Director de Provea sospecha que Gobernación de Lara aupó violencia contra Guaidó
Alvarado explicó que los organismos del Poder Moral como la Defensoría y la Fiscalía tienen más de cuatro años sin presentar informes sobre los DDHH
El coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, manifestó este lunes 2 de marzo que la actualización oral presentada por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estaba orientada a la evaluación de cómo había sido la colaboración del Ejecutivo venezolano para el equipo técnico de su oficina que está en Venezuela.
A su juicio, el mensaje fundamental que dejó esa presentación es que «no hay suficiente cooperación por parte el gobierno. Se le ha dejado actuar visitando algunas cárceles, pero no han podido entrar a la Dgcim, que se ha convertido en centro de torturas, así como tampoco en el Sebin. Ademas, tampoco hay colaboración amplia por parte del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo, que vienen recibiendo asesoría técnica de este grupo de personas».
En entrevista para Globovisión, Alvarado explicó que los organismos del Poder Moral como la Defensoría y la Fiscalía tienen más de cuatro años sin presentar informes sobre los DDHH. por lo que se desconoce la situación acerca de esta materia en Venezuela desde el punto de vista oficial «y es parte de lo que debería ser resultado del proceso de colaboración con la gente de la ONU».
Respecto a lo ocurrido en Lara el pasado fin de semana con las agresiones de grupos civiles armados al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y a sus simpatizantes, el coordinador de investigación de Provea manifestó que esa situación es «preocupante» e indicó que debe condenarse cualquier hecho de violencia, tanto el visto contra el parlamentario como el «intento de magnicidio» contra Nicolás Maduro en agosto de 2018, «que afortunadamente fracasó porque si no el país estaría en un baño de sangre».
Indicó que la violencia política en Venezuela no debe ser alentada en ninguna circunstancia, ya que si existe un aliento a atacar a los dirigentes políticos, sea cual sea su posición política, puede registrarse una escalada de violencia indetenible. Sin embargo, es de la opinión de que desde el gobierno se ha promovido el paramilitarismo y en el caso específico de Lara, «estoy plenamente seguro que en el caso de Barquisimeto, la gobernadora del estado tiene alta responsabilidad» en el caso.
Detalló que se han recibido varias denuncias de cómo desde la gobernación larense se incita a los grupos civiles armados a que actúen y acotó que son los mismos que llevaron a cabo acciones violentas cuando Michelle Bachelet estuvo de visita en el país.
Instó al fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, a tener una participación más activa en este tipo de denuncias, ya que tiene las pruebas y las identificaciones. Indicó que Ruiz tiene potestad de investigar casos de violación de DDHH sin tener que esperar la denuncia, «pero la dos instituciones están dominadas por el gobierno y están al servicio de las violaciones de DDHH de Venezuela. No han dicho nada frente a las ejecuciones extrajudiciales. Se ejecutan mas de 5.000 personas y Ruiz está en silencio absoluto».
Respecto a la amenaza del presidente de la ANC, Diosdado Cabello, de ir contra las ONG, Marino Alvarado explicó que su reacción fue a un tuit que se colocó respecto a los ejercicios militares, en el que sugería que en vez de priorizar el gasto militar, debería invertirse en salud y educación.
Recordó que no es la primera vez que Cabello hace ese tipo de amenazas y aseveró que la administración de Maduro tiene más de 10 años construyendo siete hospitales y aún no los termina, «pero se invierte en armas y se crea una policía para reprimir».
Subrayó nuevamente el caso del dirigente sindical Rubén González, quien tiene más de un año preso en la cárcel de La Pica en el estado Monagas. Detalló que su estado de salud se deteriora dramáticamente y subrayó en su insistencia para permitirle salir de ese centro de reclusión para que sea atendido.
«Si se quiere avanzar en el país a generar un clima de cordialidad, que pueda permitir algún proceso de negociación y dialogo en Venezuela, es fundamental la liberación de presos políticos», expresó.
Señaló que Provea trabaja con el Centro Gumilla para realizar monitoreos en todo el país enfocándose en los asesinatos perpetrados por la fuerza pública -por las FAES y el Cicpc-, ya que aseveró que existe una cantidad «impresionante» de personas que son asesinadas semanalmente en el país, además de los demás atropellos de los que son víctimas las personas como allanamientos, robos, destrozos a sus bienes, entre otras cosas.
Luis Florido
Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, culpó a la gobernadora larense Carmen Meléndez, a Luis Jonás Reyes, alcalde de Ibarren y al secretario de seguridad ciudadana de la entidad de «omisión en el intento de magnicidio» contra Juan Guaidó en la movilización del pasado 29 de febrero en Barquisimeto.
A través de su cuenta de Twitter el parlamentario dijo que responsabilizaba a dichas autoridades no solamente por la acciones contra el presidente interino, sino también por las agresiones contra los civiles que se encontraban en la marcha.
Estos son los que tienen responsabilidad por acción u omisión en el intento de Magnicidio contra Guaido y el ataque contra el pueblo Larense:
Gobernadora Lara: Carmen Melendez
-Alcalde Iribarren: Luis Jonás Reyes Flores
-Secretario Seguridad Ciudadana:
G/D Martín Maldonado
1/5 pic.twitter.com/YJBN6kiwAE— Luis Florido (@LuisFlorido) March 1, 2020
En este sentido, Florido señaló también que en el ataque estuvieron involucrados la concejal suplente del municipio Ibarren de Barquisimeto, Neida Pineda y el director del Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto (Mercabar), Juan Carlos Sierra.En imágenes difundidas en la red social mencionada anteriormente se pudo observar a Sierra con un arma en la mano.
PUEBLO, identifica a los que actuaron ayer contra nuestra gente en #Lara y el Presidente @jguaido. Lo de ayer fue terrorismo de Estado. Es la asociación de cuerpos de seguridad, gobierno ilegítimo y grupos irregulares de delincuentes, colectivos, Comuna Maroa,Gayones y Palavecino pic.twitter.com/4HNdqeO5Fv
— Luis Florido (@LuisFlorido) March 1, 2020
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El parlamentario también identificó a Erick Medina como el hombre armado que apuntó directamente con un arma a Guaidó y al motorizado que lo acompañaba, Miguel Eduardo Mencias, otro colectivo de Palavecino al cual conocen como el «Tractor».
Para Florido ellos sólo fueron los encargados de ejecutar el plan del «instigador» Diosdado Cabello, sobre quien a su juicio recae la responsabilidad intelectual del magnicidio frustrado.
Este es conductor de estas moto, MIGUEL EDUARDO MENCIAS RODRIGUEZ, alias tractor, vive en los Pinos, Cabudare. Acá usa la misma gorra que en la moto. Su mujer es Yuhely Marquez, alias la flaca y se la pasa con La Gocha y colectivos. Presuntamente fue presa por sembrar Marihuana pic.twitter.com/p6sc7heLly
— Luis Florido (@LuisFlorido) March 1, 2020
Según el dirigente político lo ocurrido ese día fue terrorismo de Estado, por parte de «la asociación de cuerpos de seguridad, gobierno ilegítimo y grupos irregulares de delincuentes, colectivos, Comuna Maroa, Gayones y Palavecino.»
El pasado sábado 29 de febrero el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tenía programada una concentración pacífica con los habitantes de la ciudad de Barquisimeto, quienes saldría desde la parroquia Juan de Villegas y llegarían hasta la parroquia 10 de marzo, donde el interino les daría un mensaje; sin embargo, a los pocos minutos de comenzado el encuentro la manifestación fue dispersada por civiles armados que llegaron disparando a los presentes.
