Análisis comparado, solidaridad y ciudadanía, por Rafael Uzcátegui
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Una de las mayores virtudes del análisis comparado es que permite descubrir aquello que, visto desde dentro, pasa inadvertido.
Comparar no consiste en buscar copias exactas de una realidad en otra, sino en utilizar experiencias ajenas para formular mejores preguntas sobre la propia.
En el libro «Entrada libre», Carlos Monsiváis relata cómo el terremoto que sacudió Ciudad de México en 1985 no solo derrumbó edificios. También abrió un proceso inesperado de organización ciudadana.
Apenas dos o tres días después del desastre, los vecinos afectados habían comenzado a formar comités para exigir información transparente sobre las víctimas, participar en las decisiones sobre la reconstrucción, reclamar indemnizaciones laborales y defender su derecho a regresar a sus viviendas.
El terremoto produjo destrucción, pero también dio lugar a un nuevo sujeto colectivo: los damnificados organizados.
No sólo Monsiváis, otros autores coinciden que de la traumática experiencia emergió un impulso participativo que terminó democratizando al propio país azteca.
El contraste con Venezuela resulta inevitable. Tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio también apareció una extraordinaria ola de solidaridad espontánea.
Miles de personas donaron alimentos, medicinas y ropa; crearon centros de acopio; ofrecieron transporte; cocinaron para quienes lo habían perdido todo y participaron en labores de rescate.
Durante días, la iniciativa ciudadana compensó muchas de las carencias de la respuesta oficial.
Sin embargo, hay una diferencia llamativa. Hasta ahora no hemos visto surgir organizaciones de personas afectadas con capacidad para formular demandas comunes sobre la reconstrucción, pedir investigaciones sobre malas construcciones, exigir transparencia en el uso de los recursos públicos o reclamar participación en las decisiones que afectarán sus comunidades.
La solidaridad apareció con fuerza; la organización de las víctimas, hasta ahora, brilla por su ausencia.
La explicación más sencilla sería atribuir esta diferencia al carácter de las sociedades. México tendría una cultura organizativa que Venezuela no posee. Pero esa respuesta resulta poco convincente.
La historia venezolana también está llena de asociaciones vecinales, sindicatos, gremios, organizaciones comunitarias y movimientos sociales que, durante décadas, jugaron un papel importante en la vida pública.
Quizá la pregunta deba formularse de otra manera. No qué clase de ciudadanos son los venezolanos, sino qué ha ocurrido con las condiciones que permiten que la solidaridad escale el siguiente nivel: la acción colectiva.
Durante los últimos años, y especialmente desde el fraude del 28 de julio de 2024, Venezuela ha vivido uno de los períodos de mayor represión política de su historia reciente.
Más de dos mil personas fueron detenidas, decenas murieron durante las protestas y el mensaje enviado al conjunto de la sociedad fue inequívoco: organizarse podía tener un costo muy alto.
Al mismo tiempo, el oficialismo profundizó el control sobre los territorios, debilitó las organizaciones independientes e hizo cada vez más estrechos los espacios donde podía construirse ciudadanía. Un tuit podía condenar a cualquier persona a una larga estancia en prisión.
Las consecuencias de ese proceso no se limitan a la política partidista sino al conjunto de la sociedad. La regresión y el temor generado por el terrorismo de Estado no desaparecen de un día para otro.
La censura permanece igual y más de 400 presos políticos continúan tras las rejas. Esta regresión inducida terminó afectando la manera en que una sociedad podía responder cuando debía enfrentar una catástrofe.
Ayudar a un vecino es un acto de solidaridad. Crear una iniciativa organizativa para exigir derechos supone un paso distinto.
Requiere confianza entre personas que muchas veces no se conocen, liderazgo, deliberación pública y, sobre todo, la expectativa de que actuar colectivamente puede producir algún resultado.
Cuando durante años ejercer la libertad de reunión y asociación ha significado persecución, vigilancia o criminalización, ese paso deja de ser evidente.
El rasgo más problemático de la respuesta social venezolana al terremoto sea precisamente esa separación entre dos capacidades que normalmente avanzan juntas.
La solidaridad sobrevivió. La ciudadanía organizada parece mucho más debilitada.
No deja de ser paradójico. Durante décadas los venezolanos construimos una imagen de nosotros mismos como una sociedad especialmente solidaria.
En parte, esa identidad nació al calor de la abundancia petrolera, que hizo posible materialmente una cultura de ayuda y hospitalidad.
Esa sensibilidad continúa allí, como demostraron miles de voluntarios durante la emergencia.
Lo que parece haberse erosionado no es la voluntad de ayudar, sino la capacidad de convertir esa energía en tejido asociativo de más largo plazo, con la potencialidad en la defensa de los intereses comunes.
Monsiváis escribió que el terremoto de 1985 transformó la relación entre la sociedad mexicana y el Estado. La reconstrucción dejó de ser un asunto exclusivamente gubernamental porque los ciudadanos decidieron reclamar y ocupar un lugar en ella.
Todavía es temprano para saber si algo parecido ocurrirá en Venezuela.
Sin embargo, la equivalencia nos deja un asunto abierto: Reconstruir un país no consiste únicamente en levantar viviendas, hospitales o escuelas. También exige reconstruir el capital social que permite a los ciudadanos actuar juntos, vigilar al poder y participar en las decisiones que afectan su futuro.
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Esto no se decreta, y necesita de un esfuerzo deliberado.
Quizá esa sea una de las heridas menos visibles que dejó el autoritarismo: no haber destruido nuestra solidaridad, sino haber dificultado que esa solidaridad pueda transformarse en ciudadanía.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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