¿Comienza la tercera etapa del Plan Rubio?, por Gonzalo González
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A principios de agosto se instalará la Comisión Negociadora integrada por delegaciones de la Asamblea Nacional electa en el 2015 –última instancia legislativa nacional con legitimidad y legalidad de origen– y de la Asamblea Nacional electa en el 2025 –carente de legitimidad y legalidad de origen por las circunstancias y condiciones por las que fue electa, pero que sin embargo, es reivindicada por el chavismo y aceptada por EEUU aunque formalmente no reconocida como legitima y legal– para discutir y eventualmente aprobar un proceso de reinstitucionalización de la gobernanza del Estado.
Proceso que comenzaría con la designación de un nuevo directorio del CNE y una renovación de la integración del TSJ.
Esta instancia, su misión, objetivo e integración ha sido decidida e impuesta por el gobierno de los Estados Unidos tanto al interinato como al liderazgo democrático en el ejercicio de su condición de nuevo hegemón político y tutor del país.
Esa decisión de los Estados Unidos es inapelable tanto para el chavismo como para el liderazgo democrático porque ambos carecen de la fuerza para impedir su funcionamiento, aunque sí para tratar de influir en su integración definitiva, desarrollo y resoluciones; tiene lados positivos y otros cuestionables.
Tiene la posibilidad de terminar siendo positiva para el país y para la inmensa mayoría social partidaria del cambio político si despeja con hechos y resoluciones las dudas e incertidumbres sobre el compromiso real de los EEUU con la tercera etapa del Plan Rubio; las declaraciones de distintos portavoces del Departamento de Estado parecieran indicar que ese es el objetivo perseguido.
De paso, y a título de inventario, ha abortado la maniobra del chavismo de utilizar el argumento de la atención a los daños materiales y humanos de los terremotos como excusa –más bien como coartada, diríamos– para dejar en el limbo la concreción de la etapa de marras.
Sin embargo, alrededor de la misma hay justificada inconformidad, incertidumbre y descontento porque fue una decisión unilateral e inconsulta con el genuino y representativo liderazgo democrático no solo sobre la decisión del escenario sino también sobre los integrantes de la comisión negociadora y por la opacidad sobre las resoluciones y términos concretos a los que se aspira llegar.
La incertidumbre también proviene del historial y resultados de los anteriores procesos de negociación: esos procesos no desembocaron en soluciones reales a la crisis política porque el chavismo o los ha utilizado para ganar tiempo o incumplido flagrantemente los acuerdos cómo ocurrió con el último de Barbados que obligaba a las partes a reconocer el genuino resultado electoral de las presidenciales del 2024 –por cierto, de esa inconsecuencia proviene el escalamiento de la crisis multifactorial que nos aqueja y las condiciones que propiciaron el 3 de enero y el tutelaje gringo–.
Por último, no se sabe si los designados para la comisión en representación de la AN-2015 están afectados por el Síndrome de Estocolmo –cómo sí parecen estarlo Rosales y Capriles, y esto lo digo con pesar–.
En todo caso, hay que asumir que el proceso de negociación que parece materializar la tercera etapa del Plan Rubio va y puede ser positivo para los intereses del país porque: propicia una negociación entre las partes, puede garantizar el cumplimiento y sostenibilidad de lo acordado debido al interés del tutor de que no fracase –no es lo mismo que el garante sea EEUU y sobre todo después del 3 de enero–, y lo más importante, es que parecen dirigidas a la elaboración de un calendario de renovación de los poderes públicos nacionales ajustados a la constitucionalidad.
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Ese repentino aceleramiento de la tercera etapa puede atribuirse a que a medida que avanza el tiempo reproducir el status actual ya no genera réditos políticos para la administración Trump de cara a los comicios parlamentarios del 3 de enero.
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Estando a días para que se instale la Comisión Negociadora es conveniente hacer todas las gestiones del caso para despejar las dudas e incertidumbres presentes y hacer más representativa y confiable la integración de ese escenario de negociación.
Desde adentro o desde afuera hay que solicitar algunas decisiones que le generarían credibilidad a su desempeño como por ejemplo, fortalecer y ampliar la incipiente apertura política existente con: la liberación sin condiciones de todos presos políticos –civiles y militares–, la restitución plena de sus derechos a quienes padecen medidas cautelares o cualesquiera restricciones a sus derechos, la vuelta de los exiliados políticos, la restitución de la personería jurídica a los partidos secuestrados, la derogación de todo el entramado jurídico que ampara el terrorismo de Estado, la restauración de la libertad de opinión y prensa.
Amanecerá y veremos.
Gonzalo González es politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
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