¿Democracia real o el espejismo de la reactivación sin libertad?, por Carlos Torrealba R.
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La captura y extracción del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela. Sin embargo, tras el impacto sísmico de aquel evento, el país se encuentra hoy en una encrucijada peligrosa.
A medida que avanzamos en este 2026, surge una interrogante que no admite postergaciones: ¿Es posible reconstruir una nación bajo un esquema de interinidad prolongada y tutelaje externo, o estamos simplemente cambiando un autoritarismo por una parálisis institucional?
El mito del desarrollo sin votos
Existe una corriente de pensamiento, alimentada por el pragmatismo de ciertos sectores políticos y económicos, que sugiere que Venezuela puede recuperarse mediante la «estabilización» de servicios y la reactivación petrolera bajo el mando de un gobierno encargado, postergando la urgencia electoral.
No obstante, desde una perspectiva técnica, la respuesta es un rotundo no. Es imperativo diferenciar el crecimiento inercial del desarrollo real. Aunque se puedan ver «rebotes» económicos puntuales o burbujas de consumo, el desarrollo sostenible requiere tres pilares que hoy siguen en duda.
En primer lugar, Venezuela enfrenta el reto titánico de su reconocimiento y deuda externa. El país necesita desesperadamente reestructurar una deuda externa que supera los 150.000 millones de dólares.
Sin un gobierno con legitimidad de origen —nacido de urnas reconocidas—, los acreedores internacionales y los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial no pueden, por mandato legal, firmar acuerdos de largo plazo. Sin este oxígeno financiero, cualquier mejora será cosmética, efímera y limitada a una economía de enclave y no de desarrollo integral.
Seguridad jurídica vs. tutelaje
En segundo lugar, debemos diferenciar la seguridad jurídica del tutelaje. El actual control de EEUU sobre activos estratégicos funciona como una medida de emergencia, pero no sustituye a un Estado de Derecho. El capital productivo busca certezas, no tutelas.
Los grandes capitales globales no comprometerán inversiones en proyectos a 20 años si la gobernabilidad depende de decretos de un gobierno encargado o de los vaivenes en la política exterior de Washington.
Mientras persista el limbo institucional, el país solo atraerá «capitales golondrina» —aquellos de alto riesgo que buscan retornos rápidos y salida inmediata—, pero espantará la inversión en infraestructura e industria pesada que Venezuela requiere para su reconstrucción social.
La plena vigencia de la Constitución es la única garantía de que los contratos firmados hoy no sean anulados por un gobierno futuro, eliminando así el riesgo de una nueva ola de inseguridad jurídica.
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Hacia un proyecto de país de largo aliento
La gestión de la presidencia encargada se mueve hoy en una ambigüedad calculada. Bajo el argumento de la «reingeniería institucional», existe el riesgo de que el tutelaje se convierta en un fin en sí mismo.
Venezuela requiere ingresar finalmente al siglo XXI, de manera de dejar atrás décadas de estancamiento, atraso y destrucción, lo que exige una hoja de ruta de Estado que trascienda nombres y periodos presidenciales.
Este proyecto de largo aliento debe estar orientado a garantizar la autonomía del Banco Central para preservar la estabilidad monetaria y fortalecer la credibilidad institucional; a consolidar la estabilidad macroeconómica como base de un entorno predecible que impulse la inversión; y a promover el desarrollo pleno de la industria petrolera bajo estrictos estándares ambientales, mientras se impulsa una transición energética coherente que no comprometa el crecimiento.
Asimismo, es vital fomentar la diversificación del aparato productivo mediante una política industrial moderna en sectores como la agroindustria, la tecnología y los servicios, apalancado todo ello en el desarrollo del recurso humano a través de un sistema educativo de nivel mundial alineado con las demandas tecnológicas del futuro.
Conclusión
La recuperación de la democracia no es un lujo que deba esperar a que la economía sane; es la condición indispensable para que esa sanación sea profunda, soberana y duradera. No se trata solo de cambiar inquilinos en Miraflores, sino de edificar un Pacto Social donde el progreso se irradie a todos los estratos de la sociedad bajo reglas claras y permanentes.
Al final del día, la institucionalidad depende fundamentalmente de los venezolanos. Esa tarea no es delegable a potencias extranjeras. El tiempo corre, y el horizonte de 2027 debe ser el de una República plenamente constituida por su propia gente, y no el de un protectorado atrapado en la inercia del pasado.
Carlos Torrealba Rangel es economista y asesor inmobiliario
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