Con evidencias demoledoras ¿qué viene ahora?, por Marta de la Vega
Un día antes de lo anunciado, el 4 de julio de 2019, comenzó a circular en las redes sociales el Informe realizado por la Alta Comisionada para los DDHH, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, por solicitud del Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU, según resolución 39/1, acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Fue la primera visita, del 19 al 21 de junio pasado, de una alta funcionaria de la ONU desde los gobiernos del difunto Chávez, que nunca autorizó el ingreso de estas misiones. Se trataba de verificar in situ los horrores que habían sido ya denunciados y documentados ante el organismo internacional.
Vimos a Jorge Arreaza, canciller de Maduro, al propio usurpador en flamante atuendo presidencial y a su esposa, al por más de 6 años insólito ministro de la defensa, el militar Vladimir Padrino y a otros acólitos de la tiranía, en el Palacio de Miraflores y en la Casa Amarilla, recibir sonrientes, obsequiosos y besucones a la doctora Bachelet. Su informe, presentado el día de la celebración de independencia de Venezuela, 5 de julio, durante el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, abarca el lapso entre enero de 2018 y mayo de 2019. Afirma que, en el último decenio, en especial desde 2016, “el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.
Igualmente, al menos desde hace una década, mediante “un conjunto de leyes, políticas y prácticas, el chavismo ha acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”. Al desmontar el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo, se ha producido “un incremento de la represión selectiva de la oposición política y una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”. Esto ha permitido la reiteración y agudización de “graves violaciones de derechos humanos”.
Este tipo de delitos no es hoy de la competencia exclusiva de la jurisdicción nacional de los Estados, sino que tiene carácter supranacional, por la obligación universal de proteger a las poblaciones víctimas del desconocimiento sistemático de sus derechos fundamentales por parte de un Estado, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas en sus artículos 1, numeral 3; 55 y 56, y con instrumentos regionales o tratados internacionales sobre derechos humanos.
El mismo día que deja Caracas la Dra. Bachelet, tal vez para desafiar una realidad desoladora que reiteradamente niega el gobierno ilegítimo de Maduro, en la tarde, fue detenido el Capitán de Corbeta, ascendido post-mortem por el legítimo presidente encargado J. Guaidó a Capitán de Fragata, Rafael Acosta Arévalo, por gente del SEBIN y la DGCIM, sin orden judicial ninguna, con cargos de terrorismo y magnicidio.
Su desaparición forzada se prolongó hasta el 28 de junio, cuando reaparece, llevado en silla de ruedas ante un tribunal de control, agonizante, martirizado por las torturas –latigazos, aplastamiento, electrocución, entre otras- impuestas con saña, bajeza, alevosía y crueldad extremas. Su única palabra casi inaudible al abogado era “¡auxilio!”, al punto de que la juez ordena su traslado inmediato al hospital más cercano, en Fuerte Tiuna, donde muere horas después. El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Enrique López-Loyo, patólogo, señaló a Idania Chirinos en entrevista en NTN24 el 7 de julio pasado que “no hubo área anatómica que no fuera tocada por la tortura al Capitán Acosta Arévalo”.
En Táriba, una manifestación de protesta por falta de gas doméstico desemboca en una brutal y despiadada represión que deja a un menor de 16 años, a punto de graduarse de bachiller, desfigurado y ciego de sus 2 ojos por más de 50 perdigonazos lanzados sobre su rostro de manera deliberada, vil y con alevosía, por un sádico psicópata de la Guardia Nacional.
Si no es posible diálogo ¿qué viene ahora? ¿Negociaciones en Barbados para salir de la dictadura? ¿Coalición militar para intervención por catástrofe humanitaria compleja? Los tiranos no desalojan el poder de buena gana.
