Comentarios sobre la reunión en Panamá, por Gonzalo González
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La reunión que congregó a María Corina y a la dirigencia de la Plataforma Unitaria fue un hecho positivo. Es un hito importante en la lucha hacia la liberación de Venezuela.
Comparable –respetando las diferencias del caso– con la cita, en Nueva York en 1957, que reunió a Betancourt, Caldera y Villalba para mostrarle al país que los principales líderes democráticos deponían sus diferencias y desencuentros en aras del interés nacional.
En Panamá se reunieron los partidos democráticos que comparten la política de resistencia a la dictadura chavista –sea ella en su versión madurista o rodriguista– y la estrategia dirigida a su salida del poder mediante la convocatoria de un proceso electoral en el cual la soberanía popular pueda expresarse libremente, sin exclusiones ni ventajismo y que ese resultado tenga las garantías de ser reconocido y acatado; de que la posibilidad de un fraude como el del 28 de julio del 2024 este conjurado de entrada.
Es importante acotar y resaltar que tanto esa política como la estrategia mencionada cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana. Así cómo el liderazgo de María Corina.
La cita generó un documento público que se conoce como El Manifiesto de Panamá. El manifiesto es virtuoso por claro y contundente en relación al objetivo perseguido.
Es realista y pragmático en el sentido de que valora con claridad y justeza la decisiva contribución de los aliados internacionales de la causa democrática –en particular de los Estados Unidos por las razones y circunstancias conocidas derivadas del 3 de enero– y porque aboga por la necesidad de negociar con el interinato el proceso de transición.
Es inclusivo porque convoca a un acuerdo nacional que trasciende a los partidos al darle participación destacada en todo el proceso a la sociedad civil organizada en toda su diversidad, a todo aquel sector social que tenga algo que hacer y contribuir al respecto.
Lo prioritario en estos momentos es dotar al Estado de poderes nacionales con legitimidad y legalidad de origen, porque es en esas instancias en las cuales se pueden adoptar las políticas públicas necesarias para emprender la reconstrucción del país y enrumbarlo por la senda de la libertad, el progreso, la justicia, la seguridad y la inclusión. Por lo tanto, es pertinente dejar para más tarde la renovación de los poderes regionales y municipales.
En ese sentido me preocupa que solo se hable y se decida concentrarse en la elección del Poder Ejecutivo Nacional.
La eventual nueva gobernanza democrática necesita no solo de un Gobierno surgido de la soberanía popular sino también de una Asamblea Nacional que cumpla con los requisitos de legalidad y legitimidad. La que sesiona actualmente en el Palacio Federal es tan ilegal e ilegítima como los gobiernos de Maduro y Delcy- ; y además su integración no solo no es representativa del sentir nacional sino que es refractaria a los propósitos y necesidades de cambio que demanda la sociedad.
El eventual nuevo Gobierno necesita un parlamento que legisle para: dotarlo de un presupuesto, que derogue toda la legislación inconstitucional aprobada durante la dictadura o que impidan el aprovechamiento cabal de las ventajas comparativas del país, y apruebe los instrumentos legales necesarios para estimular y normar los nuevos desarrollos necesarios para superar el actual statu quo.
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Y último pero no menos importante para que designe con estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales al Poder Judicial y a los otros poderes nacionales. Procesos con los cuales se establecerá a plenitud el Estado de Derecho en la República.
En consecuencia con lo arriba argumentado, al igual que otros compatriotas, proponemos que se elijan en el mismo acto de votación los poderes ejecutivo y legislativo nacional.
No escapa a mi entendimiento que esa simultaneidad supone problemas políticos y de otra índole nada desdeñables. Pero esos problemas siempre serán menores a los de gobernabilidad que seguro aparecerán si coexisten un nuevo Gobierno surgido de la soberanía popular con la actual Asamblea Nacional.
Gonzalo González es politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
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