El difícil camino de la democratización, por Roberto Picón
Twitter: @rpiconh
La crisis política, social y económica que afecta a Venezuela se resolverá en la medida en que los ciudadanos activemos todos los procesos individuales y sociales que permitan revertir la caída de nuestras condiciones de vida. Esto empieza por lo personal y familiar y debe continuar en la comunidad, la ciudad, la región y el país.
Estamos llamados a rescatar la vigencia de la Constitución, pues solo así el país gozará de derechos y libertades plenas en el marco que la ley establece; y con ellos, la estabilidad necesaria para que la economía se desarrolle, para que haya trabajo y bienestar para todos.
Una tarea impostergable es recuperar la normalidad. Tener acceso a los servicios públicos, salud, educación, transporte, gas, servicio eléctrico, agua, telecomunicaciones, seguridad ciudadana. Eso, por nombrar lo más elemental que debe garantizar el Estado a todo ciudadano, y que se ha deteriorado a un nivel que nunca hubiéramos sospechado hace tan solo cinco años.
Para lograr todo esto necesitamos antes rescatar nuestras propias capacidades. Se hace necesario enfocar nuestra mira en actuar efectiva y positivamente, colaborar entre nosotros desde nuestras fortalezas, aprovechando las oportunidades de mejorar progresivamente, superando todas estas carencias.
El PSUV, organización que domina todas las instituciones del Estado, no cederá espacios a cambio de nada. La dolorosa experiencia de estos años de lucha por los derechos fundamentales y democráticos nos demuestra que los actores que detentan el poder requieren de reconocimiento internacional, de recursos que ahora están bloqueados por las sanciones; pero, sobre todo, necesitan tener seguridad de que ceder dichos espacios no generará una nueva crisis existencial que amenazará sus derechos políticos y civiles.
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La sociedad venezolana debe asumir este proceso de forma realista, midiendo nuestras fuerzas, aprovechando todas las oportunidades y espacios que se nos ofrecen para avanzar. Si esperamos el milagro que de un día para otro resuelva esta crisis, nos vamos a quedar esperando sin haber luchado por lo que creemos y anhelamos: la oportunidad para que los venezolanos podamos dirimir nuestras diferencias civilizadamente.
Se ha abierto una oportunidad en el CNE. Desde allí estamos construyendo las condiciones para que realicemos elecciones competitivas, que puedan contar con mayor participación de actores políticos postulándose, y de la ciudadanía, votando.
Comenzamos esta tarea con serias limitaciones para la participación de actores políticos, debido a procesos judiciales y administrativos no controlados por el Poder Electoral, que afectan a más de 1.000 inhabilitados por la contraloría y más de 65.000 inhabilitados judicialmente; muchos de ellos líderes políticos y sociales. Se adelantan las gestiones para que haya alternativas para que ellos puedan participar. Es lógico y usual que esto forme parte del conjunto de exigencias que se discuten en una mesa de negociación política. No es la primera vez que en Venezuela se plantea un proceso de reparación de plenos derechos políticos y ciudadanos que, desde el punto de vista de quien ostenta el poder, podría ser calificado como una «amnistía». Junto con la comunidad internacional sabemos y reconocemos la existencia de presos e inhabilitados políticos.
La pregunta fundamental en una negociación es la siguiente: ¿el poder concedería una amnistía general a cambio de qué? Considerando nuestro complejo contexto, eso solo lo podrá habilitar un acuerdo político integral en el que el directorio del CNE no participa directamente. El CNE sería el encargado de implementar los acuerdos que afecten el tema electoral. Asimismo, la pandemia, la alimentación de la niñez en riesgo y otros temas humanitarios y socioeconómicos de alto impacto en la vida del país, deben atenderse en esos espacios de acuerdo con la rapidez y eficacia que ameritan, aprovechando todas las voluntades y capacidades que tiene el país y las que nos ofrece la comunidad internacional.
¿Quién podría cuestionar que, mientras se concreta una negociación integral, se permita la participación en las elecciones municipales y regionales a cualquier líder que desee postularse? Asumimos esta responsabilidad, conscientes de que necesitamos sumar todas las voluntades posibles para reinstitucionalizar a nuestros gobiernos locales y regionales, motivar a los ciudadanos a participar en elecciones que puedan cambiar la inercia abstencionista y relanzar los contrapesos entre el poder local, regional y el nacional.
A esa labor estamos entregados hoy en día, con todas las fuerzas y la mejor disposición posible. Eso, sin ignorar que una mirada realista sobre lo que efectivamente tenemos, nos ayudará para sacar mayor provecho de la ocasión y empujará la democratización a la que todos debemos aspirar.
Roberto Picón es Ingeniero de sistemas y Rector de la Junta Nacional Electoral
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