El crimen organizado transnacional en expansión, por Marta de la Vega
El manifiesto del 29 de agosto de 2019, difundido para anunciar que comenzaba una segunda “Marquetalia” y un grupo de antiguos guerrilleros empuñaba otra vez las armas, que leyó Luciano Marín, alias Iván Márquez, rodeado de 8 jefes de las guerrillas narcoterroristas de las FARC como “El Paisa”, “Romaña”, “Jesús Santrich” y otros desertores de la civilidad, al parecer desde algún territorio venezolano, es un desafío al proceso de paz y a la seguridad nacional en Colombia.
Es una declaración de guerra contra el Estado y contra los llamados “enemigos del pueblo”, que en la jerga comunista son empresarios, ganaderos, compañías transnacionales, integrantes de las fuerzas armadas y la policía que no se pongan del lado del “pueblo” y todos aquellos que no se plieguen a sus propósitos de “redención social” impuestos con prácticas paramilitares y acciones criminales como medios de coacción y sometimiento de la población.
La proclama de Iván Márquez no solo ratifica su incumplimiento a lo pactado con rango constitucional, sino una sublevación o golpe de Estado contra la República
Peor aún: con la coordinación y alianza operativa que esperan organizar con los grupos del ELN, que mantienen el control de varias regiones de Venezuela, sobre todo en el Arco Minero con la explotación ilegal de minerales muy codiciados, el resurgimiento de este movimiento subversivo amparado por el régimen tiránico de Maduro y los militares que lo sostienen, se convierte en amenaza crítica a la lucha por la restauración de la democracia venezolana.
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Marquetalia surgió como grupo agrario de campesinos de ideología comunista en el departamento de Tolima, bajo el liderazgo de Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”. Acusados del robo de 200 cabezas de ganado por José María Oviedo, alias “Mariachi”, bandolero que se consideraba a sí mismo de las guerrillas liberales, Isaías Pardo, otro de los jefes, le contestó: “las tomamos porque el gobierno no nos ha cumplido las promesas”. Para “arreglar” el asunto, el 11 de enero de 1960 “Mariachi” invitó a alias “Charro Negro”, Jacobo Prías Alape, al que asesinó. La reacción de Tirofijo fue reorganizar a sus hombres y tomar las armas. Así, un crimen y una venganza fueron el inmediato origen de las llamadas FARC.
Hoy sorprende la similitud en la justificación de Iván Márquez para “el nacimiento de una nueva guerrilla”: “los incumplimientos del Gobierno del Acuerdo de Paz”. Su discurso pareciera estimular la venganza social, el odio, el resentimiento, un Estado ausente que no responde a las demandas de sus ciudadanos. Pareciera proponer una nueva modalidad operativa para encubrir las prácticas criminales del secuestro y la extorsión. Pareciera pretender un nuevo Pacto Político de carácter binacional bolivariano.
Es claro que no son ideales de justicia social y altruismo ni razones ideológicas los que parecen estar detrás de su iniciativa bélica, sino la necesidad de asegurar las ganancias y el lucro de la economía paralela vinculada al crimen organizado transnacional que desarrollaron cuando aún se consideraban fuerzas revolucionarias.
El presidente Iván Duque afirmó tajante: “se trata de una banda de narcoterroristas” para reorganizar sus actividades criminales y sus negocios ilícitos.
También el partido de las FARC que se acogió al proceso político de reinserción para abandonar la violencia, ha sido contundente en su rechazo a la conducta de los reincidentes
El presidente de esta organización, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, puso en evidencia la cruel y utilitaria voluntad de poder de sus antiguos compañeros cuando afirmó: “No hay una causa política en la decisión de volver a las armas”, en cumbre convocada el 30 de agosto por distintas organizaciones de la sociedad civil para hacer un balance acerca de la implementación y cumplimiento del Acuerdo Final para la paz.
La comunidad internacional democrática, los organismos transnacionales y de derechos humanos, en un contexto geopolítico cada vez más tenso, requieren actuar ante la impunidad creciente del régimen usurpador de Maduro y su gobierno criminal
Solos no podemos. Urge el cese de la usurpación, para que haya gobierno de transición y elecciones libres.
