El horror de la tortura, por Teodoro Petkoff
El dramático titular de Últimas Noticias del miércoles pasado («De aquí no salgo vivo») y el relato en páginas interiores que hace un ex compañero de uno de los tres detenidos en el Cicpc de El Rosal que murieran presuntamente a consecuencia de las torturas a que fueron sometidos, constituyen testimonio desgarrador, uno más, de la espantosa y escandalosa situación que se vive en las cárceles venezolanas. Este diario se precia de prestar particular atención al tema penitenciario y cuenta entre sus columnistas semanales a Humberto Prado, del Observatorio Nacional de Prisiones y uno de los principales expertos venezolanos en el tema, infatigable luchador por esa especie de causa perdida que es la suerte de los presos comunes. «Causa perdida» porque la sociedad no sólo se muestra totalmente indiferente ante el horror cotidiano de un sistema penitenciario que arroja al año más de 500 víctimas fatales, sino hasta, en cierta forma, complacida. De modo que el Estado (y este gobierno menos que ningún otro de los anteriores), constitucionalmente obligado a proteger la vida y la integridad de las personas que tiene bajo su custodia como prisioneros, por delincuentes que sean, no siente ninguna presión de opinión pública para cumplir con su deber.
De allí que sean las propias víctimas del atroz sistema penal quienes con sus frecuentes acciones procuran llamar la atención sobre uno de los principales factores criminógenos esto es, generador de criminalidad, existentes en el país, como es el sistema penitenciario aunque los desaprensivos no lo crean así y más bien sientan un fresquito cuando las muertes en las cárceles son noticia.
Lo de la tortura en los cuerpos policiales lo hemos denunciado desde hace muchos años, también infructuosamente, porque la tortura sólo parece ser un grave delito cuando se comete contra presos políticos.
Pero a los presos comunes se les tortura sistemáticamente, sin que a nadie le importe. De hecho, casi el principal procedimiento investigativo de la policía judicial es precisamente la tortura. A los indiciados en delitos se les saca la confesión a palo limpio. Pero ocurre que la Constitución no prohíbe la tortura sólo en el caso de presos políticos sino que la prohíbe en general, sea quien sea el detenido.
Porque se trata de un tema de derechos humanos. La policía no puede «resolver» casos criminales cometiendo ella misma delitos. Además, es el colmo que una policía supuestamente «científica» no conozca otro procedimiento que el de maltratar, incluso hasta la muerte, a los detenidos por supuestos o reales delitos.
Hace doce años, José Vicente Rangel personalmente comentó a este editorialista que entre los peores problemas que heredaban estaba el de las cárceles. Pues bien, doce años después, el problema ha empeorado en forma exponencial. Ha adquirido características inenarrables, haciendo del sistema penitenciario venezolano, si no el peor del mundo, sin duda, y con mucho, el peor de América Latina y el Caribe. Cuando Chacumbele salió de Yare prometió enfrentar el problema carcelario, que había visto de bien cerca. Como el de los niños de la calle, esa promesa olvidada no perturba su sueño porque en esos márgenes de la sociedad no hay votos que buscar, lo que constituye su única preocupación verdadera.
