El arrebatón de la ciudadanía, por Carolina Gómez-Ávila
Un arrebatón es un robo que se logra en un ataque sorpresivo y rápido, lo que también define al tipo de delincuente que lo ejecuta. Y justo eso es lo que nos han hecho en cosa de una semana: arrebatarnos la ciudadanía.
Dice el artículo 39 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el ejercicio de la ciudadanía -la titularidad de derechos y deberes políticos- sólo está limitado por la edad para elegir, ser elegidos y participar, y requiere que no hayamos sido inhabilitados políticamente ni estemos sujetos a interdicción civil.
Que todos tengamos ejemplos de conculcaciones en los últimos 20 años no le quita relevancia a la rapidez del nuevo golpe (¡otro más!) que los magistrados que sesionan en Dos Pilitas le han asestado al Poder Legislativo: El 2 de mayo, allanaron la inmunidad parlamentaria del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional; el 7, de los diputados Luis Florido, Henry Ramos Allup, Richard Blanco, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla y Américo De Grazia y el 8, de los diputados Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, día en que también capturaron al diputado Edgar Zambrano.
Además, desde la madrugada del 26 de abril desconocemos el paradero del diputado Gilber Caro, presuntamente detenido por algún cuerpo de seguridad del Estado. El balance, al mediodía del viernes, era de 11 diputados que súbitamente estaban presos, refugiados en embajadas o perseguidos; en resumen, impedidos de cumplir con su mandato como representantes electos por el pueblo el 6 de diciembre de 2015. Y en esta cuenta no están los exiliados y algunos otros refugiados en embajadas o en la clandestinidad.
Lea también: Democracia negociada, por Bernardino Herrera León
Como agravante, la mañana de este viernes amanecieron pintadas con amenazas directas las fachadas de las viviendas propias o de familiares de varios diputados y de otros políticos regionales. Todo junto, prácticamente disuelve al Parlamento y concreta la violación masiva del numeral primero del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.
En reacción, Juan Guaidó ha convocado a manifestaciones de calle este sábado 11 de mayo, pidiendo respaldo al único poder legítimo de origen y de desempeño que podría llevarnos de vuelta a la democracia, dándonos la oportunidad de medir el daño hecho por la actividad antipolítica en el último lustro, que obró para el descrédito del orden republicano -al presentar a la Asamblea Nacional como si fuera un órgano inútil por no tener capacidad ejecutiva y difamar metódicamente a sus integrantes- y del orden democrático, gracias al desprestigio de los garantes además del endosado al sistema electoral.
No tendrá el mismo efecto convocar a la población porque le ha sido violado un derecho humano (¡otro más!) que convocarla en protesta por el avance en la disolución del Parlamento. Ni ambos planteamientos serán tratados igual por la comunidad internacional, que tiene distintos protocolos de atención y velocidades de respuesta en cada caso.
La jornada de hoy es una dura prueba de que arrebatarnos la ciudadanía sólo es posible si antes se neutralizan las relaciones del ciudadano con sus instituciones. Sin arraigo, difícilmente haya impulso para defenderlas y sea necesario recuperar su prestigio antes de nuevas convocatorias.
