Ecuador: ¿una nueva Constitución para quién?, por Santiago Cadena
Esta columna forma parte de la iniciativa LabPaz Internacional, con la cual activistas e intelectuales de varios países le hablan a los venezolanos
Autor: Santiago Cadena
No hay dos sin tres
Daniel Noboa ganó la presidencia de Ecuador en segunda vuelta, tras una campaña marcada por la descomposición del sistema político y el desgaste del correísmo. La Revolución Ciudadana suma ya tres derrotas consecutivas, y esta última fue contundente: casi 12 puntos de diferencia. Su candidata, Luisa González, no logró desmarcarse del expresidente Correa ni generar confianza en sectores sociales críticos, como el movimiento indígena, al que nunca ofreció una disculpa por la persecución sufrida durante su gobierno. Tampoco clarificó su propuesta económica ni se distanció de figuras internacionales impopulares como Nicolás Maduro.
La derrota se agravó con el escándalo de audios y chats difundidos por la Fiscalía, que evidenciaron pugnas internas y prácticas cuestionables en el Consejo de Participación Ciudadana, clave en la designación de autoridades. La dirigencia correísta cometió un último error al no reconocer los resultados y denunciar fraude sin pruebas.
En ese contexto, Noboa —heredero de un emporio económico y sin estructura partidaria real— capitalizó el vacío. Su prioridad ahora será consolidar el Estado empresarial anunciando reformas constitucionales, amparado en una victoria más construida por los errores de sus adversarios que por sus propios méritos.
El simulacro constituyente
En Ecuador, el discurso oficial vuelve a hablar de “refundación”. Pero tras la propaganda de una nueva Asamblea Constituyente no existe una voluntad democratizadora, sino la urgencia de restaurar el orden neoliberal. La administración de Daniel Noboa, con apoyo de los sectores empresariales y medios aliados, propone reescribir la Constitución de 2008. No para expandir derechos, sino para recortarlos.
La narrativa gira en torno a una supuesta obsolescencia del texto de Montecristi. Este es el nombre con el que se conoce a la Constitución ecuatoriana de 2008, elaborada por una Asamblea Constituyente en esa localidad de la costa del país. El proceso contó con amplia participación social, en el que diversas organizaciones aportaron con criterios y demandas históricas. El texto final fue aprobado mediante referéndum popular.
Sin embargo, el verdadero pecado de esta Constitución es otro: reconocer derechos colectivos, limitar el poder punitivo del Estado, garantizar la consulta previa y declarar al Ecuador territorio de paz.
Lo que no se cumplió, hoy se quiere borrar
La Constitución de Montecristi fue el resultado de un proceso participativo. Reconoció la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, la economía solidaria y el acceso equitativo al agua y la tierra. Más que un texto progresista, fue una carta garantista. No falló; no se cumplió. Y ahora se pretende eliminar.
Los cambios no buscan mejorar lo existente. Apuntan a facilitar tratados de libre comercio, privatizar sectores estratégicos, desmantelar el derecho a la resistencia y suprimir las barreras legales al extractivismo.
Estado mínimo, represión máxima
Se perfila un modelo de Estado que garantiza negocios y criminaliza la protesta. Bajo el argumento de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, se propone eliminar garantías penales y ampliar la prisión preventiva. Este tipo de reformas abren la puerta a regímenes autoritarios con fachada constitucional.
Lo que está en juego
La verdadera disyuntiva no es entre conservar o cambiar la Constitución, sino entre ampliar la democracia o entregarla al mercado. La defensa de Montecristi no es fetichismo jurídico, sino resistencia a la regresión. Frente al despojo institucionalizado, es urgente articular desde abajo una defensa activa de los derechos conquistados.
*Santiago Cadena es periodista de Indymedia Ecuador / Ecuador Today
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