Desmontar la dictadura judicial (I), por Juan Miguel Matheus
La renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia abre la puerta a la transformación del sistema de justicia venezolano. Designar nuevos magistrados en todas las salas es un primer paso inconmensurable. El siguiente consiste en llevar la independencia judicial hasta cada tribunal del país y desmontar los mecanismos que durante años hicieron posible la utilización de la justicia para la persecución política y la corrupción.
Los acuerdos del 12 de agosto, alcanzados por la mesa de negociación con el apoyo del secretario de Estado Marco Rubio, apuntan en esa dirección. La nueva conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, con mayor presencia de la sociedad civil, inicia un proceso que debe ser transparente, abierto al escrutinio ciudadano y conducir a la renovación del TSJ.
El Consejo Independiente de Revisión de Credenciales deberá contribuir a asegurar el cumplimiento estricto de los requisitos constitucionales de los postulados a las magistraturas. Pero ahora corresponde llevar esa transformación hacia las instituciones que gobiernan diariamente el Poder Judicial: la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura, como se establece en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que modifica el artículo 65, aprobada el 1 de septiembre de 2026.
Queremos reconstruir la independencia judicial de arriba hacia abajo. Depende de quiénes integren el Tribunal Supremo, pero también de las condiciones concretas en las cuales cada juez venezolano ejerce su función.
La administración de los tribunales, la inspección de los jueces, su formación, su evaluación y su estabilidad profesional determinan en buena medida la libertad real con la cual pueden ejercer sus competencias jurisdiccionales y decidir para darle justicia a los venezolanos.
Necesitamos, por eso, nuevas autoridades en estos organismos y garantías efectivas para su autonomía. Una Dirección Ejecutiva de la Magistratura profesional y autónoma debe administrar los recursos del Poder Judicial al servicio de los tribunales. Una Inspectoría independiente debe velar por el correcto funcionamiento de la justicia y la integridad de la función judicial.
La Escuela Nacional de la Magistratura debe ser uno de los pilares de una verdadera carrera judicial fundada en el mérito, la preparación y la estabilidad. El objetivo es muy concreto: que cada juez pueda aplicar la ley sin recibir instrucciones y sin temer consecuencias por sus decisiones.
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura tiene una responsabilidad central. Allí se administran buena parte de las condiciones materiales en las que trabajan nuestros tribunales. Recursos, personal y decisiones administrativas deben responder a las necesidades del Poder Judicial y a criterios profesionales y transparentes. La autonomía judicial también se juega en estos asuntos del día a día.
La Inspectoría General de Tribunales es igualmente importante. Su tarea es vigilar el desempeño de los jueces y el cumplimiento de sus deberes. Un juez debe saber que será evaluado por su conducta y por la manera como ejerce la función jurisdiccional, y nunca porque una sentencia suya resulte incómoda para quien ejerce el poder. Allí la autonomía de la Inspectoría adquiere todo su sentido.
La Escuela Nacional de la Magistratura tiene otra tarea. Venezuela necesita volver a formar jueces y reconstruir la carrera judicial. Hay que atraer a buenos abogados, premiar el conocimiento y la integridad, y ofrecer estabilidad a quien dedica su vida profesional a administrar justicia. Necesitamos que ser juez vuelva a representar una vocación de servicio y una responsabilidad ante la ley y ante los ciudadanos.
De eso hablamos cuando planteamos que la renovación del TSJ debe llegar a la vida diaria de los tribunales. La independencia que exigimos para los magistrados del Tribunal Supremo debe alcanzar también al juez que todos los días decide sobre los derechos, los bienes, la familia y la libertad de los venezolanos.
Estamos dando pasos para desmontar una dictadura judicial que tardó casi tres décadas en construirse. Hay instituciones, normas y prácticas arraigadas durante años que debemos transformar. La democratización venezolana requiere un Poder Judicial que, por ejercer con ortodoxia sus funciones, recupere la confianza de los ciudadanos y coloque a nuestra judicatura a la altura de los estándares de independencia judicial desarrollados en el marco de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los venezolanos debemos tener confianza y acompañar este proceso con atención y exigencia, con sentido crítico y genuino celo republicano. La meta está en el artículo 254 de la Constitución y no es más que hacer efectiva la independencia judicial.
*Juan Miguel Matheus es diputado de la Asamblea Nacional de 2015 e integrante de la delegación negociadora en la mesa técnica para el fortalecimiento de la democracia.
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