Eclipse de la Constitución, por Gregorio Salazar
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En tiempos de antimemoria, censura abierta o desembozada, cuando la historia, la pasada y la del presente, es deformada bajo los arbitrios del poder es cuando más trascendencia adquieren, para el hoy y el mañana, los prolijos informes anuales de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Acaban de presentar el informe número 37 desde su fundación, el 15 de octubre de 1988, lo que equivale a decir que 26 han sido dedicados al escrutinio de los avances y retrocesos en materia política, social y económica de la única tendencia que ha ejercido el poder en Venezuela durante el último cuarto de siglo: el proyecto bolivariano regido por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ahora en manos de Delcy Rodríguez.
Ante las dramáticas cifras que ofrece el resultado de la investigación integral sobre el panorama de 14 derechos humanos en el país la conclusión es que el Estado de Derecho en Venezuela ha sido barrido, anulado, desmontado. Provea resumió metafóricamente esa realidad en el título que dio al informe 2025: «El Eclipse de la Constitución».
Durante la presentation, en el escenario humanamente cálido que fue el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV (Faces), y a medida que los datos iban configurando nuestra realidad socioeconómica, no pudimos menos que experimentar el choque del duro contraste entre los postulados de aquel proyecto político cuyos adalides juraron refundar una nación sobre la base de la «democracia participativa» con un futuro de inclusión y la actual tragedia social con crueles violaciones a la integridad personal a la que han conducido a los venezolanos.
Las desapariciones forzadas, práctica represiva que algunas vez se creyó erradicada en el continente con el hundimiento de las dictaduras militares de derecha en el cono sur, aumentaron 196% respecto a 2024. Las detenciones por razones políticas se incrementaron 102% respecto al promedio histórico de los últimos 17 años. Las FAN y la Dgcim aparecen como los organismos responsables de por lo menos 68% de las detenciones. Y allí estaba el grupo de madres y familiares luchadores por la libertad de los presos políticos.
Cada cifra es por demás estremecedora: la pobreza general anda por el 78,4% y la pobreza extrema en 56,8%. El salario mínimo sólo cubre 1% de la Canasta Alimentaria Familiar. El 77% de la población no recibe agua por tuberías de manera regular. El presupuesto destinado a la educación fue apenas de 12,8%, bastante por debajo del 20% recomendado por la Unesco. El 84% de los trabajadores se desempeñan en el sector informal (Encovi).
En cuanto a los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos siguen bajo amenazas para su supervivencia física y material, la masacre yanomami del año 2022 sigue pendiente de investigación y sanciones, así como los asesinatos de defensores de los derechos de esos pueblos: Virgilio Trujillo, Josiah K’Okal y Joaquín Hernández.
El sistema sanitario sigue presentando una reducción cercana a 80% de sus capacidades, con un presupuesto anual de apenas 4,24%. En fin, en seguridad social, el derecho a la tierra y a la vivienda, a la justicia, la libertad personal, la libertad de asociación y participación y, fundamentalmente, a la vida atraviesan una complicadísima crisis en Venezuela. Sin embargo, al lado de los amargos índices también están las reiteradas exigencias y recomendaciones que, por lo general, han sido desoídas por el régimen venezolano.
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Tras los sucesos del 3 de enero, Oscar Murillo, director de Provea, advirtió: «Ningún proceso de liberalización económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia es consonante con principios básicos de derechos humanos. Tampoco una democracia liberal con libertades ciudadanas lo es si el modelo económico se impone por encima de los derechos de las personas». Estamos bajo el riesgo de una «autocracia autoritaria».
Hay en este informe de Provea 2025 un hilo histórico conductor dado por el informe especial de la profesora Margarita López Maya, en el cual señala como el gran desafío de hoy «lo político y la política y la unidad de los actores sociopolíticos de vocación y compromiso democrático». Observa lo que todavía asoma de manera tímida: una oportunidad para la sociedad venezolana en su búsqueda de paz, justicia, bienestar y derechos para todos.
Y si bien el informe de Provea nos indica que la Constitución con sus garantías y sus derechos está eclipsada, fueron luminosamente oportunas las palabras del profesor Javier Tarazona, héroe civil en estos tiempos de autocracia militar que lo arrojaron 4 años y 7 meses a una cárcel, para recordar que el eclipse nunca ha tapado la verdad y detrás permanece el sol. Y que es la acción de los ciudadanos la que disipará las nubes que ensombrecen a Venezuela.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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