El grifo seco y el interruptor apagado, por Omar Ávila
X e Instagram: @OmarAvilaVzla
Abrir el grifo en el Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda y encontrarse con ese silencio sibilante que delata la ausencia absoluta de agua ya no es una sorpresa; es la rutina. Lo mismo ocurre cuando un parpadeo de las luces anuncia que la nevera o el aire acondicionado acaban de entrar en la ruleta rusa de las fluctuaciones eléctricas.
En pleno 2026, los venezolanos habitamos una paradoja circular: el colapso eléctrico paraliza los masivos sistemas de bombeo (Tuy) que empujan el agua montaña arriba hacia el valle, y a su vez, la inoperatividad de las plantas térmicas de respaldo (como Tacoa en el litoral) nos deja sin la energía local necesaria para independizarnos de las vulnerabilidades del Guri.
Ante esta realidad, la pregunta que flota en el ambiente es tan incómoda como necesaria: ¿Dónde termina el colapso físico de la infraestructura y dónde empieza la narrativa del control social?
Para el ciudadano de a pie, atrapado entre las excusas institucionales y la urgencia del día a día, la tentación de atribuir todo a una maquiavélica estrategia de dominación es alta.
Ciertamente, la opacidad informativa de entes como Hidrocapital –ahora Hidroven– o Corpoelec contribuye a ello.
Al no existir cronogramas de racionamiento confiables ni datos técnicos transparentes, la incertidumbre se convierte en una herramienta inconsciente de desmovilización.
Quien gasta cuatro horas al día cargando tobos de agua o resolviendo cómo salvar la comida tras un apagón, difícilmente tiene cabeza, tiempo ni energía para la articulación ciudadana, porque la indefensión aprendida se instala en el hogar de manera «natural».
El colapso es matemáticamente real, ya que los expertos señalan que el país arrastra un déficit de generación eléctrica diario que supera los 2.500 megavatios; y cuando vemos que urbanizaciones enteras que hace cinco años tenía agua continua hoy pasan semanas secas, vemos las consecuencias materiales de la descapitalización humana (la fuga de ingenieros y técnicos), la falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de una macro inversión que los organismos internacionales estiman en miles de millones de dólares.
La buena noticia, si es que cabe alguna en medio de la crisis, es que la ingeniería y la historia demuestran que este laberinto tiene salida, no somos el primer país en tocar fondo: a principios de los noventa, Colombia vivió «El Apagón del 92», una crisis energética brutal que obligó a racionamientos severos.
¿Cómo salieron de allí? No fue con retórica, sino que se atrevieron a desmonopolizar el sector, separando las funciones de generación y distribución, permitiendo la entrada de inversión privada regulada y creando un mercado transparente. Hoy su red es una de las más robustas del continente.
En materia hídrica, el modelo internacional apunta a las Alianzas Público-Privadas y a las concesiones técnicas auditables.
El agua es un derecho humano –como bien hemos recordado siempre desde Unidad Visión Venezuela–, pero su potabilización y bombeo tienen un costo real.
Muchos de los países que han reformado sus sistemas, entendieron que la solución no es que el Estado «regale» un servicio que no puede proveer, sino aplicar tarifas reales para todos sin estrangular a los más ricos o a los más pobres.
El caso de Venezuela requiere con urgencia una dosis de pragmatismo técnico y el desmontaje de los monopolios estatales ineficientes, ya que, en el camino hacia la estabilización, se ha asomado tímidamente en las mesas de negociación internacional, la posibilidad de involucrar a gigantes tecnológicos para reconstruir redes locales (como en el estado Zulia) representa una luz al final del túnel.
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Para que el agua regrese de forma sostenida a las distintas parroquias de nuestro municipio Sucre, se necesita descentralización; es imperativo permitir que las gobernaciones, alcaldías y empresas privadas generen y comercialicen soluciones locales sin depender de un hilo centralizado que viaja miles de kilómetros desde el Guri o los Valles del Tuy.
Mientras los servicios públicos sigan siendo administrados con criterios políticos y no de eficiencia de ingeniería, la crisis continuará.
Para finalizar, considero que romper el círculo vicioso del agua y la electricidad no es un asunto de bandos ideológicos; es el requisito mínimo para devolverle al ciudadano la dignidad secuestrada y reactivar la economía de un país que no puede seguir operando a media máquina.
Omar Ávila es secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela.
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