Cierre de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas: ¿qué implicaciones tiene?
La decisión de cerrar la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas es coherente y representa una continuidad en la posición de esta instancia respecto al caso venezolano, señala un abogado. Acceso a la Justicia afirma que esto no implica que la investigación por crímenes de lesa humanidad se detenga
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes 1 de diciembre, al inicio de la Asamblea anual de Estados Parte, la decisión de cerrar su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con las autoridades venezolanas en materia de complementariedad.
«Tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas», declaró el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang.
El enfoque de complementariedad que señaló Niang se basa en la cooperación entre la CPI y los sistemas de justicia de cada país para que se investiguen y enjuicien los crímenes denunciados ante la Corte. Esto implica además que las leyes locales se adecuen al derecho penal internacional para juzgar los delitos que establece el Estatuto de Roma.
Bajo ese escenario, en noviembre de 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional –al mando de Karim Khan– elaboró e implementó un memorando de cooperación con la administración de Nicolás Maduro sin detener el avance del examen preliminar Venezuela I, que pasó a ser una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
En medio de apelaciones, la situación sobre Venezuela siguió avanzando. En 2024 se inauguró una oficina de la Fiscalía sin facultades de investigación, a diferencia de la creada en Ucrania.
Tenía como finalidad «fortalecer las capacidades del sistema de justicia venezolano para que este fuera capaz de procesar y de castigar los crímenes previstos en el Estatuto de Roma», recuerda Acceso a la Justicia.
«Con esta noticia, existe una constatación por parte de la Fiscalía de la CPI de que no había una colaboración por parte de las autoridades venezolanas en materia de complementariedad», afirma la organización.
En esto coincide la ONG Justicia, Encuentro y Perdón: «Tras años de compromisos incumplidos por parte de las autoridades venezolanas, queda claro que no están dispuestas a garantizar independencia ni rendición de cuentas».
«El Estado venezolano no solo enfrenta severas deficiencias institucionales, sino que muchas de sus máximas autoridades están señaladas como partícipes o responsables directos en los hechos investigados. Pretender que estas mismas instituciones impulsaran reformas genuinas para garantizar verdad, justicia y reparación resultaba, desde un inicio, incompatible con la realidad del país», reafirma JEP.
¿Decisión individual? Un abogado, que prefirió resguardar su identidad para esta nota, señala que esta decisión es coherente y representa una continuidad en la posición dentro de la Fiscalía de la Corte Penal respecto al caso venezolano.
«Este camino de dos vías que se había abierto, por un lado la complementariedad y del otro la investigación, ahora queda únicamente abierto para la investigación. ¿En qué se traduce esto? Que la Fiscalía ahora debería presentar un caso, esperemos que pronto, con presuntas víctimas y presuntos responsables, ante la Sala» que lleva el caso venezolano, asevera el abogado.
Hace un año, el fiscal Khan dijo que «el camino de la complementariedad» se estaba «quedando sin camino». En su informe anual de 2024 lamentó la falta de implementación de reformas legales e institucionales, la protección de derechos de los ciudadanos y la liberación de presos políticos que debía implementar la administración de Nicolás Maduro.
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Khan, que fue separado en agosto de la causa de Venezuela por conflicto de intereses, reiteró entonces que sus investigaciones independientes «siempre han sido en paralelo. Son activas y estamos colaborando, trabajando en estrecha colaboración con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades».
Ahora, indica el abogado, esta decisión permitiría que la Fiscalía redireccione todos sus esfuerzos para la investigación.
¿Investigación sigue? Acceso a la Justicia señala que esta decisión de cerrar la oficina de la Fiscalía de la CPI no implica que la investigación se detenga. La propia Corte ha reiterado en esta última semana que la situación continúa.
«Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley», dijo el fiscal adjunto Niang. En el informe anual de 2025, se reconoce que han «avanzado activamente a lo largo de 2025, impulsando múltiples líneas de investigación».
La semana pasada, a través de un video difundido en redes sociales, la CPI también señaló que el desarrollo de la investigación no se ha visto afectada por la decisión del fiscal Karim Khan de excusarse del caso y siguen recabando pruebas disponibles sobre los crímenes denunciados por las víctimas, sus representantes y organizaciones de derechos humanos.
Acceso a la Justicia también aclara «que la posibilidad de que Venezuela se retire del Estatuto de Roma no afectaría en absoluto la investigación en curso».
Justicia, Encuentro y Perdón afirma que, además de mantenerse la vigilancia internacional sobre el caso Venezuela I, la CPI refuerza su papel al avanzar en justicia para las víctimas, al no haber una respuesta adecuada del Estado venezolano. «Hoy, más que nunca, es imprescindible redoblar los esfuerzos para que los mecanismos internacionales de justicia permanezcan activos y firmes, garantizando que la verdad prevalezca y que los responsables de los crímenes más graves enfrenten las consecuencias que el derecho internacional exige».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
