Del antiimperialismo de espectáculo a la genuflexión, por José Rafael López P.
Venezuela no se arruinó por falta de recursos, sino por la administración irresponsable de una de las mayores rentas petroleras del planeta. Durante décadas, el país confundió la riqueza con el petróleo y el Estado con la petrochequera. Así se consolidó una economía rentista, escasamente productiva, dependiente de la importación y atravesada por redes de corrupción estructural.
La renta dejó de ser palanca de desarrollo para convertirse en mecanismo de dominación política: el poder repartía, la sociedad dependía. En lugar de discutir cómo diversificar la economía y aumentar la productividad, la disputa giró en torno a quién capturaba la renta. El resultado fue un país vulnerable, con institucionalidad debilitada y ciudadanía reducida a clientela.
El ascenso de Hugo Chávez no desmontó el rentismo: lo radicalizó. El estatismo expansivo destruyó buena parte del tejido productivo no petrolero y profundizó la dependencia de la renta.
Pdvsa, que durante décadas funcionó con estándares técnicos reconocidos internacionalmente, fue transformada en instrumento político. El despido masivo de más de 18.000 trabajadores tras el paro petrolero de 2002–2003 —documentado en informes oficiales y en investigaciones académicas sobre la industria— marcó un punto de inflexión. La capacidad técnica fue sustituida por lealtad partidista; la planificación, por consignas ideológicas.
Desde entonces, la inversión cayó sostenidamente, el mantenimiento se postergó y la capacidad operativa se deterioró. Según cifras secundarias reportadas por la OPEP y la propia data oficial venezolana, la producción pasó de más de 3 millones de barriles diarios a niveles históricamente bajos antes de la imposición de las sanciones sectoriales de 2017–2019. Es un dato verificable: el colapso estructural precede a las sanciones. Estas agravaron la crisis, pero no la originaron.
Entre 2006 y 2007, en nombre de la «plena soberanía petrolera», se impuso la migración a las empresas mixtas (Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial N.º 38.443 y normativa posterior). El Estado, a través de Pdvsa, debía poseer al menos el 60% de la participación accionaria.
El discurso prometía un mayor control estratégico y una mayor renta para la nación. Sin embargo, además, hay una paradoja estructural: mientras el discurso oficial demonizaba al «capital transnacional», el nuevo esquema convirtió a esas mismas compañías en copropietarias formales de proyectos de explotación.
Antes operaban bajo contratos de servicio; con las empresas mixtas pasaron a tener participación accionaria directa. En nombre de la soberanía, se modificó el modelo histórico venezolano, generando estructuras societarias más complejas y, en la práctica, más vulnerables a la opacidad y al arbitraje internacional. El resultado no fue una mayor soberanía efectiva, sino una mayor complacencia al capital transnacional.
Hoy el giro es aún más evidente. La reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 —aprobada sin amplio debate público ni consulta nacional— flexibiliza condiciones que durante dos décadas fueron presentadas como principios innegociables.
Una transformación de esta magnitud, que redefine la relación entre el Estado, Pdvsa y el capital privado, debió ser discutida con universidades, trabajadores del sector, expertos y sociedad civil. No lo fue.
Los cambios apuntan en una misma dirección: reducir el control operativo efectivo del Estado y ampliar el margen de acción del capital privado, especialmente de las transnacionales norteamericanas y europeas. Entre los elementos más controvertidos se encuentran: el Estado venezolano pierde el control real de la industria en favor del capital transnacional.
Por ejemplo, Pdvsa pierde el control operativo; así, las transnacionales —aunque sean minoritarias— pueden asumir plenamente la gestión técnica y operativa de los campos petroleros, quedando Pdvsa reducida a un socio nominal, sin control efectivo.
Además, la comercialización, históricamente controlada por Pdvsa, ahora, las transnacionales pueden comercializar directamente el crudo y manejar los ingresos en cuentas bancarias en el exterior. Esto no solo reduce la capacidad fiscal del Estado, sino también su capacidad de supervisión y control.
Otro aspecto importante es que los conflictos derivados de estos contratos ya no se resolverán en tribunales venezolanos, sino en arbitrajes internacionales. Además de ser violatorio de la Constitución (arts. 150, 151, 302 y 303), en la práctica, esto significa que Venezuela renuncia a su soberanía jurídica y se subordina a tribunales donde pesan más las correlaciones políticas y económicas globales que el derecho interno.
Finalmente, la Asamblea Nacional pierde su potestad para aprobar los contratos petroleros por tratarse de acuerdos de interés público (arts. 150, 151 de la Constitución) y su función queda reducida a un rol meramente informativo.
El chavismo construyó su identidad política sobre el antiimperialismo y la defensa irrestricta de la soberanía energética. Con esa narrativa, justificó la confrontación diplomática, los atropellos a los trabajadores petroleros, las purgas internas y una reingeniería petrolera que prometía independencia estructural.
Dos décadas después, el mismo proyecto político flexibiliza aceleradamente el marco legal para atraer capital extranjero, sin autocrítica ni explicación al país. La contradicción es evidente: lo que antes se denunciaba como «entrega» hoy se presenta como «necesidad estratégica». Lo que se calificaba de dominación extranjera ahora se negocia discretamente.
El antiimperialismo terminó siendo un recurso retórico eficaz para cohesionar apoyos internos y fabricar antagonismos externos, pero incapaz de sostener una industria compleja que exige inversión, tecnología y reglas claras.
El antiimperialismo chavista terminó siendo una consigna para el público de galería, un recurso retórico eficaz para movilizar aplausos y fabricar enemigos externos. Hoy no hay soberanía altisonante ni cadenas televisivas desafiantes; hay sumisión ante los caprichos de Mr. Trump, una traición a su narrativa original obligada tras la humillación del 3 de enero.
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Prueba de ello, fue el recibimiento casi faraónico —alfombra roja y música en vivo incluidas— al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Evento que no solo resultó protocolarmente desmedido, sino que evidenció niveles de subordinación despreciables.
Más que un gesto diplomático habitual, constituyó una escenificación orientada a exhibir complacencia y sometimiento incondicional. La dignidad nacional fue relegada a un segundo plano, especialmente si se considera que Mr. Wright representa los intereses del país que recientemente vulneró nuestra soberanía.
El chavismo no representa una propuesta de emancipación o ruptura con el orden dominante, constituye una farsa ideológica, que apela a un discurso revolucionario como recurso simbólico para legitimar y consolidar su proyecto hegemónico. La reforma no solo ha modificado la ley: certifica el entierro definitivo de una narrativa que durante dos décadas sirvió como escudo del proyecto bolivariano.
José Rafael López Padrino es Médico cirujano en la UNAM. Doctorado de la Clínica Mayo-Minnesota University.
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