El espejo amargo, por Omar Ávila
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En política, hay una forma muy precisa de arruinar lo que se toca con oro en las manos, y en Venezuela esto parece ser la norma.
La recién sancionada Ley para el Fomento y la Promoción del Café merece leerse con detenimiento, y una buena forma de hacerlo es comparar dos eras: la del país que fue potencia agroexportadora y la del que hoy celebra como «récord histórico» lo que apenas es una fracción de lo que producía.
En 1998, Venezuela producía cerca de 1.550.000 quintales de café; consumía unos 950.000 internamente y exportaba alrededor de 600.000 cada año. Para ese momento había en el país unas 85.000 familias productoras de café, que generaban más de 24 millones de jornales de trabajo al año, y el sistema se apalancaba sobre el Fondo Nacional del Café.
Ese fondo se mantuvo hasta el año 2000, cuando fue eliminado y reemplazado por la Corporación Venezolana del Café, que terminó hundiendo la actividad.
El sector se hundió hasta tocar fondo en 2013, con apenas unos 500.000 quintales, y desde entonces se ha recuperado de forma parcial.
Y aquí aparece el dato que define el artículo de hoy: sobre esa recuperación, el Gobierno y el gremio cuentan dos historias incompatibles.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que la producción nacional de café alcanzó un récord histórico de aproximadamente cuatro millones de quintales durante el período 2025–2026, de los cuales 2,1 millones se habrían destinado a exportación.
Pero Fedeagro, que mide el sector real, reporta para 2025 una producción cercana a 1.200.000 quintales y exportaciones de apenas 110.000 –el 10% de lo cosechado–, que generan unos 30 millones de dólares al año.
Es decir, el Gobierno proclama producir más del triple de lo que registra el gremio, y dice exportar veinte veces más de lo que el sector logra colocar afuera. Para dimensionar la caída, antes del año 2000 se exportaba un promedio de entre 350.000 y 450.000 quintales anuales; hoy, ni en la versión más favorable, se ha vuelto a esos niveles.
Esa distancia entre los cuatro millones oficial y el sector real que describen los productores no es un detalle estadístico: es un patrón discursivo que ya vimos en otros dos rubros como el cacao y el ron.
El cacao venezolano es de los mejores del mundo y nunca dejará de serlo, pero la producción actual ronda las 17.000 toneladas, una cifra que el propio gremio del rubro, Asoprocave, describe como estancada desde hace tres décadas, con una caída marcada en Barlovento que apenas compensa el crecimiento hacia el oriente del país.
La capacidad real de Venezuela está muy por encima de lo que cosecha –el sector calcula que solo se aprovecha cerca del 6% del terreno apto–, no por crisis de suelo o de clima, sino por una crisis de cadena de valor.
El ron es el caso que se exhibe como vitrina, y aunque las cifras oficiales son ciertas y conviene reconocerlas, ya que el sector ronero destina cerca del 30% de su producción a la exportación, llega a más de 100 países y aporta casi el 3% del PIB; es, en consecuencia, un orgullo legítimo.Pero detrás de la copa premiada se esconde el daño estructural que comúnmente no se menciona: el ron necesita melaza, y la melaza necesita azúcar, y el azúcar venezolano fue arrasado.
El sector tocó fondo en 2020 con apenas 2 millones de toneladas de caña, y aunque desde entonces el gremio cañicultor reporta una recuperación parcial, la producción nacional todavía cubre apenas entre el 50% y el 60% del consumo interno; el resto se importa.
Para dimensionar el derrumbe basta recordar que en la zafra modelo de 2005–2006 se molieron unos 9 millones de toneladas de caña.
La causa de esa caída tiene nombre y apellido, porque el sector fue de los primeros golpeados por la política de expropiaciones.
El caso de la Central Azucarera Venezuela, en Zulia, una década después de su expropiación en 2010, mostraba que cerca de 4.000 de sus 5.100 hectáreas de caña estaban perdidas, la planta paralizada y unos 800 trabajadores despedidos. La consecuencia es paradójica y demoledora, porque el ron de exportación venezolano sobrevive crecientemente sobre azúcar importada, y una destilería sin melaza propia no produce ron soberano, por muchas medallas que obtenga.
Sumados, los tres rubros cuentan una sola historia: cuando en el país existían fondos sectoriales, asociaciones de productores fuertes y circuitos de exportación funcionales, el sistema funcionaba. Hoy, uno tras otro, estos circuitos fueron sustituidos por corporaciones estatales, intervenciones, expropiaciones y comunas.
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El Estado no debilitó la calidad del producto, pero monopolizó el eslabón comercial, donde históricamente se concentra el mal manejo de los recursos.
La nueva Ley del Café reproduce ese diseño, aunque conviene leerla con precisión para no errar el blanco: la norma crea un Consejo Nacional para el Fomento y Desarrollo del Café –instancia «deliberativa, consultiva y articuladora», con representación pública, privada, comunal, artesanal y familiar– y una Ventanilla Única Agrícola para las guías de movilización del rubro.
Pero el verdadero poder no está allí, ya que la ley designa como Órgano Rector al Ministerio de Agricultura y Tierras, y le entrega a él la formulación de la política, la coordinación de la cadena y el control de los mecanismos de financiamiento; mientras El Consejo, solo asesora.
Una ley que concentra lo decisivo en el reglamento de un solo órgano del Ejecutivo es una ley que pide un acto de fe, donde lo técnico y meritocrático queda subordinado a lo que el poder decida después, sin contrapeso.
No es una objeción de escritorio, ya que el propio Fedeagro rechazó el proyecto con un argumento similar, al advertir que en ningún punto del texto el sector privado actúa junto al Estado, sino que todo recae en el Estado.
Por eso el reglamento será la verdadera prueba: definirá cómo opera la Ventanilla y con qué criterios se asignan los créditos, así como la conformación del Consejo Nacional, donde la presencia real de los caficultores independientes de Mérida, Táchira, Trujillo, Lara y Portuguesa marcará la diferencia entre un órgano técnico y una correa de transmisión partidista.
Desde Unidad Visión Venezuela consideramos que el café venezolano no necesita que lo rescaten del mercado, necesita que no lo separen de él, porque el ron y el cacao ya pagaron esa factura.
El espejo está puesto; falta saber si los sectores involucrados se atreven a mirarse en él antes de que sea tarde.
Omar Ávila es secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela.
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