CIDH pide a autoridades liberar a presos políticos y garantizar contacto con familiares
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y represalias contra familiares de opositores en el país. Exige liberación inmediata e incondicional de las personas privadas de libertad por razones políticas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado venezolano a poner fin a la incomunicación de presos políticos y a liberarlas de forma inmediata e incondicional. En un pronunciamiento en su portal web, publicado este viernes 11 de abril, el organismo condenó las graves violaciones de derechos humanos en el país, que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y prolongados períodos de aislamiento, especialmente tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
Según la CIDH, al menos 903 personas continúan detenidas por motivos políticos en el país. De ellas, 64 familias no han recibido confirmación oficial sobre el lugar de reclusión de sus seres queridos. En muchos casos, los parientes solo han sabido que están vivos gracias a otros presos o llamadas de funcionarios penitenciarios solicitando medicinas o ropa.
«La incomunicación coactiva está prohibida por los estándares internacionales e interamericanos», recordó la Comisión, que también ha recibido testimonios sobre maltratos, requisas invasivas y humillaciones contra familiares —especialmente mujeres— que intentan visitar a los detenidos.
De la misma manera denuncia que en ocasiones, el personal penitenciario se niega deliberadamente a permitir visitas o brindar información sobre el estado de salud de los presos, como ocurre en los casos de Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia, todos beneficiarios de medidas cautelares emitidas por la CIDH.
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La CIDH señaló que el régimen de Nicolás Maduro no solo reprime a opositores por ejercer sus derechos a la expresión, reunión y asociación, sino que también castiga a sus familias como forma de intimidación y represalia.
El organismo alertó sobre un agravamiento de la crisis política y de derechos humanos tras las elecciones presidenciales del año pasado. En su informe «Venezuela: graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral», publicado en enero, documentó una estrategia de represión dirigida a impedir la participación política opositora y sembrar el miedo entre la ciudadanía.
En ese contexto, se registraron detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, como la de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Además, recordó que el propio Nicolás Maduro informó que, tras los comicios, 2.229 personas fueron arrestadas, incluyendo 177 niñas y niños que luego fueron excarcelados.
La Comisión también denunció la falta de garantías judiciales en los procesos contra personas opositoras, con acusaciones vagas, defensores públicos impuestos, acceso restringido a expedientes y audiencias en tribunales antiterroristas. Esto, advierte el organismo, evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y el uso del Ministerio Público como herramienta política.
La CIDH reiteró que el Estado venezolano debe liberar a todas las personas detenidas por razones políticas y garantizar su integridad, acceso a la salud, contacto con sus familiares y defensa técnica de confianza. También instó a tomar medidas urgentes para restablecer la independencia de los poderes públicos, condición indispensable para un sistema de justicia imparcial y respetuoso de los derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
