Crímenes de lesa humanidad: Prohibido olvidar, por Marta De la Vega
Venezuela se ha convertido en un antro de “macrocriminalidad” simultánea en muchos ámbitos, como reveló el informe 2022/2023 de Amnistía Internacional, al igual que el tercer informe de la misión independiente de determinación de hechos de la ONU de septiembre de 2022.
Después de la elección primaria de 2023, que escogió a María Corina Machado como candidata de las fuerzas democráticas a las elecciones presidenciales previstas por mandato constitucional para diciembre de 2024, se intensificaron los ataques contra espacios cívicos, con amedrentamiento, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones judiciales y el encarcelamiento arbitrario de directores de organizaciones no gubernamentales, líderes sociales y sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos. No se ha desmantelado la estructura represiva del Estado; el gobierno sigue coartando las libertades individuales y colectivas y ampliando su control sobre las organizaciones de la sociedad civil.
El relato documentado con testimonios desgarradores sobre las torturas a los presos políticos es espeluznante, ordenadas desde el más alto gobierno en la cadena de mando, el propio Maduro en primer lugar. A los presos políticos, sin hablar de presos comunes, no se les presta atención oportuna o se les niega asistencia médica. Ya ha habido once muertos bajo custodia del Estado, que tiene el deber de protegerlos. Familiares y abogados de los presos políticos y la directora de la ONG “Justicia y Proceso Venezuela”, Theresly Malavé, en rueda de prensa el 9 de enero de 2024, han solicitado al régimen de Maduro medidas humanitarias urgentes o la liberación de treinta y cinco de ellos, que sufren enfermedades graves. De un total de 286 presos políticos, 171 llevan detenidos más de dos años sin juicio y algunos tienen entre siete y nueve años, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal establece un tiempo máximo de privación de libertad preventiva de tres años.
El informe de violación brutal de los derechos humanos en el caso del Arco Minero ya ha ido a instancias internacionales como ONU, OEA, Corte Penal Internacional, y antes, denunciado en la Fiscalía venezolana y Defensoría del Pueblo sin que en estos tribunales hubiera pasado nada.
También terrible es la tragedia en el Arco Minero, área del sur del Orinoco ocupada por tres Estados del país, Bolívar, Guayana y Amazonas. Es lo que Adalberto Gabaldón ha llamado el “Antro Minero”, territorio ocupado por grupos criminales como las FARC o el ELN que han encontrado allí su “santuario” y dominan en municipios como Sifontes o el Palmar. Igualmente son los “Sindicatos”, un eufemismo para las bandas de “pranes” que articulan parte de una delincuencia común, despiadada y sin escrúpulos, que mata, dispara a las piernas a los que trabajan en la minería ilegal por sustraer pepitas de oro, o mutila, cortando dedos, manos o hasta degollando a quienes se atreven a hurtar parte del oro extraído en condiciones infrahumanas y bajo control de los militares.
La explotación de oro, diamantes y coltán no alcanza ni al 1% del PIB, pero está provocando un holocausto ecológico y humano de magnitud y alcance planetarios. La masacre en la comunidad Tumaracapai, perpetrada por guardias nacionales bolivarianos que comenzaron a disparar a mansalva y sin justificación alguna a los jóvenes que pedían que se retiraran de la comunidad, ha puesto en evidencia la responsabilidad oficialista, ya que se trata de un plan dirigido por el gobierno ilegítimo de Maduro y sus cómplices, que dominan las instituciones y ejercen coacción o muerte para desplazar a las comunidades indígenas a favor de la explotación minera. Las masacres de los indígenas pemón han forzado a muchos a huir hacia Brasil donde han encontrado refugio para no ser apresados o asesinados en prisión en Venezuela. Han perdido sus fuentes tradicionales de trabajo, de caza y pesca y han sido aplastadas su dignidad y su sobrevivencia al punto de ser hoy nómadas mendigantes.
El documental “Oro de Sangre”, dirigido por Thaelman y Juan Urguelles y Malena Roncayolo revela un ecocidio sin precedentes, que es también un crimen de lesa patria y de lesa humanidad. La gravísima contaminación por mercurio y cianuro afecta a las comunidades indígenas, destruye la biodiversidad, diezma o extermina los peces, cuando no los envenena, y en este sentido afecta gravemente la salud de quienes los consumen. Son ecosistemas tan frágiles, las más antiguas formaciones geológicas, que el daño que sufren estos territorios al talar la vegetación, al bombardear con explosivos los terrenos, resulta irreversible y amenaza sin atenuantes las reservas estratégicas de agua y la riqueza natural de estas zonas.
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El informe de violación brutal de los derechos humanos en el caso del Arco Minero ya ha ido a instancias internacionales como ONU, OEA, Corte Penal Internacional, y antes, denunciado en la Fiscalía venezolana y Defensoría del Pueblo sin que en estos tribunales hubiera pasado nada. Ejemplo de esta barbarie de la que no escapan ni siquiera los propios militantes del chavismo es el caso del diputado del PSUV, A. Torres, quien denunció que eran extraídas por año más de 30 toneladas de oro, pero solo era reportado el 10% de esta cantidad. Quince días después fue secuestrado junto con su esposa e hijos y luego de estar desaparecidos algún tiempo, fueron encontrados sus cadáveres, con signos de tortura, decapitados y calcinados.
El deterioro gravísimo de nuestros ingresos profesionales y nuestro patrimonio, la ruina y destrucción de la economía productiva, el envilecimiento de las mentalidades y una cultura política perversa basada en un populismo efectista y mentiroso, el colapso de todos los servicios públicos, en especial salud y educación, con muertes e inanición, son el costo trágico de crímenes contra los venezolanos que siguen en territorio nacional, además del éxodo masivo de más de siete millones de personas para intentar recuperar dignidad y decencia.
Marta de la Vega es investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
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