Desaparición y muerte de Víctor Hugo Quero Navas, por Gregorio Salazar
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Víctima de desaparición forzada, mil veces negado en las puertas de los penales, incomunicado, sin derecho a la defensa, sin permitir un contacto familiar, negado el habeas corpus y la amnistía cuando ya había fallecido y finalmente ocultada su muerte por casi un año.
Así fue el viacrucis final del preso político Víctor Hugo Quero Navas (51), a manos de un régimen que cambió de manos, pero no su talante violador de los Derechos Humanos.
Desde hacía varias semanas la ciudadanía observaba a través de las redes sociales la menuda figura de la madre del detenido, Carmen Teresa Navas, mujer de admirable entereza, en un incansable peregrinar en busca de noticias de su hijo: si estaba vivo o muerto, dónde lo mantenían recluido, cuál era el estado del proceso judicial, si era que este seguía abierto.
Desde el 1 de enero de 2025, fecha en que sujetos encapuchados se llevaron a su hijo y único sostén, no hubo puerta que la señora Navas no tocara en demanda de información.
Cuando en octubre del año pasado una funcionaria de la Defensoría del Pueblo fue informada por la Fiscalía de que Quero estaba recluido en el Rodeo I, allí se dirigió por lo menos en cinco oportunidades la anciana madre. Y las cinco veces le respondieron que allí no se encontraba.
La aprobación de una ley de amnistía a comienzos de este año le avivaron la esperanza a la señora madre de Quero Navas de al menos recibir una información oficial de su paradero.
El 7 de abril introdujo un habeas corpus y ni siquiera le fue recibido, una deleznable práctica que se ha hecho común en la Venezuela «revolucionaria», a semejanza de las peores dictaduras sureñas. Agreguemos que la ley de amnistía todavía sigue generando una amarga frustración en los venezolanos.
Finalmente el régimen ha admitido que el preso político Víctor Hugo Quero Navas murió bajo su custodia. Lo hizo mediante un comunicado del ministerio del servicio penitenciario, fechado 7 de mayo de 2026, en el que casi responsabilizan al hoy ciudadano fallecido de la desaparición forzada, al decir que «no suministró datos sobre vínculos filiatorios» y aseguran falsariamente que «ningún familiar se presentó a solicitar visita formal», como si negar el paradero de los perseguidos no fuera una práctica inveterada de las policías y los órganos de administración de justicia en este oscuro período del país.
Es decir, los atropellos a la dignidad de la señora Carmen Teresa Navas han continuado después de mantenerle oculta la muerte de su hijo durante casi un año, dado que la fecha del deceso fue fijada por la información oficial como el 24 de julio, después de diez días de reclusión en el Hospital Militar.
Seis días después fue sepultado en ausencia de familiares. Hemorragia gástrica y fiebre se señalan como causas del deceso. Frente a su tumba, distinguida con un simple letrero, la señora Navas enjuga solitaria su dolor y pesar de madre.
Cómo creerle al mismo régimen bajo cuya custodia perdieron la vida el dirigente político Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo, en circunstancias de trato inhumano, y otros que vieron mermar su salud hasta la muerte por falta de atención médica oportuna como el general Raúl Baduel, el exgobernador Alfredo Díaz, y otros 23 presos políticos, según las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a las que también se les persigue, dicho sea de paso, por su labor.
Si alguna de las prácticas más inconstitucionales y degradadas del régimen ha sido ampliamente documentada dentro y fuera del país, esa es la violación flagrante y continuada de los derechos humanos, no sólo el derecho a la vida, sino toda una amplia gama de garantías que van desde la libertad de expresión hasta el derecho de asociación.
Y en materia de personas desaparecidas la lista es larga y la encabezan los nombres de Hugo Marino Salas, Juan Hurtado Campos y Alcedo Mora, de los cuales nunca más ha habido noticias.
La causa ya la sabemos: quienes han ejercido el poder en Venezuela desde 1999 están dispuestos a todo para mantener esta República sojuzgada y como su propiedad exclusiva, desde la represión desenfrenada hasta el fraude electoral, desde el saqueo del tesoro público hasta la persecución de la dirigencia opositora.
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Ya pueden pasearse impunemente por el país en anticipado lanzamiento electoral para unos comicios de los cuales, pese al clamor popular, no hay ninguna noticia ni fecha.
Cuando las tenga en condiciones justas, legales y decentes el voto soberano del pueblo pondrá fin a una condenable época de tantos desmanes y sufrimientos.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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