CIDH y Relatoría piden al parlamento que se abstenga de aprobar ley contra las ONG
El pronunciamiento de la CIDH y su Relatoría sobre Libertad de Expresión se suma a las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la posible aprobación de esta ley. Desde el oficialismo alegan que es necesaria, pues servirá para fiscalizar a ONG «que son fachadas para el financiamiento de acciones terroristas»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión solicitaron este martes 13 a la Asamblea Nacional venezolana que se abstenga de aprobar la llamada «ley contra las ONG», debido a las restricciones que representa.
En una publicación en redes sociales, la CIDH y su Relatoría señalaron la inminente aprobación del proyecto de «ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines». La segunda discusión de esta nueva normativa, que entró al parlamento venezolano hace más de un año, se hace «en un contexto de creciente represión tras las elecciones» del 28 de julio.
La Comisión señaló que este proyecto «restringiría arbitrariamente el derecho a la asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico». También recordó que la labor de los defensores y activistas de derechos humanos «es clave para reconstruir una sociedad democrática».
El pronunciamiento de la CIDH y su Relatoría sobre Libertad de Expresión se suma a las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la posible aprobación de esta ley, tras las declaraciones del presidente de la AN 2020, Jorge Rodríguez.
El Alto Comisionado Volker Türk también exhortó al parlamento a no adoptar este tipo de leyes en el país porque «socavan el espacio cívico y democrático».
El contenido del proyecto de «ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines» no se ha hecho público por parte de la AN 2020. Diversas organizaciones también denunciaron que durante la discusión pública de esta normativa no se permitió a voces disidentes.
Desde el oficialismo alegan que es necesaria, pues servirá para fiscalizar a ONG «que son fachadas para el financiamiento de acciones terroristas».
