De la ciudad socialista, por Marco Negrón
El mes próximo se cumplirán ocho años de la promulgación, por la Alcaldía Metropolitana de Caracas, de los primeros avances del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. Habiéndose establecido ese año como horizonte, a estas alturas la Alcaldía debería estar presentando su actualización, pero, como se sabe, después de una larga serie de arteros ataques que llegaron hasta el injustificado encarcelamiento del Alcalde, en diciembre de 2017 ella fue intervenida por una Junta ilegalmente designada por la espuria asamblea nacional constituyente.
A estas alturas no hay noticias de las diligencias adelantadas por aquella, apenas que, como un agujero negro, se tragó el Plan Estratégico y todas las demás actuaciones e iniciativas del proscrito Gobierno Metropolitano, mientras la ingobernabilidad de la capital crece y su ya larga crisis alcanza niveles inusitados.
Esto resulta lamentable pero no sorprendente: hay que volver al rechazado proyecto de reforma constitucional de Hugo Chávez de 2007 para entender la real visión que el mentor y guía del régimen tenía acerca del gobierno y organización de las ciudades y el territorio y la dimensión de su ensañamiento contra todo aquello que tuviera que ver con descentralización y autonomía de los poderes locales, recordando que no se trataba precisamente de una pequeña reforma: sumaba más de medio centenar de artículos y trastocaba planteamientos fundamentales, como el del “Estado federal descentralizado” que consagraba en su artículo 4 la que el mismo Chávez se ufanaba en llamar “la mejor Constitución del mundo”.
*Lea también: La Huella Hídrica, por Carlos M. Montenegro
Bastarán pocas líneas para mostrar cuál era el destino que se le reservaba a las ciudades: con minucioso elenco de funciones, como para no dejar nada librado al azar, en su artículo 18 disponía que en la ciudad de Caracas “El Poder Nacional por intermedio del Poder Ejecutivo y con la colaboración y participación de todos los entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como del Poder Popular, sus Comunidades, Comuna, Consejos Comunales y demás organizaciones sociales, dispondrá todo lo necesario para el reordenamiento urbano, reestructuración vial, recuperación ambiental, logros de niveles óptimos de seguridad personal y pública, fortalecimiento integral de los barrios, urbanizaciones, sistemas de salud, educación, deporte, diversiones y cultura, recuperación total de su casco y sitios históricos, construcción de un sistema de pequeñas y medianas Ciudades Satélites a lo largo de sus ejes territoriales de expansión y, en general, lograr la mayor suma de humanización posible en la Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira Repano”.
Dejando de lado la suma ridiculez de esas últimas palabras, lo que queda meridianamente claro del artículo de marras es que la capital de la República, fuera cual fuere el ámbito geográfico que una futura ley pudiera asignarle, perdía su autonomía en todos los campos, pasando a ser el Ejecutivo Nacional su ente rector; los demás poderes, incluido el tan cacareado Poder Popular, pasan a ser, expresamente, meros órganos auxiliares.
Pero por si esto fuera poco, a renglón seguido se establece: “Estas disposiciones serán aplicables a todo el Sistema Nacional de Ciudades y a sus componentes regionales”, con lo que el Ejecutivo Nacional, simple y llanamente, terminaba incautando la autonomía de todos los estados y ciudades del país, negando contundentemente los principios de federalismo y descentralización, para no hablar de la democracia, a la que también despachaba en el artículo 136 reformado.
Y es que, como ya desde mediados del siglo XIX lo había previsto Alexis de Tocqueville, “Sin poder ni independencia, las ciudades podrán albergar buenos súbditos pero nunca podrán tener ciudadanos activos”.
No se entiende entonces cómo es que los Farruco, López, Posani et allia se devanaron los sesos durante tanto tiempo en sus intentos por definir la que llamaban la “ciudad socialista”: o no habían leído al comandante inmarcesible o se avergonzaban.
