Corte Penal Internacional y negociaciones en México, por Marta de la Vega
Twitter: @martadelavegav
Por una coincidencia políticamente afortunada, en la misma semana del 9 al 13 de agosto de 2021, cuando inician en ciudad de México las negociaciones pautadas con la intermediación del reino de Noruega y la presencia de Estados democráticos fuertes, de Estados Unidos y de la Unión Europea, entre el régimen de facto y las fuerzas democráticas venezolanas reunidas en la plataforma unitaria, es desclasificado y difundido públicamente, el 10 de agosto, el informe preliminar de la fiscal saliente Fatou Bensouda, por su propia solicitud presentado de modo privado el 15 de junio de 2021.
Como refiere nuestro admirado colega del Foro Penal, Gonzalo Himiob, no solo la fiscal sí concluyó el examen preliminar —aunque con mucha demora— de la situación en Venezuela, al menos desde abril de 2017, sino que establece que «existen bases razonables para creer que han sido cometidos crímenes que caben dentro de la jurisdicción de la Corte». Es decir, crímenes de lesa humanidad, que nunca prescriben. Igualmente, expresa la fiscal que las conclusiones serán entregadas al nuevo fiscal, Karim Kahn, «para su consideración y para que tome las medidas pertinentes».
Este informe señala que «autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos progobierno de Maduro han cometido los siguientes crímenes de lesa humanidad: Encarcelamiento y severa privación de la libertad física en violación de las leyes y normas internacionales fundamentales del Estatuto de Roma (art. 7,1e). Tortura (7,1f, EDR). Violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (art. 7,1g EDR) y persecución de un grupo identificable por motivos políticos (art. 7,1h EDR)».
Aunque no menciona los asesinatos atroces del capitán de corbeta Acosta Arévalo ni del concejal Fernando Albán a causa de las torturas, ni los alevosos homicidios públicos y a sangre fría de los jóvenes Juan Carlos Pernalete y David Vallenilla, el informe destaca que «los posibles perpetradores de estos actos son miembros de diferentes fuerzas policiales y militares». Himiob agrega que se hace mención especial a otros «individuos progobierno» como «participantes en actos de represión contra quienes sean percibidos como opositores políticos».
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En su párrafo 7, el escrito del 15 de junio expresamente afirma que «en relación con la complementariedad, los potenciales casos analizados podrían ser admisibles con base en el artículo 17 (1 a-d del EDR)».
La razón principal que deduce de su análisis es que ha quedado demostrada la «inacción» del gobierno y de las instituciones correspondientes para la «investigación y sanción en Venezuela de los responsables de los hechos». Himiob destaca tres aspectos del informe, que ratifican dicha conclusión.
El primero: «…por el número limitado de procedimientos domésticos relevantes relacionados con los casos potenciales identificados por la Fiscalía, el altamente limitado alcance de sus hallazgos y la falta de pasos progresivos y concretos para comprobar la responsabilidad penal de los sospechosos». El segundo, porque ha sido demostrado que «las autoridades (venezolanas) no tienen voluntad genuina para investigar y/o enjuiciar tales casos». Et tercer aspecto se refiere a que «los procedimientos locales y sus decisiones han servido para evitar que personas sean declaradas penalmente responsables».
Por último, Bensouda deja en manos del nuevo fiscal Khan la decisión final de abrir formalmente una investigación ante la Corte Penal Internacional. Más allá de la lentitud de la fiscal para proceder ante las contundentes evidencias de la violación sistemática de los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos venezolanos, de la comprobación de métodos sistemáticos de terrorismo de Estado aplicados por quienes dominan hoy las instituciones y detentan ilegítimamente el poder contra una población indefensa, el peso de las pruebas es de tal magnitud que no puede evadirse más la necesidad de la justicia supranacional.
Este informe público preliminar deja clara la situación en Venezuela en contra de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, sin contar aún lo ocurrido en 2012, 2013 y 2014. Significa un momento histórico en la lucha por la democracia y la resistencia contra la camarilla criminal militar y civil que acompaña al usurpador tirano.
Como preámbulo a las negociaciones, las declaraciones públicas de Maduro evidencian su talante y su miedo, al descalificar a las fuerzas democráticas: «Vamos a dialogar con la oposición extremista de derecha gobernada desde Estados Unidos…con los esclavos de los Estados Unidos». Ibis León, de Efecto Cocuyo, sintetiza el 8 de agosto pasado las distintas visiones acerca de la complejidad de lo que está en juego al preguntar sobre cuáles son las zonas de acuerdo posible entre el gobierno (de fuerza) y la oposición. Veremos qué resulta ahora, que no sean los fracasos en anteriores intentos.
Marta De La Vega es Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
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