Colapso del estado y reconstrucción, por Marta de la Vega
En Venezuela, el deterioro de la situación social por el abandono de las funciones del Estado y la obligación que tiene el gobierno en ejercicio para llevarlas a cabo, ha alcanzado magnitudes nunca antes vistas. Bajo el régimen chavista, agudizado con Maduro, hoy tirano y usurpador, el colapso en los servicios de agua, electricidad, gas y saneamiento, infraestructura, educación, alimentación y salud, ha llegado a convertirse en causa de muerte de la población, en deserción del 50% de los escolarizados en 2018 con respecto a 2015, en incremento de la malnutrición a más de 1,3 millones de personas en 2017, sin contar la desnutrición aguda que ha causado un excedente de muertes infantiles de más de 5.000 en 2016 a más de 20.000 calculadas para 2019.
La pobreza aumentó de un 48,4% en 2014 a 92 % según los datos de ENCOVI 2018. Se despilfarró la mayor bonanza petrolera (2004-2012) de la república, pues el PIB se ha contraído en 50% y en vez de superar estructuralmente la pobreza se infló artificialmente el consumo a través de bienes importados. De 60 países evaluados, Venezuela ha ocupado el primer puesto en Índice Mundial de Miseria durante 3 años consecutivos, de 2016 a 2018, según el Instituto Cato y el Prof. S. Hanke de la Universidad de John Hopkins,de Estados Unidos. Y ha sido el segundo peor país del mundo en Índice de Libertad Económica, con el puesto 179 de 180 evaluados, según Heritage Foundation, 2017.
Un ejemplo trágico por la falta de respuesta del Estado es el de la reciente muerte por quemaduras, en el hospital de Lídice en Caracas, después de 8 días de agonía, de la diputada transgénero del PSUV en el Concejo Legislativo del Estado Aragua, de 33 años, R. A. Ortega Campos. Como ella, en el interior del país, mucha gente se ha visto obligada, por falta de gas y de electricidad, a cocinar con leña. El 19 de febrero de 2019, -relata el reportero J. R. Ramírez-, hacia las 2:30 p.m., en su casa en el sector “pie de cerro”, vía la Colonia Tovar, La Victoria, la diputada, al tratar de encender la leña con una garrafa de gasolina, provocó una explosión con el derrame del combustible que salpicó casi todo su cuerpo. Las llamas la arroparon y, a pesar de haber sido auxiliada y trasladada a la capital venezolana, murió el 27 de febrero.
El llamado socialismo del siglo XXI ha sido la farsa más siniestra que se haya producido en la historia de Venezuela. Con la excusa de la exclusión y la justicia social necesaria para remediar la primera, se han desmantelado las instituciones, se ha destruido el Estado de Derecho, se ha desplomado la producción petrolera por ineficiencia y corrupción en PDVSA y se ha instaurado un régimen totalitario liderado por militares del alto mando, con la asesoría de militares y civiles cubanos que constituyen un verdadero ejército de ocupación en el país con el liderazgo de los sanguinarios hermanos Castro.
El control social mediante dádivas, prebendas y corrupción generalizadas ha permeado toda la estructura castrense con la complicidad y encubrimiento de civiles “enchufados”, que han obtenido pingües ganancias por los negociados con el gobierno. Este mantiene el monopolio de la renta petrolera e ingresos enormes por la entrega a potencias extranjeras como Rusia y China, o países como Turquía e incluso Canadá, de la explotación de recursos naturales muy valiososen el llamado “Arco minero”. No hay libertades sociales, políticas y económicas para los ciudadanos, ni separación de poderes, sino una minoría corrupta que toma todas las decisiones políticas y económicas.
Sin cambio político mediante el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y transparentes para escoger a un nuevo Presidente, siguiendo estándares internacionales, no es posible superar las calamidades producidas por un Estado fallido que una banda mafiosa de narcotraficantes y delincuentes domina. Solo entonces puede desarrollarse un Plan País, con 3 fases: emergencia, estabilización y reforma,elaborado gracias a muchísimos profesionales de gran calidad, el consenso de partidos políticos democráticos y la sociedad civil organizada, para superar la actual catástrofe humanitaria.
