De la vulnerabilidad a la catástrofe: las omisiones, por Marino J. González R.
El sufrimiento ocasionado por los dos terremotos que estremecieron a Venezuela el 24 de junio se había temido por mucho tiempo. Múltiples voces y estudios habían analizado que era previsible un terremoto de estas características. La condición sísmica del país ha sido documentada a lo largo de la historia. El reto siempre ha sido cómo tomar las decisiones apropiadas para enfrentar esta amenaza.
Para anticipar es fundamental conocer la magnitud de los riesgos ante eventos sísmicos. Especialmente los riesgos que tienen las personas y los hogares. Este fue el propósito del estudio realizado por el reconocido especialista en gestión de riesgos de desastres Ángel Rangel en la primera edición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014.
En el estudio se propuso la construcción del Índice de Vulnerabilidad Ciudadana ante las Amenazas Naturales (Ivcan). El índice está compuesto por 28 indicadores distribuidos en tres tipos de factores: sociales, económicos, y físico-ambientales. Dentro de los indicadores sociales está, por ejemplo, la información y formación en reducción de riesgos de desastres.
En los indicadores económicos están, por ejemplo, la disponibilidad de pólizas de seguro de bienes inmuebles, y la propiedad de la vivienda. Dentro de los indicadores físico-ambientales están, por ejemplo, si la vivienda está situada en un área con declaración oficial de riesgo, o si la vivienda está cerca de un deslizamiento activo.
Luego del procesamiento de los datos de la encuesta se pudo concluir que el 82% de la población en 2014 había sido identificado entre los niveles medio y muy alto de vulnerabilidad ante las amenazas naturales. Además, el 93% de las personas desconocía la existencia de un plan para la evaluación ante situaciones de emergencia.
También resultó preocupante que el 73% de las personas no percibían la amenaza natural vinculada al riesgo de afectación. Ya para aquel momento se estimó que la mitad de la población del país estaba en condición de alta vulnerabilidad económica ante la eventualidad de una amenaza natural.
Dentro de las recomendaciones de políticas públicas derivadas del análisis se señaló la importancia de la coordinación entre todos los niveles de gobierno para el diseño e implementación de medidas orientadas a la reducción de los riesgos. Se alertaba sobre la necesidad de un enfoque proactivo, y no reactivo. También se proponía que estos cambios requerían una nueva forma de organización (gobernanza) caracterizada por la más amplia participación y cooperación de los actores sociales,
A pesar de estas evidencias, y de la urgencia para reducir sistemáticamente el riesgo de la población ante las amenazas naturales, Venezuela no cuenta con las estrategias y planes requeridos. La ausencia de estos instrumentos explica la tardanza en responder ante la emergencia y las notables fallas en la coordinación y gestión. Por el contrario, países de la región como Chile y Perú han logrado diseñar estrategias y planes en los diferentes niveles de gobierno.
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La secuencia de eventos sucedida desde los terremotos, especialmente la atención de los primeros momentos y en los primeros días, ha dejado en evidencia las inmensas brechas de la gestión de riesgo de desastres que experimenta Venezuela. Las consecuencias son directas: ante los estragos de la emergencia humanitaria compleja de los últimos diez años se suma ahora la ampliación de estos efectos por el gran número de fallecidos, heridos, desaparecidos, y la destrucción de puestos de trabajo, viviendas, e infraestructura.
En cuestión de pocos minutos ha aumentado la brecha de vulnerabilidad para millones de ciudadanos. Enfrentar este deterioro aún mayor exige nuevas formas de actuación y políticas públicas fundamentadas en la prospectiva, y la reducción sistemática de riesgos individuales, familiares y colectivos. Todo este sufrimiento no debe ser en vano.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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