Carta pública a la mesa que negocia la transición venezolana, por Xavier Padilla
A los integrantes de la mesa técnica y política paritaria:
Hay algo que conviene dejar establecido antes de que las palabras «reconciliación», «convivencia» y «garantías para los derrotados» terminen significando impunidad. Jorge Rodríguez pide garantías para quienes pierdan las futuras elecciones. Tiene derecho a pedirlas. Todo venezolano, incluido Jorge Rodríguez, tiene derecho a la integridad física, a la defensa, a la presunción de inocencia, a un juez independiente y a no ser perseguido por sus ideas políticas. Exactamente los derechos que durante años fueron negados a centenares de adversarios del chavismo. Y a millones de venezolanos.
Pero Jorge Rodríguez no está negociando la salida de un partido que perdió unas elecciones normales después de gobernar cuatro años. Esta mesa está negociando la salida de un sistema que lleva veintisiete años ocupando el Estado y cuyo período de poder está bajo investigación de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El PSUV tampoco puede recibir por anticipado un certificado de normalidad democrática. Habrá que investigar qué dirigentes, órganos, recursos y estructuras pudieron utilizarse para sostener persecución, corrupción, represión u otras actividades delictivas. Eso no lo decidirán Jorge Rodríguez, Dinorah Figuera, Washington ni un acuerdo político. Tendrá que decidirlo una justicia independiente a partir de pruebas y responsabilidades individualizadas.
Una democracia está obligada a respetar los derechos de las personas. No puede preservar intactas las estructuras utilizadas contra ella. Por eso resulta inquietante escuchar ahora hablar de «garantías para los derrotados».
Garantías individuales, todas. Debido proceso, escrupulosamente. Garantías de impunidad, ninguna.
La impunidad probablemente no llegará mediante una espectacular ley de amnistía. Puede ser mucho más sencilla. Simplemente no se investigará. Desaparecerán expedientes. Se perderán archivos del Sebin y la Dgcim. Se romperán cadenas de custodia. Los fiscales aplazarán actuaciones. Los jueces encontrarán obstáculos. Los patrimonios cambiarán de manos. Dentro de diez años alguien nos pedirá que dejemos de «abrir heridas».
Esa sería la operación perfecta para el chavismo: entregar el poder político después de haber asegurado la supervivencia económica, judicial e institucional de quienes lo ejercieron.
La mesa tiene, por tanto, una obligación anterior incluso a las elecciones: impedir que durante la transición desaparezcan las pruebas que la justicia necesitará después. Hay que preservar desde ahora archivos judiciales, policiales, penitenciarios, militares y de inteligencia; asegurar bases de datos; proteger víctimas y testigos; impedir la destrucción de expedientes; rastrear patrimonios; reconstruir cadenas de mando y garantizar que la futura Fiscalía pueda investigar sin pedir permiso al poder político.
La propia Constitución de 1999, a la que esta mesa recurre para reconstruir las instituciones, define la frontera. Su artículo 29 obliga al Estado a investigar y sancionar delitos contra los derechos humanos, declara imprescriptibles las violaciones graves y los crímenes de lesa humanidad y excluye expresamente beneficios capaces de producir impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Jorge Rodríguez puede negociar su futuro político. No puede negociar el artículo 29.
Delcy Rodríguez puede cooperar con Estados Unidos, pero esa cooperación no puede comprar una absolución. Diosdado Cabello puede recibir todas las garantías del debido proceso, pero ninguna debe impedir que un fiscal independiente investigue aquello que legalmente corresponda.
Lo mismo vale para cualquier funcionario, juez, fiscal, policía, militar o dirigente opositor. La justicia que venga tendrá que demostrar precisamente que es distinta de la anterior: deberá investigar personas y hechos, no filiaciones políticas.
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Tampoco debería aceptarse que la entrega pacífica del poder se convierta en moneda de cambio. Entregar el poder después de perder unas elecciones libres no es un servicio extraordinario prestado a la República, sino la obligación elemental de cualquier gobernante.
La transición podrá exigir concesiones políticas, pero ninguna debe anticipar decisiones que corresponden a los tribunales. Habrá personas sobre quienes pesen sospechas enormes que deberán permanecer libres si una justicia independiente no consigue probarles delito alguno. Eso es Estado de derecho. Lo que no puede comprarse entregando Miraflores es inmunidad por hechos anteriores.
Otra cosa muy distinta sería convertir automáticamente al aparato chavista en una respetable «minoría democrática» antes de averiguar qué ocurrió durante veintisiete años y quién hizo qué.
La experiencia histórica enseña que una democracia que sucede a un sistema profundamente criminalizado no tiene la obligación de fingir que únicamente ocurrió una alternancia electoral. Alemania no trató al aparato nazi como una oposición ordinaria que acababa de perder el gobierno. Las proporciones históricas son distintas, pero el principio permanece: la democracia no está obligada a conservar las estructuras empleadas para destruirla.
Esta mesa debe cuidarse especialmente de una palabra: reconciliación. La reconciliación puede llegar después de la verdad; nunca debe utilizarse para impedirla. Jorge Rodríguez pide garantías para los derrotados. Que las tenga, dentro del Estado de derecho y en la misma medida que cualquier otro ciudadano. Pero que nadie confunda garantías con olvido ni cooperación con absolución.
Después de veintisiete años de presos políticos, torturas, persecución, exilio, corrupción y destrucción institucional, entregar Miraflores no puede convertirse en el último negocio del chavismo: cambiar poder por impunidad. Esa debería ser una línea roja de esta mesa y de la República que pretende reconstruir. La entrega del poder puede cerrar una dictadura. No puede cerrar sus expedientes.
Xavier Padilla es músico y escritor venezolano, con más de tres décadas de trayectoria internacional. Es autor del libro El ídolo que devoró a su pueblo
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