El arte de demorar el juicio, por Jipson Briceño Domínguez
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Sería irresponsable de mi parte –y no es un juego de palabras, es un seguro que me tomo en serio– emitir un juicio acerca de lo bueno o lo malo de los contratos petroleros que se firmaron o se continuarán firmando entre Venezuela y sectores públicos y privados de los Estados Unidos, motorizado por el gobierno de Donald Trump de una manera sorprendente desde todo punto de vista.
Porque en un país donde la polarización ha vuelto tóxico cualquier enunciado, pronunciarse es exponerse. Y yo, que no tengo afiliación que defender ni bandera que izar en este combate, elijo observar.
Pero creo que es necesario, de acuerdo con la capacidad de análisis, acercarnos a los eventos que desembocan en este controversial acuerdo para desmenuzar sus componentes, o al menos mirar los hechos ocurridos con atención. No para condenar ni absolver, sino para entender. Porque entender es el primer acto de resistencia.
Antes, conviene aclarar lo de «controvertido», puesto que tanto el gobierno como la oposición tienen posturas contrapuestas: unos dicen que está bien, otros que está mal. Nada nuevo bajo el sol venezolano.
Los eventos que llevan a este acuerdo son complejos. Forman parte de un entramado sofisticado que reúne tecnología, ciencia, expertos, financieros, magos de la computación, arquitectos de la manipulación algorítmica. Todo un tejido técnico, financiero y político, acompañado de una envolvente distracción de masas.
En primer orden, el evento más visible es el que extrae a Nicolás Maduro del tablero político venezolano. Ese movimiento contó con alta aprobación interna –incluyendo sectores del chavismo– que exigían un cambio de gobierno.
Pero aunque parezca que ese fue el primer paso, la estrategia de filigrana de Trump apuntaba a aislar al factor más importante del escenario: aquel que podría alterar el plan del norte con revueltas populares. Porque aunque el gobierno lograra dominar por la fuerza una rebelión liderada por María Corina Machado, el caos sería inminente. Mejor mantenerla congelada.
Pero el tablero no se mueve solo con figuras visibles, como Trump, Maduro, Machado, Delcy o Jorge Rodríguez. Detrás hay un andamiaje institucional reconfigurándose pieza por pieza.
Aparece el tutelaje que ejerce Estados Unidos sobre cada paso. La designación de la mesa paritaria con un actor nuevo, Dinorah Figuera, no es un mero trámite: es como una mesa de disección: todos los instrumentos brillan, pero el paciente ya está muerto. Un mecanismo para dar barniz de bilateralidad a lo que es una imposición de condiciones.
Paralelamente, han ocurrido movimientos que revelan fracturas internas: los amagues de Enrique Márquez y Gustavo Duque, figuras que lanzan señales de incomodidad o advertencia, como si intentaran marcar distancia. Pequeños gestos de disidencia con un pulimento de debate interno.
En el centro están los contratos petroleros, cuya validez jurídica es frágil. ¿Quién tiene legitimidad para firmar? La Asamblea de 2015, ya extinguida, no tiene vigencia. La de 2020, tampoco goza de reconocimiento pleno. Y la de 2025, cuya legitimidad está en disputa, añade más confusión.
Este cóctel abre la puerta a vicios de consentimiento o firma por coacción, como lo señalara Iris Varela, argumentos que cualquier corporación podría esgrimir para desmarcarse. El derecho no es un escudo: es un campo minado al que los inversionistas le temen como al Diablo.
Por eso, el plan requiere una jugada maestra: nombrar un Tribunal Supremo de Justicia que avale los contratos con fuerza de cosa juzgada y que haga tan costoso cualquier litigio que se extienda más allá de la ventana de utilidad del petróleo.
Aquí está el cálculo fino de Trump: no le interesa que los contratos duren 100 años. Sabe que cualquier demanda por nulidad puede estirarse 20 años en tribunales. Para entonces, el petróleo venezolano ya no tendrá el peso estratégico de hoy, sea por transición energética o porque el mundo habrá cambiado.
Trump no vino a salvar a Venezuela; vino a comprar un cadáver aún caliente. ¿Para qué ganar el litigio si se puede ganar tiempo? Con que los litigios se prolonguen décadas, el negocio está liquidado. Las corporaciones habrán recuperado su inversión, los activos se habrán depreciado y el petróleo habrá dejado de ser el oro negro que fue.
Trump no juega al derecho; juega al calendario. No hacen falta 100 años; con 20 de litigio, el tablero estará reconfigurado.
El TSJ no es un tribunal de justicia, es un blindaje procesal: su función no es resolver, es prolongar hasta que el petróleo deje de ser relevante, hasta que las corporaciones hayan repatriado ganancias, hasta que la clase política esté entretenida con elecciones.
Pero hay un jugador que no aparece en las fotos, un actor que no firma documentos ni da declaraciones, y sin embargo está en cada decisión: el algoritmo.
Ese ente frío, matemático, que no tiene patria ni ideología, pero que hoy dicta más que muchos líderes, que no puede sentir el dolor de la madre que perdió la familia y el hogar en el terremoto de La Guaira.
Fue el algoritmo el que, procesando datos, patrones de comportamiento y flujos financieros, vio en Maduro un indeseable, un factor de inestabilidad que debía ser removido. No fue un capricho de Trump; fue una recomendación de máquina que los humanos ejecutaron, al igual que la presencia de Machado.
El mismo algoritmo evaluó como positiva la designación de la mesa paritaria, porque sus variables arrojaban que una instancia de «diálogo técnico» reduciría la fricción.
Y también calibró los mensajes sobre elecciones regionales, determinando que un calendario electoral era el sedante perfecto para la clase política y la opinión pública, del Zulia, Miranda, Caracas, las grandes ciudades con peso electoral.
Todo medido, todo cuantificado, todo despojado de pasión. Y en el camino, el algoritmo ha moldeado las fake news que circulan como moscas alrededor del cadáver del debate: noticias diseñadas no para informar, sino para confundir, para polarizar, para que la ciudadanía se distraiga mientras el negocio se cocina a fuego lento, como lo plantean Natalia Aruguete y Ernesto Calvo.
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Los algoritmos no se equivocan, dicen. Pero no entienden de dignidad, de historia, de rabia contenida.
No saben que los venezolanos, después de tantas estafas, han desarrollado olfato para oler el engaño. No prevén el factor humano en su versión más indomable: esa que no cabe en una ecuación.
La historia siempre reserva la última palabra para los impredecibles, para los que el algoritmo descartó como «ruido».
Y para que la clase política no estalle, se les ofrece elecciones en Petare, Chacao, El Hatillo, Baruta, Lecherías, Maracaibo.
Unas elecciones que, sin resolver el fondo, darían oxígeno a los actores locales, repartirían cuotas de poder y crearían la ilusión de normalidad democrática mientras el gran negocio sigue su curso.
Todo parece milimétricamente calculado. Pero los planes perfectos suelen estrellarse contra la imprevisibilidad de los pueblos.
Sin embargo, Trump no necesita que sus jugadas sean eternas; solo necesita que sean largas para que el tablero cambie antes de que llegue la sentencia. En eso, el calendario siempre juega a su favor.
Veremos si este castillo de naipes resiste el vendaval. O si, como tantas veces en Venezuela, el viento se lleva las promesas y deja solo el polvo de los expedientes olvidados, mientras el algoritmo recalcula su próxima jugada.
Y yo, observando desde la prudente seguridad de las balaustradas de la conciencia, seguiré negándome a dar un veredicto.
Jipson Briceño Domínguez es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Magister Scientiarum en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo
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