Advierten que encaje legal y bajos ingresos limitan crédito bancario para reconstrucción
La economista Sandy Gómez enfatizó en la necesidad de aplicar un paquete coordinado de medidas entre las distintas instancias del Estado que apunte a recuperar el poder adquisitivo, elevar la productividad y consolidar un sistema bancario robusto
Verónica Moreno | Radio Fe y Alegría
Luego de los anuncios de Delcy Rodríguez sobre la asignación de financiamientos para la reconstrucción de las zonas impactadas por el doblete sísmico en Venezuela, la obtención de créditos se posiciona como uno de los principales retos tanto para el Estado como para los ciudadanos.
La economista Sandy Gómez explicó que una de las principales trabas para la fluidez del financiamiento está en el elevado porcentaje del encaje legal, mecanismo de contención de riesgo mediante el cual la banca comercial debe depositar una reserva obligatoria en el Banco Central.
Enfatizó que la exigencia actual responde a distorsiones previas de la economía venezolana. “Nuestro encaje legal es el resultado de un conjunto de desequilibrios macroeconómicos que han persistido por mucho tiempo, como el caso de la inestabilidad del tipo de cambio y la inflación que fue y sigue siendo hiperinflación”, afirmó en entrevista para el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.
Comentó que en su momento la medida funcionó como un instrumento de contención contra la depreciación monetaria y el alza de precios.
Aunque hoy limita la capacidad de maniobra de la autoridad monetaria, reducir la tasa en las circunstancias actuales implicaría riesgos de política monetaria al no poder controlar que los créditos concedidos se destinen exclusivamente a la reconstrucción.
A la restricción de la oferta de crédito se suma la distorsión en la capacidad de pago de los solicitantes. Gómez opinó que para que la intermediación bancaria funcione en la práctica, es necesario corregir el esquema de remuneración del trabajo, incluyendo sueldos, salarios, prestaciones y bonificaciones.
Bajo los parámetros actuales, los análisis crediticios de las instituciones financieras concluyen que los ciudadanos carecen de capacidad de pago, lo que necesariamente no refleja la realidad objetiva, pero exige adecuar las normativas para permitir una coincidencia formal entre la evaluación del riesgo bancario y la capacidad real de cumplimiento de los clientes.
Gómez remarcó que la solución no se limita a un ajuste puntual, sino a un conjunto de reformas. “Por el lado de la oferta hay algunas regulaciones bancarias que hay que revisar y otras que cambiar, temas relacionados al capital de los bancos que están desactualizados… Tiene que haber una serie de cambios en el aspecto de la política cambiaria y cambios en la parte de las remuneraciones de las personas para que todo pueda funcionar”, detalló.
Señaló que los grandes proveedores de bienes han acudido a fondos privados que asumen los riesgos de financiamiento; sin embargo, esta alternativa conlleva costos financieros superiores a los que la mayoría de la población no pueden acceder. Asimismo, el valor total de los bienes e infraestructura a reconstruir incide de forma directa en las posibilidades que tienen los oferentes para proveer soluciones financieras viables.
La economista enfatizó en la necesidad de aplicar un paquete coordinado de medidas entre las distintas instancias del Estado que apunte a recuperar el poder adquisitivo, elevar la productividad y consolidar un sistema bancario robusto para lograr la sostenibilidad económica a largo plazo y evitar la repetición de estas crisis.
“Esa sería como la gran solución que es fácil de decir, pero no de implementar… Si vamos a alcanzar algún grado de estabilidad y queremos mantenerlo vamos a tener que comprometernos con la disciplina fiscal”, finalizó.
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