Conan, el bárbaro; por Teodoro Petkoff
Mientras los conductores oficialistas de la economía nos explican que no hay mayores motivos de preocupación y que la mano del Gran Conductor está firme sobre el timón, Mitsubishi-Hyundai anuncia el cierre de su planta en Puerto La Cruz, en tanto que General Motors mantiene inoperativa la suya desde hace unas semanas y Toyota todavía se debate entre si se va o se queda. Signo de los tiempos. Episodios como estos son los que dan cuerpo a las frías estadísticas del Banco Central, las cuales dentro de la caída general de la actividad económica, registran que la industria manufacturera cerró el primer semestre con desplome de 8,5%, para completar así cuatro trimestres consecutivos, desde el tercero del año pasado, de pérdida de impulso y, ahora, de franca barrena.
El caso de las automotrices es elocuente en cuanto al modus operandi de la chavoeconomía para destruir el tejido económico del país. Chacumbele, quien siempre tiene una respuesta tonta para cada situación, resta importancia a la desaparición de automóviles del mercado. «No son prioritarios», dice. Por la cabeza no le pasa que el cierre de las plantas implica, por la medida chiquita, tres mil obreros y empleados que pierden la chamba y decenas de fabricas de autopartes, con sus respectivos trabajadores, que van quedando colgadas de la brocha, amén de concesionarios amenazadas de cierre. Mitsubishi y Toyota colocan la anarquía laboral como la causa principal de sus dificultades. General Motors se refiere a la sequía de divisas a la cual la ha condenado Cadivi.
La industria venezolana no es un cuero seco, sino húmedo: por donde lo pisa, el Gobierno se hunde. No estamos ante un Estado que asume sus deberes en cuanto al establecimiento de las reglas de juego en la economía y en cuanto a su obligación de velar por los intereses generales de la sociedad, regulando y velando por el cumplimiento de la normativa legal, sino ante un Estado ultraintervencionista, que está destruyendo la precaria base industrial del país.
La inseguridad jurídica derivada de las ocupaciones de fábricas y de las amenazas de expropiación no es el menor de los problemas, sino, tal vez, el mayor.
Mantiene en zozobra permanente a los empresarios, quienes deben moverse en un escenario preñado de incertidumbre, que impide planificar e invertir pensando en el largo plazo. A esto se añaden las regulaciones de precios indefinidas, que lesionan gravemente la necesaria rentabilidad de las empresas al obligarlas a trabajar a pérdida o a cortar costos, licenciando personal y suprimiendo inversión; la limitación del acceso a las divisas; la política cambiaria que incentiva importaciones y desestimula la producción endógena y sus perspectivas exportadoras. El resultado no puede ser otro que el registrado por el Banco Central.
La chavoeconomía no sólo no está llevando el país al socialismo sino que está liquidando la que pudiera ser una de sus bases materiales: la industria. Por este camino el socialismo del siglo XXI le está bajando la santamaría al futuro del país.
