Dos gobiernos sin políticas ante la emergencia humanitaria, por Marino J. González R.
Venezuela tiene al menos diez años en emergencia humanitaria compleja. Esta situación significa un riesgo permanente para la vida y el bienestar de una gran cantidad de la población. La evolución de esta emergencia humanitaria compleja ha traído consecuencias desastrosas para las familias de millones de venezolanos.
Puede decirse que para esa población no existe un problema más importante: se trata de la propia sobrevivencia, sin más.
La gravedad de esta situación ha requerido la intervención de múltiples organizaciones nacionales e internacionales. La afectación ha empeorado en muchos casos con el paso del tiempo por la irreversibilidad de muchos de estos efectos. No se necesitan más argumentos para reconocer que es un problema que requiere urgentemente políticas públicas efectivas y permanentes. Es la única forma de que esta situación pueda cesar.
Las políticas públicas deben ser diseñadas e implementadas con la participación de múltiples instancias, pero requieren en muchas de sus etapas la acción de los gobiernos nacionales. Desde el 3 de enero de este año Venezuela tiene dos gobiernos, el interino, y el de los Estados Unidos. Dada la envergadura de la emergencia humanitaria compleja lo deseable es que ambos gobiernos coordinen acciones para enfrentar efectivamente esta situación.
Lamentablemente, para ninguno de los dos gobiernos la emergencia humanitaria compleja es una prioridad. El gobierno de EEUU concentra su atención en la fase de estabilización. Que se refiere fundamentalmente a la estabilización del mercado petrolero. Prioridad mucho más loable si ella se reflejara directamente en los recursos necesarios para atender la emergencia humanitaria.
En el caso del gobierno interino, el seguimiento de las acciones reflejadas en la Gaceta Oficial hasta el 19 de febrero (último día de publicación) indica que no se ha aprobado ninguna acción relacionada con la atención de la emergencia humanitaria. Es así de claro y dramático.
Quizás la publicación del último informe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) sobre Venezuela puede ayudar para que ambos gobiernos coordinen esfuerzos.
Se señala en este informe que la respuesta humanitaria en Venezuela registró en 2025 el menor financiamiento de los últimos años. Sólo se recibieron 115 millones de dólares, equivalente al 19% de los requeridos (606 millones de dólares). Esto significa, según el informe, que el programa de atención humanitaria de Venezuela es uno de lo que tienen menos financiamiento en el mundo.
Cuando se analiza por rubros de atención, se señala en el informe que la seguridad alimentaria recibió menos del 25% de lo requerido. En salud, educación y protección contra la violencia basada en género y nutrición se recibió entre 13% y 19% de lo previsto. En agua, saneamiento, e higiene; protección de niñas, niños y adolescentes; y alojamiento, energía y enseres se recibió menos del 10% de lo requerido.
A pesar de estas severas limitaciones de financiamiento, se destaca en el informe la participación de 122 organizaciones (69 en el ámbito nacional y local) para apoyar con servicios a 2,1 millones de personas beneficiarias en todo el país (sobre una meta de 5,1 millones de personas a atender).
Tal como se indica en el informe, el problema actual es el financiamiento de la atención humanitaria en el año 2026 (ya transcurridos casi tres meses). Esta pregunta, la asignación de los recursos para el año en curso, debería formar parte de la agenda de coordinación de los dos gobiernos que tiene ahora Venezuela.
También debería considerarse en la agenda de interpelaciones que podrían realizar todas las bancadas representadas la Asamblea Nacional. Y también debe ser un eje de las acciones que realizan los sectores comprometidos con la transición inclusiva a la democracia en Venezuela.
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La atención preferente a la emergencia humanitaria compleja del país es una excelente oportunidad para la cooperación efectiva entre ambos gobiernos, el parlamento, y los actores políticos y sociales. Esperemos que sea así.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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