De la desolación a la esperanza, por Marta de la Vega
El 26 de marzo de 2020 marca un hito histórico para la Venezuela actual, pues se abre, por primera vez desde hace más de dos décadas, por encima del ámbito nacional, el camino para administrar justicia, de manera eficaz, transparente, imparcial e independiente, al imputar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Nicolás Maduro y a 14 funcionarios de la camarilla militar civil que lo acompaña, delitos de narcotráfico, responsables de traer anualmente cientos de toneladas de drogas ilícitas a suelo estadounidense.
También han sido acusados algunos de ellos, principalmente Maduro, Cabello, Padrino López, Alcalá Bordones y el “Pollo” Carvajal, de vinculación con el narcoterrorismo, no solo al proteger a grupos fuera de la ley entre los cuales las FARC, el ELN y Hezbollah, que utilizan como refugio y centro de operaciones de sus actividades ilícitas el territorio venezolano sino al formar parte destacada del “Cartel de los Soles”, en estrecha relación con otros Carteles mafiosos del crimen organizado transnacional. Estos cargos criminales no prescriben y tienen jurisdicción universal, como ocurre también con los delitos de lesa humanidad.
El Fiscal General de los Estados Unidos de América, William Barr, es quien anuncia los cargos criminales en contra del usurpador Nicolás Maduro y algunos de sus secuaces. Las causas están radicadas en la Fiscalía Sur de Nueva York y en la del sur de la Florida. Maduro no tiene inmunidad ninguna. Es un reo de la justicia. En contraste, Juan Guaidó responde a lo que denominó G. Sartori, “autoridad” (Qué es la democracia):
“La autoridad no manda, influye; y no pertenece a la esfera de la legalidad, sino a la de la legitimidad. Ya lo decían los romanos: la autoridad se funda sobre la dignitas” (la dignidad).
Estados Unidos no reconoce la legitimidad del mandato que ejerce Maduro, en Venezuela desde enero de 2019 y ha dado respaldo explícito, junto con más de 50 gobiernos democráticos del mundo, a Juan Guaidó como presidente interino de la república, quien por ley, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional, fue investido de esa autoridad, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución vigente, reiteradamente pisoteada, como las otras instituciones políticas, por sus propios artífices.
Son acusaciones demoledoras, sustanciadas durante más de 10 años por investigaciones realizadas con agentes y fiscales del Departamento de Justicia, un poder público independiente que no responde ni a intereses del Ejecutivo ni a presiones del Congreso norteamericano. Como a cualquier delincuente muy peligroso, toda información que lleve a la captura de estos individuos, recibirá una recompensa, siguiendo los procedimientos de ley.
Así lo establece la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, que administra el programa en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación ( FBI) y otras agencias estadounidenses interesadas.
*Lea también: Petromentira: Gobierno contra el Coronavirus, por Eduardo López Sandoval
Mientras tanto, la respuesta de Maduro ha sido, por cadena nacional de radio y TV, de un cinismo tal que mueve a risa, si no fuera tan trágica la situación: “Es una acción extravagantemente extremista, vulgar, miserable, para un grupo de venezolanos de bien…Como unos cowboys (vaqueros) racistas, les ponen precio a las cabezas de unos revolucionarios dispuestos a combatirlos en todos los terrenos. ¡Eres un miserable, Donald Trump!” (El Nacional web, 27 de marzo de 2020).
Maduro y su cúpula de mafiosos criminales, ante un pueblo sin brújula que vive del inmediatismo y las migajas para sobrevivir, permanecen ajenos a los sufrimientos y el desamparo de la mayoría desvalida, pese a las hermosas y solidarias iniciativas privadas de personas y organizaciones civiles no gubernamentales para paliar las secuelas de destrucción de una banda criminal que usurpó las estructuras del Estado y se aferra al poder, no importa cuán alto sea el precio que los ciudadanos tengan que pagar.
Mientras le niegan gasolina en una bomba a una ambulancia con un enfermo, o a un médico que tiene el compromiso de trabajar por la vida y contra la enfermedad, o a un paciente que necesita diálisis en un centro médico al que no puede llegar sin carro, o a periodistas y distribuidores de alimentos, como está previsto en el decreto de emergencia, –mera formalidad–, la corrupción campea en todos los estratos de la sociedad y muy especialmente entre militares y policías.
Se les ha visto pelear entre ellos por el control del combustible y a guardias nacionales revendiéndolo en carreteras. Con malandrines como modelos y el liderazgo sin escrúpulos del chavismo, no nos extrañan estas prácticas cotidianas de quienes deben resguardar el orden público, la honra, bienes, derechos y cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; de quienes custodian la gasolina para su justa distribución en medio de la crisis pero hacen negociados con ella, igualmente como con servicios de otras empresas públicas, como Cantv.
Por eso el problema es más que un cambio de gobierno y de régimen. Recuperar la ética pública y la privada. Romper con la moral del “sálvese quien pueda”.
De lo contrario no saldremos del abismo: el peor daño de este régimen desde Chávez ha sido institucionalizar la anomia moral. Por eso el dicho sabio: «la necesidad tiene cara de hereje». Mientras sigamos en modo de sobrevivencia no se va a componer Venezuela.
