El día que se descubrió lo obvio, por María Eugenia Luarca
A veces el mundo funciona así: una persona grita por décadas desde la orilla del río que el agua viene cargada pero nadie le hace caso. Hasta que una tarde llegan señores con micrófono, grafiquito, sello oficial, y anuncian, con cara de hallazgo, que el agua viene cargada.
Entonces empiezan las notas, los comunicados, las conferencias. Y quienes gritaban miran desde la orilla como diciendo: no es que hiciera falta un micrófono, hacía falta voluntad.
Esta semana ocurrió una escena parecida. Más de 150 gobiernos aprobaron un informe que pone en palabras limpias lo que los pueblos originarios de nuestra región y del mundo vienen diciendo con claridad hace ya mucho tiempo: la obsesión por el crecimiento medido en PIB está destruyendo la naturaleza.
No es una metáfora; es una conclusión oficial del Ipbes —la plataforma científica intergubernamental sobre biodiversidad— aprobada en plenaria, con actas, sede y foto, y repetida por medios globales que aman la frase «giro histórico» cuando el giro es, en realidad, un regreso tardío a lo evidente.
Lo que se presenta como revelación científica revela, sobre todo, una desigualdad epistémica profunda: quién tiene legitimidad para nombrar lo que es conocimiento.
Porque esta verdad —la de que el crecimiento a toda costa destruye la base que lo sostiene— no nació en Manchester ni en los despachos donde ahora circula; nació en territorios que llevan generaciones advirtiendo que un modelo que arrasa ríos, bosques y suelos no puede llamarse progreso porque amenaza la vida. Pero el mundo solo escucha cuando la advertencia llega con gráfico, logo y traducción simultánea.
El informe recuerda que todas las economías dependen de bienes ambientales gratuitos que no figuran en ningún presupuesto: el agua filtrada por el bosque, la polinización gratuita, el clima amortiguando excesos.
Y señala que medir el progreso con un indicador que ignora estos cimientos es una forma de ceguera organizada, una ficción contable que convierte la destrucción en ganancia.
Mientras tanto, el dinero real —el que mueve la maquinaria— sigue apuntando hacia otro lado. En 2023, US$ 7,3 billones financiaron actividades que dañan la naturaleza, y solo US$ 220.000 millones se destinaron a protegerla: una proporción de 30 a 1 (1).
No es un desbalance técnico: es una decisión política.
Y ahí aparece la palabra incómoda: hipocresía política. Porque muchos de los gobiernos que firman estos informes son los mismos que relajan regulaciones ambientales, sostienen subsidios regresivos o criminalizan a quienes defienden la tierra.
Pero la hipocresía no ocurre en el vacío: ocurre en una economía donde el poder se concentra a una velocidad que desmiente cualquier relato de austeridad.
En 2025, la riqueza de los milmillonarios del mundo creció tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años anteriores. En América Latina, el número de milmillonarios aumentó a 109, con una fortuna combinada de US$ 622.900 millones, casi equivalente al PIB de Chile y Perú juntos (2).
Mientras unos pocos acumulan poder a ese ritmo, otras personas —las que sostienen la vida en los territorios— pagan la factura.
En 2024, 146 defensoras y defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos, y el 82% en América Latina. Colombia volvió a ser el país más letal. Guatemala multiplicó por cinco los asesinatos respecto del año anterior.
Y es que la violencia no es un accidente: es un mecanismo funcional a un modelo económico concentrado.
En la región, el 1% más rico posee más riqueza que el 90% restante, mientras el 50% más pobre comparte apenas el 3%. En ese contexto, defender un río, un bosque, una montaña, es meterse en la línea de fuego de quienes consideran la naturaleza un activo y no un hogar.
Y aun así, las mismas comunidades que enfrentan amenazas por defender su territorio emergen ahora en informes como los del Ipbes, no como nota al pie, sino como sujetos legítimos de conocimiento indígena y local, crucial para orientar la acción global.
En esta contradicción late una oportunidad.
Porque cuando un sistema que siempre despreció esos saberes empieza a citarlos —incluso tarde— significa que el relato dominante está agrietado. Y cuando un relato se agrieta, es el momento de escribir otro.
Ese es, en realidad, el eje de este momento: la disputa por un nuevo relato. No un manifiesto ambientalista más, sino un cambio en la historia que contamos sobre lo que significa desarrollarse, prosperar, avanzar. Una oportunidad para que la narrativa deje de justificar la destrucción y empiece a habilitar la vida.
Cinco desplazamientos narrativos ayudan a imaginar ese camino:
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Del crecimiento al bienestar con límites: Si el PIB está debilitándose como brújula, entonces es momento de pelear el reemplazo por medidas que sí captan lo esencial: la salud del agua, la fertilidad del suelo, la resiliencia de las ciudades, el tiempo de cuidados. El Ipbes ya habla de riesgos sistémicos para la economía, por lo que se abre una ventana para mover la conversación desde los márgenes al centro. Lo que antes era «alternativo» puede volverse sentido común.
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De la buena voluntad a las reglas que priorizan la vida: Basta de esperar que las empresas actúen por convicción moral. El informe es claro: sin regulación, sin divulgación obligatoria de riesgos e impactos, sin eliminar subsidios dañinos, no habrá transición real. La narrativa debe insistir en que no es un problema de ética individual, sino de diseño institucional.
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De «anti desarrollo» a pilares del cuidado: Durante décadas, quienes defendían ríos y bosques fueron acusados de frenar el progreso. Hoy sabemos que sostienen la plataforma misma de la que depende cualquier economía. La narrativa debe mostrar que cuidar no es romanticismo: es estrategia de supervivencia colectiva.
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De biodiversidad decorativa a riesgo material: La desigualdad 30 a 1 entre lo que se invierte en destruir y en proteger es un relato en sí misma. Hablar de la crisis ecológica como riesgo financiero no diluye el mensaje: lo vuelve ineludible para quienes deciden presupuestos. Cada dólar extraído del futuro hoy, se paga multiplicado mañana.
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De consulta simbólica a cogobernanza: No basta con «incluir» voces indígenas: hay que compartir poder. El Ipbes reconoce explícitamente la relevancia de sus saberes. Lo que sigue es pasar del gesto al acuerdo: co-diseño de proyectos, distribución justa de beneficios, decisiones vinculantes. No por justicia —aunque también— sino porque funciona.
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En resumen: el informe del Ipbes no nos trajo una nueva verdad; trajo un megáfono para verdades que ya sabíamos. El mérito no está en la revelación, sino en la grieta que abre. Grieta en la autoridad, grieta en la narrativa, grieta en la certeza de que la economía solo puede entenderse como suma de números.
En esa grieta cabe una nueva historia: una donde el progreso deje de medirse por lo que se extrae y empiece a medirse por lo que se sostiene. Una donde quienes estaban en la orilla del río —gritando desde hace décadas que el agua viene cargada— ya no sean una nota al pie, sino una voz central.
La historia oficial recién se da por enterada. La oportunidad es que, esta vez, la narrativa cambie a tiempo.
María Eugenia Luarca es coordinadora de comunicaciones para Oxfam en América Latina y el Caribe.
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