Diálogo en la cuerda floja, por Luis Ernesto Aparicio M.
Hace pocos días, los continuadores del sistema autoritario inaugurado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro anunciaron la aprobación de una Ley de Amnistía para detenidos y perseguidos políticos durante más de dos décadas. Se trata de un gesto que, en teoría, podría aliviar tensiones y permitir la reintegración de actores bloqueados, aunque su alcance real sigue siendo incierto y su efecto dependerá menos del anuncio que del contexto político que lo rodea.
En apariencia, esto podría interpretarse como una señal favorable dentro de un proceso de transición. Pero la experiencia venezolana obliga a la cautela. Por muchos años, en nuestro país, las promesas políticas suelen convertirse en monumentos a la espera o, simplemente, en instrumentos retóricos que no se traducen en hechos. Por eso, una Ley de Amnistía no debería ser presentada como el centro del debate, sino como una herramienta parcial dentro de un proceso mucho mayor, uno que solo tendría sentido si desemboca en el reencuentro con la democracia.
Una amnistía, sin duda, puede contribuir a bajar tensiones, reducir los costos de salida para sectores del poder, abrir canales de negociación y permitir que actores hoy bloqueados vuelvan a participar en el espacio público. Puede ser útil incluso como gesto inicial de distensión. Pero por sí sola no constituye una apertura política real, y mucho menos una transición democrática. Una amnistía sin liberación plena de presos políticos, sin restitución de derechos, sin garantías para el disenso y sin reconstrucción institucional, corre el riesgo de convertirse en un símbolo vacío.
Y es que la amnistía no ocurre en el vacío. Antes de ella —y alrededor de ella— opera un entramado legal que restringe libertades esenciales. Leyes como la Orgánica Libertador Simón Bolívar, la regulación sobre las ONG o la llamada Ley Contra el Odio forman parte de un cerco normativo que limita la expresión, la asociación y la participación política. En ese contexto, la amnistía corre el riesgo de convertirse en un recurso decorativo, útil para el paisajismo jurídico de una apertura que no toca el fondo del problema.
Estas normas no son instrumentos aislados. Forman parte de un conjunto de prácticas que, en su acumulación, han reducido severamente el espacio cívico y han dejado a activistas, periodistas, organizaciones sociales y partidos políticos bajo sospecha permanente. Así, cualquier gesto de reconciliación puede terminar siendo apenas una puerta giratoria: se anuncia alivio mientras se mantiene intacto el aparato que permite nuevas persecuciones.
El verdadero punto de quiebre no está en anunciar leyes, sino en desmontar el aparato de control que sigue operando: persecuciones selectivas, partidos intervenidos, medios clausurados y ciudadanos sometidos a la vigilancia del miedo. Hablar de reconciliación sin devolver libertades es apenas una narrativa conveniente. Y hablar de paz sin justicia es, en el mejor de los casos, una pausa; en el peor, una estrategia.
A esta discusión se suma un hecho reciente que merece atención. Junto a esta Ley, en los últimos días algunos sectores opositores han recibido una invitación formal desde la Asamblea Nacional para incorporarse a un proceso de conversación política. No se trata todavía de una negociación plena, ni mucho menos del inicio definitivo de una transición, pero desde la política seria podría leerse como un intento —todavía frágil— de abrir otra fase del proceso, una en la que el conflicto comience a administrarse por vías institucionales.
Sin embargo, este tipo de iniciativas corre un riesgo inmediato: ser demolidas desde dentro del propio campo opositor. Para quienes insisten en que no debe haber diálogo, ni conversación posible, sino únicamente un llamado directo a elecciones, cualquier acercamiento se convierte en sospecha. Y es allí donde reaparece el patrón conocido: el señalamiento, el descrédito, la acusación de “vendidos” contra quienes intenten utilizar la política como herramienta.
*Lea también: Intereses muy contrapuestos, por Fernando Luis Egaña
Al final, solo queda recordar a quienes estoy seguro lo saben: Venezuela no necesita solo acuerdos para reducir el conflicto: necesita un proyecto democrático explícito, sin ambigüedades, que restituya derechos, reconstruya instituciones y permita que el futuro no sea apenas una repetición maquillada del presente. Ojalá que todo esto, esté contemplado en quienes han asumido el protagonismo político venezolano.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.
