oscura para los derechos humanos», una veintena de páginas que resume en gráficos y datos firmes el trágico saldo del período 2013-2023 para los venezolanos. Basta leer ese breve resumen, doloroso compendio de iniquidades, para desear un cambio de gobierno y decidir nuestro voto a favor de Edmundo González Urrutia, candidato unitario a la presidencia.
En 1937, siendo miembro de la Cámara de Diputados del entonces Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, el escritor y político (más tarde Presidente) Rómulo Gallegos dijo en discurso de ocasión solemne: «Siempre será mi mayor aspiración que Venezuela sea ese país ejemplar donde vivir plenamente sea grato y decoroso». Hago propia esa aspiración en el tránsito que nos espera a partir del 28 de julio próximo.
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
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