CIDH otorga medida cautelar a favor de Teodoro Petkoff
La medida de la instancia internacional también beneficia al presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, al director de La Patilla, Alberto Federico Ravell y a su hija Isabel Cristina Ravell
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) otorgó medidas cautelares a favor del director fundador del diario TalCual, Teodoro Petkoff, por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y que sus derechos estarían amenazados y en riesgo.
La medida de la instancia internacional también beneficia al presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, al director de La Patilla, Alberto Federico Ravell y a su hija Isabel Cristina Ravell.
La CIDH ordena al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de los dueños de estos medios de comunicación “sin ser objeto de estigmatización y hostigamiento en el desempeño de sus actividades periodísticas”. Además, solicita que se adopte las acciones necesarias para evitar que se repitan los hechos que originaron la medida cautelar que hoy se les otorga. Es decir, que cesen los procesos penales se siguen en su contra por el ejercicio de su labor periodística y las constantes descalificaciones en su contra.
De conformidad con el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas beneficiarias.
Argumentos que consideró la CIDH
El pasado 21 de abril de 2015, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó una demanda contra los directivos y miembros del consejo editorial de El Nacional, TalCual y La Patilla, en un tribunal penal del Área Metropolitana de Caracas, luego de que estos tres medios hubiesen difundido “de manera fiel y neutra un trabajo del diario ABC de España, en el que se le vinculaba con supuestas actividades de narcotráfico». Con esta acción se les pretende imputar la comisión del delito de difamación agravada continuada.
La solicitud fue admitida y remitida el mismo día, 25 de abril de 2015, al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en funciones del Circuito Judicial Penal, en un procedimiento “atípico y particularmente rápido para el sistema de justicia venezolana”. Por si fuera poco, a los pocos días, el Juzgado dictó medidas de prohibición de salida del país y presentación ante tribunales de los “imputados” cada 8 días.
