Derechos políticos, por Griselda Reyes
Twitter: @griseldareyesq
En Venezuela la Constitución y las leyes son muy claras. Consagran una República democrática en la que cabe desde la libre asociación hasta el derecho a la protesta pacífica. En este andamiaje llamado socialismo del siglo XXI con el paso de los años en el poder han logrado la fórmula de doblegar lo que los textos legales establecen y convertirlos en un traje a la medida, ya sea por estrategias para tales fines o por situaciones sobrevenidas. No somos irresponsables al decir que han deformado lo legal para usarlo a su conveniencia y lograr permanecer en el poder.
Quienes están en Miraflores se han valido de diversas artimañas legales que hoy ponen en tela de juicio la institucionalidad del país. Ejemplos sobran. La falta de independencia entre los poderes públicos del país, tras enlazarse en un solo Estado, Gobierno y partido es el más evidente de esto. En función de ello han ido socavando aceleradamente los derechos políticos de los ciudadanos.
Si entramos en los detalles minúsculos, voy con tres casos graves a propósito que está en boga en este momento el tema político-electoral: – *Inhabilitaciones políticas*: Si bien sabemos que los dirigentes que asumen cargos públicos deben cumplir con protocolos de contraloría para limitar los excesos en estos puestos, desde el poder han asumido las inhabilitaciones políticas, producto de presuntas fallas de corrupción, como un arma para sacar de juego a quienes aspiran sucederlos en el poder.
Lamentablemente no es algo nuevo, solo que hoy es noticia por afectar a dirigentes de la alternativa democrática que buscan asumir el control del Estado. Esto ha generado varias similitudes con el accionar de Daniel Ortega, quien arbitrariamente cercenó los derechos políticos de quienes pretendían sacarlo de la presidencia. La democracia se trata de votos, no de vetos ni exclusiones. Una tarea que parecen no tenerla todos claros después de tantos años. – *Operación morrocoy con la actualización del Registro Electoral* Por otro lado tenemos el arrebato de los derechos de los jóvenes que están próximos a cumplir 18 años de edad. Su deber ciudadano está siendo limitado por adelantado al cercar la posibilidad de inscribirse y/o actualizar datos ante el ente comicial.
Según estiman los entendidos en la materia, cerca de dos millones de jóvenes no tienen facilidades para entrar en el padrón electoral que escogerá al presidente de la República. ¿La razón?
Ineficiencia de este poder público que no permite municipalizar el proceso de inscripción. Desde esta tribuna saludamos a las comunidades universitarias que insisten al nuevo Poder Electoral, recién juramentado, para que lleve al CNE hasta las parroquias más alejadas del país, a universidades, estaciones de servicio públicos.
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Es la forma de respetar la participación ciudadana. *Voto migrante* Por último, para no hacer demasiado extenso este tema, vemos con especial preocupación como el Estado venezolano, excusándose en el cerco internacional, no procura que los millones de ciudadanos que hoy están regados por el mundo puedan decidir sobre los destinos del país. Vale la pena mencionar que los temas consulares en el pasado fueron óptimos para salvaguardar este tema. Hoy, cuando hay restablecimiento tímido de relaciones con diversos Estados y Gobiernos, esto debe ser prioridad.
Venezuela no puede seguir avanzando a la consolidación de un Estado fallido que invisibiliza y viola los derechos fundamentales de sus ciudadanos. El voto es sagrado y debemos todos hacer respetar el derecho a elegir y ser elegido. Los corruptos que paguen lo que merecen, pero no podemos quedarnos callados frente a los excesos.
Grisela Reyes es empresaria. Miembro verificado de Mujeres Líderes de las Américas.
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