Corte Penal Internacional, Rafael Uzcátegui
Twitter: @fanzinero
Ha generado mucha curiosidad que varios países de la región hayan solicitado, formalmente, la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI). Para una institución con poco más de 15 años de funcionamiento ha sido toda una novedad, pues es la primera vez que Estados signatarios del Estatuto de Roma piden la investigación de otro Estado parte.
Sin embargo, la Fiscalía como ente independiente sigue teniendo la última palabra en superar la fase de examen preliminar para abrir formalmente un caso sobre nuestro país.
Las ONG de derechos humanos sabemos que la Corte Penal Internacional es una instancia de derecho internacional que tendría la capacidad de hacer justicia en abusos graves cometidos en Venezuela. Sin embargo, es un camino largo. Desde el año 2004 Colombia mantiene abierto un examen preliminar sobre denuncias del paramilitarismo, y a pesar de todas las evidencias y esfuerzos, aún se mantiene en ese nivel. Hasta ahora, la CPI no ha abierto ninguna investigación sobre hechos ocurridos en América Latina, siendo su principal foco en los primeros años los crímenes ocurridos en África.
Venezuela fue el primer Estado en la región que suscribió el Estatuto de Roma. También uno de los primeros en ratificarlo. La CPI ya desestimó la apertura de una investigación, cuando se introdujo en el año 2002 los casos de los muertos el 11 de abril. Según la decisión de la corte esos hechos eran lamentables, pero no cumplían los estándares sobre crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, algunos voceros políticos han aumentado las expectativas al usar la CPI en su estrategia mediática, bajo la consigna “Nos vemos en La Haya”. Si existe suficiente información disponible, que demuestre que hubo incidentes similares múltiples, con gravedad e impacto, y posibles por una estructura organizacional alentada por el gobierno, pudiera ser posible que Venezuela sea el primer país latinoamericano con un caso en la CPI. Las ONG estaremos aportando documentos a la Fiscalía, pero hay que tener claro que es un proceso que puede durar largos meses. O años.
